Un voluntario de respuesta rápida de Tucson, que fue rociado con gas pimienta por un agente no identificado durante un control de tráfico de ICE en abril en South Tucson, se dirigió al Concejo Municipal, tras haber pasado semanas intentando presentar una denuncia policial sobre la agresión.

El 6 de abril, al menos tres vehículos de ICE se encontraban estacionados frente a la farmacia Walgreens, en la intersección de South Sixth Avenue y East 29th Street, llevando a cabo un control de tráfico en la ciudad de South Tucson.

Steven Davis, un voluntario que acude a documentar la actividad local de ICE, incluyendo vehículos, agentes y acciones, durante redadas y controles de tráfico, llegó al lugar y comenzó a filmar el suceso desde la distancia, según se observa en un video del incidente.

"No estaba obstaculizando a los agentes ni a sus vehículos," declaró Davis. "Acaté todas las órdenes. Otros agentes presentes en el lugar me aseguraron que tenía el derecho legal de observar y documentar."

El video muestra a un hombre no identificado junto a un agente de ICE; el sujeto lleva puesta una mascarilla verde, una camisa a cuadros verdes y pantalones de color caqui. La ropa del hombre carecía de emblemas de identificación y este sostenía un aerosol de gas pimienta en la mano izquierda. El individuo no se identifica en ningún momento.

Otro video del incidente muestra al mismo hombre no identificado sosteniendo el aerosol, apuntando hacia un transeúnte que se encontraba recostado contra un vehículo de ICE. Sin embargo, no llega a rociarlo.

Mientras Davis filma desde una distancia corta, el hombre no identificado pasa caminando junto a él. La segunda vez que pasa, el hombre no identificado rocía a Davis en los ojos, provocando que este caiga de rodillas mientras un miembro de la comunidad lo aparta hacia el borde de la escena.

"El ataque en mi contra fue brutal y totalmente injustificado," afirmó Davis. "Mi agresor me roció directamente en el rostro desde una distancia de apenas unas seis pulgadas. Me desplomé en el suelo, sufriendo un dolor inmenso; no podía ver y apenas lograba respirar. Pasaron 30 minutos antes de que pudiera abrir los ojos por más de unos pocos segundos."

El mismo video muestra al hombre no identificado rociando a otro transeúnte para luego acercarse a Davis y comprobar su estado.

"¡Deberían avergonzarse!" grita un miembro de la comunidad en el video.

Al menos tres agentes del Departamento de Policía de South Tucson se encontraban en el lugar durante el incidente. Un video muestra a un agente señalando a Davis y hablando con el jefe de policía de South Tucson, Danny Denogean.

Esta no es la primera vez que Davis observa a agentes de ICE. En enero, grabó un video en el que cinco agentes de ICE detuvieron y rodearon a un hombre que se encontraba en una camioneta frente al establecimiento Circle K, en la intersección de South Sixth Avenue y la Interestatal 10. Davis relató que el conductor acababa de terminar de comprar víveres en una tienda local.

"Esa fue mi cuarta vez (observando) y (documentando) las interacciones de ICE con transeúntes o con detenidos," comentó Davis. "Nunca antes un agente se me había acercado de manera agresiva."

Con pruebas en video de la situación, Davis intentó por primera vez presentar una denuncia por agresión ante el Departamento de Policía de South Tucson el 9 de abril. Según Davis, Denogean les comunicó a él y a su abogado que el Departamento de Policía de South Tucson no le permitiría presentar la denuncia y que, en su lugar, debía remitir el asunto al Departamento de Seguridad Nacional.

"Si el Departamento de Policía de South Tucson no acepta una denuncia por esta agresión violenta y claramente ilegal, temo no tener ningún recurso para obtener justicia," declaró Davis en un comunicado de prensa.

Se invitó a miembros de los medios de comunicación a documentar el segundo intento de Davis de presentar una denuncia policial el 30 de abril, junto con miembros de la comunidad y el abogado Luis Campos.

"Sentí horror," expresó Campos al referirse a los videos del encuentro de Davis. "Sentí horror porque esta es nuestra comunidad, y yo esperaría que este tipo de cosas no sucedieran; y si llegaran a suceder, esperaría que... las fuerzas del orden realmente las investigaran."

El panorama legal, sin embargo, complica lo que de otro modo podría parecer un caso sencillo.

La separación de poderes, establecida en la Constitución, asigna a los gobiernos federal y local sus propias jurisdicciones, creando límites a la capacidad de los funcionarios estatales y locales para interferir en las operaciones federales de aplicación de la ley.

No prohíbe, no obstante, que el estado procese a agentes federales por violaciones de las leyes estatales; un agente individual puede ser procesado por su conducta si existen pruebas de que ha infringido la ley estatal.

"Se nos comunicó que cualquier asunto relacionado con agentes federales debe tramitarse a través del Departamento de Seguridad Nacional, mediante un sistema interno de quejas," dijo Campos. "Nos oponemos a esa postura, porque si existe una violación de la ley estatal, algo que el Sr. Davis cree que ocurrió, no existe una inmunidad absoluta. Los agentes federales pueden ser llamados a rendir cuentas, y esa rendición de cuentas comienza en una estación de policía con la presentación de una denuncia."

Un obstáculo clave tanto para Davis como para el departamento de policía es que la identidad del agente sigue siendo desconocida.

"Se hizo hincapié en que este era un asunto federal competencia del DHS, pero ni siquiera sabemos si el agresor es realmente un agente federal o no," señaló Campos. "Por eso es imperativa una investigación, para que podamos determinar si este individuo es un civil común y corriente."

Un empleado del departamento de policía les informó a Davis y a Campos que solo dos agentes estaban de servicio y que tendrían que esperar al siguiente agente disponible para presentar la denuncia. Unos minutos más tarde, un residente entró en la oficina y logró presentar una denuncia ante un detective, cuya presencia en la estación no se les había comunicado a Davis ni a Campos.

Tras una hora de espera, dos agentes acudieron para tomar la declaración de Davis.

"Presentar una denuncia policial debería ser la parte fácil. No debería tomar dos semanas y media lograr hablar con el departamento y que te permitan presentar una denuncia," afirmó Davis. "He seguido observando y respondiendo cuando nuestros vecinos son detenidos, interrogados o retenidos en South Tucson, y en Tucson, y continuaré realizando el trabajo para el que fui capacitado en Tucson Rapid Response."

A principios de marzo, el Concejo Municipal de South Tucson aprobó por unanimidad dos resoluciones relacionadas con el ICE. La primera estipulaba que los bienes y recursos de la ciudad no pueden utilizarse para colaborar en operaciones federales de control civil de la inmigración; sin embargo, no impide la ejecución de órdenes judiciales, la aplicación de la ley penal ni la cooperación con otras agencias en investigaciones de carácter criminal.

La segunda establece requisitos de identificación para los agentes del orden que operen dentro de los límites de la ciudad. Los agentes de la Policía de South Tucson deben identificarse siempre, portar distintivos visibles del departamento en sus uniformes y tienen prohibido usar cubrebocas durante las llamadas de servicio o las labores rutinarias de vigilancia.

Davis relató su experiencia durante la reunión del Concejo Municipal de South Tucson celebrada el 5 de mayo.

"Quiero saber el nombre de la persona que me agredió," declaró Davis. "Quiero sentarme frente a él en un tribunal de justicia. Quiero que rinda cuentas por sus actos ilícitos."

Si bien Davis está decidido a lograr que su agresor afronte las consecuencias de sus actos, el camino hacia la rendición de cuentas podría resultar más complejo que un simple juicio en un tribunal local.

"Si [una persona] considera que ha sufrido daños a manos de un empleado federal, el recurso legal disponible es una demanda civil ante un tribunal federal. Si desea presentar cargos penales, tendría que acudir a la Oficina del Fiscal Federal", explicó Jon Paladini, Asesor Jurídico de la ciudad de South Tucson. "La Constitución otorga... inmunidad soberana a los empleados federales ante los tribunales estatales... Incluso si el fiscal del condado decidiera presentar algún tipo de cargo penal, el caso se transferiría automáticamente a un tribunal federal y quedaría bajo la jurisdicción del Fiscal Federal para el Estado de Arizona."

Paladini señaló que, desde un punto de vista práctico, tanto el departamento de policía local como el fiscal del condado carecen de la jurisdicción necesaria para dar curso al caso, aun cuando existiera alguna vía de recurso legal.

"Se podría contactar al Departamento de Seguridad Nacional para intentar obtener la identidad de la persona en cuestión, pero dicha entidad no tiene la obligación de proporcionarla," indicó Paladini. "Incluso si lográramos obtener una orden de registro de un tribunal estatal, el gobierno federal, en virtud de la Cláusula de Supremacía, no estaría obligado a acatarla."

Davis, sin embargo, no se dejó disuadir.

“Si todavía hay alguien que cree que no tenemos derecho a reparación cuando los agentes federales nos agreden, tengo un mensaje sencillo: es hora de que pasen página,” dijo.

Topacio “Topaz” Servellon es periodista del Foco de Tucson. Pueden contactarla en topacioserve@gmail.com.

Esta nota fue traducida por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.   

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