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Decenas de residentes de Tucson acudieron a una reunión comunitaria el pasado 5 de marzo para manifestar su oposición a la posible ubicación de centros de datos a gran escala en la ciudad, mientras los funcionarios buscaban recabar la opinión pública sobre las propuestas de regulaciones de zonificación.

Los grandes centros de datos, enormes almacenes repletos de miles de computadoras que operan las 24 horas del día para almacenar, procesar y ofrecer servicios digitales, han sido objeto de un intenso debate en todo el sur de Arizona durante casi un año.

La controversia comenzó el verano pasado, cuando la empresa desarrolladora Beale Infrastructure propuso el Proyecto Blue, un centro de datos respaldado por Amazon que se ubicaría cerca del Recinto Ferial del Condado de Pima y que podría consumir hasta cinco millones de galones de agua al día. El Concejo Municipal de Tucson votó a favor de bloquear la anexión del proyecto, pero el Condado de Pima lo aprobó por una votación de 3 a 2. El debate se extendió entonces a Marana, donde en enero el Concejo Municipal cambió la zonificación de 661 acres para permitir la construcción de otro centro de datos independiente de Beale Infrastructure; una decisión que, desde entonces, ha dado lugar a dos demandas judiciales.

Tras la controversia generada por el Proyecto Blue, la alcaldesa y el Concejo Municipal de Tucson instruyeron al personal de la ciudad para que redactara una enmienda a la normativa de zonificación con el fin de regular el desarrollo de centros de datos a gran escala.

La reunión del 5 de marzo fue una de una serie de sesiones públicas organizadas por la Ciudad de Tucson para recabar las opiniones de la comunidad sobre las propuestas de regulaciones de zonificación para los centros de datos a gran escala, definidos como aquellas instalaciones que superan los 50,000 pies cuadrados de superficie.

Entre las regulaciones clave propuestas se incluye la exigencia de que los centros de datos se ubiquen a una distancia mínima de 400 pies de las zonas residenciales, así como la regulación del consumo de agua y energía eléctrica. El panel estuvo integrado por personal de planificación urbana, asesores técnicos y representantes de la ciudad.

La reunión comenzó con los panelistas y el personal ubicados junto a paneles informativos y un gran bloc de dibujo, donde los participantes podían dejar sus sugerencias en notas adhesivas.

"En nuestros códigos de zonificación, tratamos de no ser demasiado específicos respecto a muchas cuestiones diferentes como, por ejemplo, qué tipo de datos se almacenan en el interior, ya ​​que es un ámbito un tanto amplio y resulta difícil de regular,” comentó Nicholas Martell, panelista y gerente de la sección de planificación a largo plazo.

Los panelistas presentaron diapositivas que abarcaban las normativas propuestas, incluyendo el consumo energético, el uso del agua, los límites de ruido, el uso de generadores, los estándares de paisajismo y estacionamiento, y la compatibilidad ambiental; asimismo, explicaron cómo se recopilaron y procesaron las opiniones del público. La mayoría de los asistentes llegaron con opiniones ya firmemente formadas; muchos de ellos portaban carteles en oposición a los centros de datos.

La presentación también abordó las normativas de zonificación, las cuales suscitaron duras críticas por parte de algunos asistentes que argumentaron que ubicar centros de datos en comunidades de bajos recursos y en comunidades de color constituía un acto de racismo ambiental.

“Son un 80 % latinos (latinoamericanos) y... como pueden ver en la frontera occidental, allí se encuentra el distrito de San Javier de la Nación Tohono O'odham,” comentó uno de los asistentes durante la sesión de preguntas y respuestas posterior a la presentación. “Se trata de personas que han sido marginadas por estos centros de datos, y es precisamente allí donde se concentra la mayor densidad. Esto es racismo ambiental.”

Con solo un minuto disponible para hablar, muchos de los asistentes aprovecharon su tiempo para señalar los impactos negativos que un centro de datos podría tener en la comunidad.

"Estoy harto de esto. Estoy harto de asistir a estas reuniones. Estoy harto de repetir una y otra vez las mismas cosas a los funcionarios de la ciudad, específicamente a la Alcaldesa y al Concejo, quienes no parecen estar escuchando," declaró el asistente Reed Spurling. "¿Por qué deberíamos esperar que la Alcaldesa y el Concejo nos escuchen a nosotros, o que presten atención a los comentarios que les hemos transmitido, cuando pasaron un par de años antes de informar a nadie sobre el Proyecto Blue trabajando entre bastidores para hacerlo realidad?”

Spurling preguntó a los panelistas cómo planeaban lograr que la Alcaldesa y el Concejo escucharan las opiniones de la comunidad, dado lo que él describió como una traición a la confianza pública durante el proceso del Proyecto Blue; asimismo, expresó que no tenía ninguna fe en que lo hicieran.

"No se trata de los centros de datos. Se trata de la tierra, el agua, el dinero y el poder; se trata de empresas y de funcionarios gubernamentales que están en el bolsillo de esas compañías, trabajando juntos para intentar sustraer el control de la tierra, el agua, el dinero y el poder de todo proceso democrático," comentó Spurling a El Foco de Tucson tras finalizar la reunión. "Esto no es inevitable, y podemos detenerlo.”

Si bien la ciudad aún no ha aprobado la instalación de ningún centro de datos dentro de los límites de Tucson, los participantes expresaron su esperanza de que sus comentarios contribuyan a mantener la situación tal como está.

Christy Russell es estudiante de periodismo en la Universidad de Arizona y pasante en El Foco de Tucson. Puede contactarla en crussell68@arizona.edu.

Esta nota fue traducida por los pasantes de la preparatoria San Miguel y editada por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.

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