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Residentes de Tucson abarrotaron una audiencia pública para instar a la Comisión Corporativa de Arizona a rechazar la solicitud de Tucson Electric Power (TEP) de un aumento del 14% en las tarifas, advirtiendo que unas facturas de energía más elevadas obligarían a las familias de bajos ingresos a elegir entre pagar la electricidad o cubrir sus necesidades básicas.

El aumento tarifario propuesto ascendería a aproximadamente 192 dólares anuales para un cliente promedio con un plan básico. Dicho aumento tiene como objetivo hacer frente al alza de los costos y a las inversiones en infraestructura; TEP ha declarado que esta medida no guarda relación alguna con gastos futuros previstos.

TEP presta servicio a 457.000 clientes en el sur de Arizona.

La propuesta incluye también un sistema de descuentos escalonados para clientes de bajos ingresos: los hogares cuyos ingresos se sitúen entre el 101% y el 200% del nivel federal de pobreza recibirían un descuento del 20%. Aquellos que se encuentren en el nivel de pobreza o por debajo de este recibirían un descuento del 50%.

Nick Myers, presidente de la Comisión Corporativa, declaró durante la reunión del 23 de marzo que la Constitución estatal obliga a la comisión a autorizar tarifas energéticas que sean "justas y razonables.” Según explicó, esto implica hallar un equilibrio que beneficie tanto a la empresa de servicios públicos como a sus clientes, garantizando la existencia de compañías fiables y financieramente sólidas que puedan seguir suministrando energía a los usuarios.

"Comprendo que las facturas de los servicios públicos son una cuestión de suma importancia para las familias, las personas mayores, las pequeñas empresas y las comunidades de todo Arizona,” afirmó Myers. "Soy consciente de la preocupación existente en torno a la asequibilidad de las tarifas y me tomo esas inquietudes muy en serio.”

Myers señaló que la participación ciudadana a través de los comentarios del público constituye una parte fundamental del proceso de revisión tarifaria, al mismo nivel que las pruebas presentadas, el expediente del caso y el marco legal vigente.

Todos los residentes que intervinieron instaron a la comisión a rechazar las nuevas tarifas, planteando inquietudes tales como la asequibilidad económica y el riesgo para la salud pública que corren aquellas personas que no pueden permitirse el uso del aire acondicionado durante los meses de calor intenso.

Algunos residentes también citaron el testimonio presentado por la fiscal general Kris Mayes en el caso de las tarifas. Dado que el caso se basa en costos históricos, Mayes argumentó que TEP podría limitar su aumento al 4% y aun así recuperar todos sus costos; un plan que, según su oficina, ahorraría a los residentes $200 al año.

TEP cuestiona esa cifra, afirmando que el plan de la fiscal general obstaculizaría su capacidad para financiar futuras inversiones.

Betsy Wilkening, clienta de TEP desde hace 40 años, instó a los comisionados a no aprobar el aumento de tarifas, calificándolo de codicia corporativa.

"Los usuarios que pagan las tarifas nosotros, a quienes ustedes, la Comisión Corporativa de Arizona, tienen el mandato constitucional de proteger y para cuyo fin fueron elegidos, somos las personas que, literalmente, estamos pagando el precio,” dijo Wilkening.

También señaló el reciente aumento de las temperaturas a lo largo del mes de marzo, afirmando que un incremento en las tarifas obligaría a las personas a elegir entre comprar comida o pagar el aire acondicionado.

LeAndra Corbett, residente de Tucson, comentó que su esposo sigue trabajando más allá de la edad de jubilación para que ambos puedan hacer frente al pago del alquiler, los medicamentos y el seguro.

"Ese sueño de la jubilación, de salir una vez al mes con los amigos o simplemente disfrutar de la vida sin sentir culpa se está volviendo realmente imposible,” dijo Corbett. "No sabemos si podremos seguir viviendo en Tucson.”

Lucy Eribes cuestionó si el aumento de tarifas respondía a una mejora en la calidad del servicio o a un afán de lucro, calificando sus propias experiencias con TEP como "entre mediocres y malas.”

Ella relató que unos ocupantes ilegales residen en la casa situada detrás de la suya; estos robaron su factura de electricidad, llamaron a TEP y añadieron la vivienda que ocupaban a su cuenta.

Ella se negó a pagar las facturas correspondientes a la nueva dirección, por lo que TEP cortó el suministro eléctrico de su propia casa. Afirmó haber tenido dificultades para comunicarse con el servicio de atención al cliente y lleva viviendo sin electricidad desde el 3 de febrero.

Tras la reunión, TEP comunicó que un representante de atención al cliente se había puesto en contacto con Eribes.

Las solicitudes de ajuste de tarifas se resuelven basándose en pruebas; no obstante, la Comisión Corporativa asegura que se examinan los testimonios de los residentes, independientemente de si se presentan mediante una intervención pública, una llamada telefónica o una carta escrita.

Fuera de la audiencia, los residentes están alzando la voz en contra del aumento de las tarifas.

Angie DeSpain es camarera; percibe el salario mínimo estipulado para los trabajadores que reciben propinas y reside con su familia en un parque de casas móviles. Las casas móviles tienden a intensificar tanto el calor como el frío, lo que obliga a DeSpain a incurrir en mayores gastos durante los meses de verano e invierno, con facturas que oscilan entre los 90 y los 150 dólares.

“(Si) su objetivo es deshacerse de las familias que cuentan con ingresos limitados o echarnos a la calle, entonces están haciendo un trabajo excelente,” declaró DeSpain.

Añadió que muchas familias se han adaptado para vivir ajustándose a sus recursos actuales, y que un aumento en las tarifas las obligaría a tomar decisiones difíciles o a buscar fuentes de ingresos adicionales.

Alexandra Macias, madre soltera de dos niños que trabaja principalmente como cuidadora de su hijo con autismo, vive con un ingreso fijo. Aunque considera que su pequeña comunidad es asequible, paga una factura de electricidad que oscila entre $50 y $120, dependiendo del mes; un aumento significativo en comparación con lo que pagaba antes de 2024.

"Somos personas que llevamos una vida cotidiana y necesitamos aire acondicionado. No es un lujo, es una necesidad en Arizona debido al calor,” afirmó Macias. "Un aumento en las tarifas afectaría sin duda a muchas familias en Tucson, y no me parece justo que tengamos que pagar más por algo que no es un lujo, sino una necesidad.”

Macias comentó que intentó solicitar un plan ofrecido por TEP para comunidades de bajos ingresos, pero nunca recibió respuesta sobre si su solicitud había sido aprobada o no.

TEP declaró que no desconecta el servicio a los clientes residenciales por falta de pago durante las alertas de calor extremo ni durante los meses de verano, aunque los clientes siguen siendo responsables de los saldos vencidos.

La compañía también ofrece facturación presupuestada, prórrogas de pago y descuentos basados ​​en los ingresos para aquellos clientes que tienen dificultades para pagar sus facturas. Puede encontrar más información en tep.com.

Una encuesta realizada en febrero a 500 clientes de TEP reveló que el 81% calificó a la compañía con un 7 o más en una escala del 1 al 10, y más de la mitad le otorgó un 9 o un 10. Más del 90% afirmó estar muy satisfecho con la confiabilidad del servicio recibido.

Ian Stash es estudiante de periodismo en la Universidad de Arizona y pasante en El Foco de Tucson. Puede contactarlo en istash@arizona.edu.

Esta nota fue traducida por los pasantes de la preparatoria San Miguel y editada por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera en El Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.   

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