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Una auditoría estatal reveló que la transferencia de $70 millones del fondo de dotación, que la fundación de la UA había anunciado a los donantes como un impulso a la liquidez de la universidad, quedó fuera de la discusión sobre las proyecciones de efectivo que la UA presentó a su junta directiva.

La auditora general Lindsey Perry dio a conocer este hallazgo el 26 de agosto como parte de una revisión de vigencia más amplia de la Junta de ABOR. La auditoría determinó que la ABOR no cumplió plenamente con sus propias políticas de supervisión financiera respecto a la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad del Norte de Arizona y la UA.

Las revisiones de vigencia son un proceso rutinario exigido por la ley de Arizona; esta es la primera que se realiza a la ABOR desde junio de 2021 y no responde a ninguna queja específica.

La ABOR supervisa las tres universidades, las cuales, en conjunto, registraron una matrícula de más de 216,000 estudiantes y emplearon a más de 31,000 docentes y miembros del personal durante el año fiscal 2025. La junta está compuesta por 12 miembros, incluidos el gobernador y el superintendente de instrucción pública, y cuenta con el apoyo de un equipo de 39 personas.

La auditoría concluyó que la ABOR cumplió con varias de sus funciones fundamentales, como el proceso de nombramiento de Suresh Garimella como presidente de la UA en 2024. Sin embargo, también falló al no proporcionar a los miembros de la junta información financiera completa sobre las universidades y careció de un procedimiento de escalamiento para recuperar más de $2.7 millones en reembolsos impagados de becas para maestros. En total, los auditores formularon 15 recomendaciones.

"La transferencia del fondo de dotación se tuvo en cuenta en la presentación del presupuesto de la Universidad de Arizona ante la ABOR," declaró Nick Prevenas, portavoz de la UA. "Además de la transferencia, el aumento en nuestra proyección de días de efectivo disponible se debe a una combinación de reducción de gastos e incremento de ingresos."

En su respuesta por escrito, la ABOR expresó su acuerdo con el "espíritu" de las 15 recomendaciones y afirmó que las implementaría todas, en algunos casos mediante lo que denominó enfoques alternativos.

"La ABOR y nuestras universidades contribuyen a forjar el futuro de Arizona a través de nuestros estudiantes y nuestra fuerza laboral. Asumimos esa responsabilidad con seriedad y valoramos la supervisión que nos ayuda a mejorar," señaló Megan Gilbertson, portavoz de la ABOR, en un comunicado independiente. “La Auditora General de Arizona identificó ocho áreas de mejora y ya estamos poniendo en práctica dichas recomendaciones. La mejora continua forma parte de nuestra forma de operar, y la prioridad de la junta sigue siendo garantizar que las universidades públicas de Arizona se administren con eficacia y continúen satisfaciendo las necesidades de nuestro estado.”

La pregunta de los $70 millones

El Foco de Tucson informó en junio que la fundación de la UA dijo a los donantes que la transferencia de $70 millones ayudaría a la universidad a cumplir los objetivos de efectivo disponible establecidos por la Junta.

La auditoría confirma que si bien el traspaso estaba incluido en las proyecciones presentadas al directorio, no formó parte de la discusión ese mismo mes. Ni las reuniones de la junta directiva de mayo ni de junio incluyeron ningún debate público al respecto.

ABOR dijo que la transferencia se incluyó en la presentación del presupuesto de la UA al personal de la junta, pero no se discutió en la presentación pública de la junta.

"Esta información se detalló en la presentación del presupuesto de la universidad a la oficina de la junta, pero no se destacó específicamente en la presentación de la reunión de la junta," dijo Gilbertson a El Foco de Tucson, agregando que la junta requerirá informes trimestrales que incluyen resúmenes explícitos en el futuro.

La auditoría también señaló que la proyección de efectivo que la UA entregó a la Junta en junio era inexplicable. La universidad proyectó que el efectivo disponible de sus días aumentaría seis días para fines del año fiscal 2027, después de aumentar solo un día en total durante los dos años fiscales anteriores combinados. La propia política de ABOR requiere una explicación para fluctuaciones como ésta. Los auditores dijeron que no obtuvieron ninguno.

El Foco de Tucson informó anteriormente que los días de efectivo disponible informados por la Junta de UA se ubicaron en aproximadamente 78, aproximadamente la mitad del mínimo de 140 días de ABOR, y que S&P Global Ratings advirtió que una posición de efectivo debilitada podría poner en peligro las perspectivas crediticias de UA.

Cómo llegó la UA a esta situación

Las deficiencias detectadas por los auditores tienen su origen en el déficit presupuestario de la UA para el año fiscal 2024, que ascendió a unos $177 millones. En junio de 2023, la UA informó a la Junta que esperaba cerrar el año con reservas de efectivo suficientes para cubrir 152 días de operaciones, nueve más de lo requerido.

Cinco meses después, la universidad comunicó que enfrentaba dificultades financieras y, para febrero de 2024, la ABOR cifró el déficit en aproximadamente $177 millones. La UA contrató a un nuevo director financiero, congeló las contrataciones y los aumentos salariales por el resto del año, y el presidente Robert C. Robbins dimitió más adelante en 2024.

Dicho déficit llevó a la ABOR a modificar su política de supervisión financiera en abril de 2024, exigiendo a las universidades que informaran sobre el efectivo real disponible, y no solo sobre proyecciones, en un plazo de 40 días tras el cierre de cada trimestre, además de someterse a una revisión anual rotativa de sus prácticas operativas.

Los auditores constataron que la ABOR no cumplió en absoluto con estas medidas. Ninguno de los seis informes trimestrales examinados incluía datos sobre los días reales de efectivo disponible o los saldos históricos de caja, a pesar de que la política exigía ambos datos.

La ABOR declaró que dejó de aplicar dicho requisito tras determinar que no aportaba información útil para comprender la salud financiera del sistema universitario, optando en su lugar por informar únicamente sobre las cifras proyectadas para el cierre del ejercicio.

"Las actualizaciones de la política de la junta proporcionan a esta mejores datos," afirmó Gilbertson.

Tampoco se recibió a tiempo el informe del cuarto trimestre del año fiscal 2025; los datos se incorporaron al informe del trimestre siguiente y se presentaron con más de tres meses de retraso.

La primera revisión anual de procesos operativos realizada por la ABOR, centrada en la UA en mayo de 2026, también resultó insuficiente. Los auditores no hallaron pruebas de que el equipo de revisión hubiera entrevistado al personal de la UA ni solicitado documentación para validar las prácticas declaradas por la propia universidad.

En su respuesta, la ABOR reconoció que sus prácticas de información financiera "no se ajustaban estrictamente" a su propia política e indicó que la Junta tiene previsto aprobar definitivamente la nueva redacción de la normativa en octubre. A partir del primer trimestre del año fiscal 2027, la ABOR anunció que exigirá a las universidades documentar la metodología utilizada para sus proyecciones de flujo de caja, aunque advirtió que dichas proyecciones "no pueden validarse plenamente frente a un estándar externo fijo."

En cuanto a la revisión de procesos empresariales, la ABOR reconoció que su primera evaluación "no generó suficientes documentos de respaldo" para confirmar el cumplimiento; no obstante, defendió el fondo de la revisión y manifestó su intención de seguir llevándola a cabo como un "taller práctico" colaborativo, en lugar de adoptar los pasos de validación y las entrevistas formales recomendados por los auditores.

"A juicio de la Junta, esta política está diseñada para fomentar la colaboración entre los responsables financieros de las universidades y facilitar el intercambio de mejores prácticas y mejoras operativas," señaló Gilbertson. "Las funciones de auditoría y la supervisión de datos se abordan mediante otros procesos de la Junta y de las universidades."

Otros hallazgos

La auditoría también señaló que la ABOR carecía de un procedimiento para escalar los casos de impago de las becas de la Arizona Teachers Academy. Más de $1.4 millones de un total de $2.7 millones en impagos acumulados desde 2020 y adeudados por 290 de los 1,253 beneficiarios señalados, se derivaron a agencias externas de cobro, pero no se remitieron a la Oficina del Fiscal General de Arizona para un escalamiento formal.

La ABOR estableció un proceso formal de escalamiento en mayo de 2026, durante el transcurso de la auditoría.

Por otra parte, el informe anual de la ABOR correspondiente al año fiscal 2025 sobre el programa Teachers Academy omitió cinco de las once métricas exigidas por ley, incluida la cifra de beneficiarios en situación de impago, mientras que su informe sobre el Fondo de Iniciativa de Tecnología e Investigación dejó fuera detalles obligatorios relativos a unos $65 millones en asignaciones de fondos.

El estudio de costos universitarios de 2022 de la ABOR, de realización obligatoria cada cinco años, también omitió los desgloses requeridos de costos administrativos y marginales, la ABOR alegó que calcularlos resultaría demasiado costoso con sus sistemas actuales.

La Oficina del Auditor General tiene previsto realizar un seguimiento dentro de seis meses para verificar los avances de la Junta.

El Foco de Tucson mantiene pendientes varias solicitudes de información dirigidas a la UA para obtener comunicaciones sobre la transferencia del fondo de dotación (endowment), la financiación mediante bonos del edificio de investigación de la UA en Phoenix y los importes transferidos por la fundación a la universidad durante los meses de julio y agosto.

Caitlin Schmidt es editora y directora de Tucson Spotlight.

Esta nota fue traducida por Priscilla Daniel.

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