Un ex profesor titular de la Universidad de Arizona declaró el 31 de Agosto ante el Senado del Profesorado que la universidad solicitó dos evaluaciones para un internamiento involuntario en los días posteriores a su separación del cargo.

El Dr. Jose Soto, ex profesor asociado de la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente, relató que la Unidad Móvil de Crisis del Condado de Pima acudió a su domicilio en dos ocasiones el año pasado para determinar si debía ser internado involuntariamente, bajo las disposiciones del Título 36, para una evaluación de salud mental.

Soto se dirigió al Senado durante la sesión pública de la reunión del 31 de agosto y solicitó una investigación formal sobre los incidentes.

"Les dije que no tengo nada que ocultar," declaró Soto a El Foco de Tucson en referencia a la visita del 25 de marzo de 2025.

Comentó que, al día siguiente, cuando respondió a la puerta por segunda vez, ya había terminado la jornada laboral habitual.

"Iré con ustedes ahora mismo y descalzo. Vamos," dijo haberles manifestado a los miembros del equipo de crisis, quienes se apartaron, hicieron una llamada telefónica y regresaron. "Volvieron y me dijeron, 'No hace falta que lo llevemos. Usted está bien.’”

Ninguna de las dos evaluaciones halló motivos para tomar medidas, según Soto y la documentación de Community Bridges Inc.

Soto señaló que las visitas tuvieron lugar el día después de que la universidad lo apartara de su puesto titular, una acción que, según él, la institución ha calificado como una renuncia voluntaria.

"Yo no renuncié," afirmó ante el Senado.

La UA tiene una perspectiva diferente.

"El empleado renunció a la universidad el 25 de marzo de 2025," declaró Nick Prevenas, portavoz de la UA. "Es política de la universidad no hacer comentarios públicos sobre asuntos de personales"

Según la propia versión de la UA, en el momento de las visitas de la unidad de crisis, él ya era un ex empleado y un ciudadano particular.

"Esto plantea más preguntas incómodas," dijo a El Foco de Tucson. "Porque si, desde su punto de vista, yo ya no tenía vínculo con la universidad, eso significa que solicitaron (una evaluación de salud mental) para un ciudadano."

Soto afirmó que supo quién había solicitado las visitas tras contactar directamente a la unidad de crisis; el documento de Community Bridges Inc. identificaba a la persona solicitante como "la empleadora Catherine."

Soto y la presidenta del profesorado, Leila Hudson, creen que esto se refiere a Kathryn Stoner, directora de la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente, razonando que es posible que el operador que recibió la llamada escuchará o escribiera mal su nombre. La UA se negó a confirmar si ella estuvo involucrada.

"Lo que alegaban en el informe era absurdo," dijo Soto al Foco.

La persona solicitante afirmó que Soto se había vuelto retraído durante el año anterior y que en una ocasión había mencionado comprar un arma de fuego y tomar clases para aprender a usarla.

"En el periodo que ella cita, durante el cual supuestamente no me comunicaba con otros profesores, yo estaba disfrutando de un año sabático. Cualquiera te diría: 'Bueno, es un año sabático,'" comentó. "Y no recuerdo haber hablado con nadie sobre armas, pero incluso si lo hubiera hecho, tengo derecho a la Segunda Enmienda. Eso no es un delito."

Soto creció en la zona de Ambos Nogales, nació en Nogales, Sonora, y se crió del lado de Arizona, por lo que posee la doble nacionalidad estadounidense y mexicana.

Como estudiante universitario de primera generación, se formó como auxiliar de enfermería certificado en el Fred G. Acosta Job Corps Center antes de matricularse en el Pima Community College y, posteriormente, en la Universidad de Arizona, donde obtuvo sus títulos de grado y maestría.

Regresó a la Universidad de Arizona en 2017 como profesor adjunto en la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente, tras obtener su doctorado en Economía de Alimentos y Recursos en la Universidad de Florida.

"En el ámbito académico existe algo llamado el 'empleo unicornio,'" dijo Soto. "Para algunos es Oxford, Cambridge o Harvard. Para mí, era la Universidad de Arizona, porque toda mi familia está aquí."

Obtuvo la titularidad académica en el verano de 2023 y, poco después, fue nombrado miembro del Comité Asesor de Planificación y Presupuesto Estratégico de la universidad por el entonces presidente Robert C. Robbins siguiendo la recomendación de Hudson, en medio de la crisis financiera que atravesaba la institución ese año.

Soto afirmó que no establece ninguna relación entre ese cargo y su posterior cese.

Los documentos revelan que, ya a finales de 2023 o principios de 2024 meses después de que Soto obtuviera la titularidad y más de un año antes de las visitas relacionadas con la crisis, circulaba un rumor que lo describía como alguien que parecía estar bajo los efectos de la metanfetamina tras haber sido visto en una tienda.

Soto señaló que aquel estereotipo no se quedó en un simple insulto. Explicó que, una vez arraigado, lo retrató como una persona peligrosa; esa misma percepción fue la que impulsó la solicitud de una evaluación bajo el Título 36.

"Si yo no fuera de la frontera, si fuera hijo de, no sé, Bill Gates o alguien por el estilo, ¿habría cobrado fuerza ese rumor?" se preguntó Soto. "Si fuera hijo de un premio Nobel, ¿se habría difundido el rumor de que era un drogadicto consumidor de metanfetamina? Supongo que arraigó precisamente porque soy una persona de clase trabajadora de Nogales."

Ese rumor no era lo único que circulaba sobre Soto dentro de su departamento.

Un miembro del profesorado de la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente y un exprofesor asociado de práctica describieron, por separado, un correo electrónico enviado por Stoner a todo el departamento tras la salida de Soto; en él, se instruía al personal a llamar al 911 si lo veían en el campus, aunque se aclaraba que "no se había formulado ninguna amenaza."

Stoner también ordenó cerrar con llave las plantas del edificio ocupadas por la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente durante las dos semanas siguientes, según los dos miembros del profesorado. Más tarde, convocó una reunión presentada como una revisión de mejores prácticas que, en realidad, se centró específicamente en Soto y planteó la posibilidad de involucrar a la policía, idea que finalmente descartó después de que el personal universitario encargado de evaluar amenazas indicará que no era necesario.

Él afirmó que la situación y sus consecuencias lo dejaron sin ingresos.

"Llevo más de año y medio sin sueldo. Me mantiene mi familia, que es de clase trabajadora," dijo. "Si suponemos que ella (Stoner) es sincera en su visión del mundo, es una visión condicionada por ese rumor vulgar de que, de alguna manera, soy un adicto a la metanfetamina que anda suelto por el campus con un arma."

La salida de Soto dio lugar a una audiencia ante el Comité de Libertad Académica y Titularidad (CAFT) de la UA, el órgano del profesorado que revisa los despidos y remite una recomendación al rector para la decisión final.

Tres de los cuatro miembros del panel del CAFT concluyeron que Soto no había renunciado y recomendaron su reincorporación. El punto en disputa era una nota que él había colocado en la puerta de su despacho el 23 de marzo: una reflexión mecanografiada sobre el miedo y la incertidumbre relacionados con el curso en línea que se le había asignado, la cual incluía anotaciones manuscritas que hacían referencia a la renuncia. La universidad interpretó la nota como una carta de renuncia, pero el panel determinó que no estaba dirigida a ningún administrador y que no podía interpretarse razonablemente de esa manera.

Considerar la nota como una renuncia, señaló el panel por escrito, "haría que la condición de titularidad careciera de valor."

La Oficina del Asesor Jurídico General de la UA argumentó que la audiencia en sí era "impropia y no autorizada" y realizó una breve comparecencia sólo para reiterar esa postura; por su parte, el presidente de la UA, Suresh Garimella, no siguió la recomendación del panel.

"Las implicaciones de mi caso van más allá de mi caso particular", dijo Soto. "Afectan al concepto mismo de la titularidad académica.”

Soto y Hudson han señalado que, durante conversaciones mantenidas en el verano de 2025, la rectora académica Patricia Prelock y la vicerrectora académica de Asuntos del Profesorado, Andrea Romero, indicaron que no consideraban que Soto hubiera renunciado; sin embargo, para finales de agosto, según Hudson, la universidad había vuelto a sostener la postura de que sí lo había hecho.

Afirmó que lo que busca ahora es sencillo.

"Quiero que me paguen los salarios atrasados ​​y que me devuelvan mi puesto con titularidad," dijo Soto.

Soto expresó que desea que la universidad se retracte públicamente de lo dicho sobre él y limpie su nombre ante sus colegas, estudiantes, personal y las agencias que financian sus investigaciones.

"También quiero que lleven a cabo una investigación, una revisión interna de los protocolos," señaló.

Ha solicitado al Senado que inicie una investigación formal, citando una carta del 18 de agosto de 2026 enviada por Hudson a Garimella y Prelock; en ella, Hudson relataba que Stoner se identificó ante la unidad de crisis como la empleadora de Soto aproximadamente 12 horas después de que se tramitará su despido, y pidió a la administración que investigara el asunto, advirtiendo que de lo contrario solicitaría la intervención de la Junta de Regentes de Arizona (ABOR).

El relato de Soto no es la primera acusación de represalias contra la UA que llega a una revisión formal o a litigio, aunque los casos han tenido desenlaces diversos. El Foco de Tucson informó sobre una demanda federal presentada por Keiron Bailey, profesor titular de la Facultad de Educación, quien alega un patrón de represalias de años de duración tras denunciar acoso laboral, afirma haber sido despedido sin causa justificada en 2023 antes de que la universidad revoca la decisión. Desde entonces, ha acusado a un abogado que representa a la universidad de manipular a testigos, y sus reclamaciones siguen vigentes.

El Foco de Tucson también ha informado sobre el caso de Clarissa Siebern, ex administradora de negocios de la UA, quien asegura haber sido despedida en octubre de 2023 tras expresar su preocupación por la falta de personal y denunciar infracciones de las leyes laborales en su departamento; por su parte, la ABOR alegó que el despido se debió a un retraso en un pago estudiantil. En agosto, un juez falló a favor de la ABOR mediante una sentencia sumaria, al determinar que Siebern no había demostrado que sus quejas cumplieran con los requisitos legales para acogerse a la protección de los denunciantes de irregularidades.

El 25 de Agosto, ella presentó un recurso de apelación.

Hudson señaló que la experiencia de Soto no es un caso aislado.

"Su caso forma parte de un patrón más amplio," afirmó Hudson.

Indicó que el gasto de $1.1 millones en asesoría legal externa por parte de la universidad, cifra reportada anteriormente por El Foco de Tucson, es "solo una fracción de lo que realmente se está gastando," y que el caso de Soto refleja "la otra cara de la moneda," situaciones en las que la universidad simplemente se niega a participar en las audiencias en lugar de litigar los casos.

Hudson comentó que ha visto a la universidad instar a docentes que enfrentan procesos de despido impugnados a renunciar voluntariamente, en lugar de someterse a una audiencia.

"La renuncia voluntaria por parte del docente implica la renuncia a todos sus derechos," explicó. "Es una estrategia verdaderamente implacable para depurar la institución mediante tácticas legales agresivas."

A diferencia de los casos de Bailey y Siebern, el de Soto permanece, por ahora, dentro del proceso interno de la universidad.

"Espero ser el último en pasar por esto," dijo Soto sobre su experiencia. "Y que podamos establecer aquí algunos mecanismos correctivos."

Hudson afirmó que lo que está en juego trasciende cualquier caso individual.

"La UA es una institución pública que cuenta con normas y procedimientos, y debe respetar los derechos del profesorado, especialmente de aquellos docentes con plaza fija como empleados públicos, no puede limitarse a emprender este tipo de campañas de destrucción oportunista," declaró Hudson.

Caitlin Schmidt es editora y directora de Tucson Spotlight.

Esta nota fue traducida por Priscilla Daniel.

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