Leer en inglés

Los residentes de Tucson pueden esperar pagar más por el agua, la recolección de basura, los permisos viales y los servicios de planificación urbana, en virtud de un amplio paquete de aumentos de tarifas que el Concejo Municipal anunció a principios de este mes que tiene la intención de adoptar; cambios que, según los funcionarios, son necesarios para hacer frente a unos costos que las tarifas actuales ya no cubren.

El Concejo Municipal de Tucson aprobó un aviso de intención de adoptar los cambios en las tarifas mediante una votación de 6 a 1 durante su sesión del 17 de marzo. El concejal del Distrito 3, Kevin Dahl, fue el único voto en contra.

El personal de Tucson Water recomendó un aumento gradual del 3.5% anual en los ingresos, abarcando desde el año fiscal 2027 hasta el 2030, con el fin de cubrir los costos de operaciones diarias e infraestructura. Sin embargo, el Comité Asesor Ciudadano sobre el Agua, CWAC por sus siglas en inglés, recomendó un aumento más pronunciado del 5.5% para el año fiscal 2027, seguido de aumentos del 3.5% hasta el año 2030.

El director de Tucson Water, John Kmiec, afirmó que este aumento inicial más elevado fortalecería las finanzas de la empresa de servicios públicos y podría derivar en tarifas más bajas a largo plazo.

El Concejo optó por seguir la recomendación del personal, consistente en un aumento anual del 3.5%; al respecto, Dahl señaló que su voto en contra tenía por objeto expresar su preferencia por la recomendación del CWAC.

Estos aumentos se producen tras la aprobación, por parte del Concejo en 2023, de un incremento anual del 5.5% en las tarifas, el cual se extiende hasta el año fiscal 2027 y del que aún resta un año por cumplir.

Durante dicho periodo, la ciudad también ajustó las tarifas con el fin de fomentar la conservación y compensar el aumento en los costos de suministro de agua proveniente del río Colorado; asimismo, introdujo una estructura de tarifas escalonadas que cobra más a los residentes de las zonas periféricas de la ciudad, a fin de reflejar la mayor infraestructura necesaria para prestarles servicio.

La ciudad también está evaluando la que sería su primera actualización de tarifas diversas en 13 años, medida que implicaría un aumento de aproximadamente el 20% en las tarifas correspondientes al agua del Proyecto Central Arizona.

El Departamento de Transporte y Movilidad solicitó una simplificación de las tarifas de los permisos de derecho de vía; según explicó el subdirector Jim DeGrood, dichas tarifas cubren actualmente solo el 61% de los gastos relacionados. El departamento también propuso dos nuevas tasas: una destinada a compensar la pérdida de valor que se produce al cortar el pavimento y otra por el cierre de carriles.

"Nuestro objetivo en este caso es recuperar la totalidad de nuestros costos, reconocer la pérdida de valor que suponen para la ciudadanía las molestias y la congestión, e incentivar una mayor celeridad en la ejecución de las obras dentro de los derechos de vía de la ciudad," afirmó DeGrood.

La tasa por cierre de carriles sería la primera de su tipo en Tucson. El cierre de una calle arterial o colectora durante 24 horas tendría un costo de $2,000 por sentido y por cada media milla, $1,500 por un cierre diurno y $500 por uno nocturno; esta diferenciación tarifaria busca incentivar a los contratistas a realizar las obras durante el horario nocturno. Los cierres de carriles de giro y de calles locales tendrían un costo de $500 y $600, respectivamente.

El Departamento de Servicios de Planificación y Desarrollo solicitó aumentos en las tarifas para alinear mejor los precios con el costo de los servicios, centrándose en aquellas tasas no vinculadas a los costos de construcción que, actualmente, resultan insuficientes para cubrir los gastos. Los cambios propuestos incluyen un aumento del 5% para los permisos no basados ​​en valoraciones, tales como la revisión del sitio y la zonificación, la duplicación de las tarifas por revisión profesional, aumentos significativos para los permisos de uso de zonas inundables y un incremento de entre el 10% y el 25% para las aprobaciones especiales.

El Departamento de Servicios Ambientales solicitó la implementación de una nueva tasa de $3 por concepto de ciudad limpia a partir del próximo año, así como un aumento gradual en las tarifas residenciales para los contenedores de residuos de 95 galones, pasando de $23 a $26, con un incremento anual de $0.75 hasta el año 2030. Las tarifas para los contenedores de 48 y 65 galones permanecerían inalteradas, lo cual constituye un incentivo para que los residentes reduzcan sus residuos. La tarifa para personas de bajos ingresos disminuiría de $11 a $9.75, para luego aumentar $0.75 anualmente hasta alcanzar los $12 en 2030.

El director de Servicios Ambientales, Carlos De La Torre, señaló que estos aumentos permitirían al departamento mantener servicios tales como la eliminación de graffitis y la limpieza de campamentos de personas sin hogar, así como el mantenimiento de sus vehículos y equipos.

"Estos ajustes también nos permitirían fortalecer nuestro programa de eliminación de grafitis y dar continuidad a los programas de comunidades seguras y limpias," afirmó De La Torre.

Asimismo, el departamento tiene previsto aumentar gradualmente las tarifas de los contenedores de gran capacidad de $182 a $340 para el año 2030, y reducir las tarifas de los contenedores comerciales del 25% al ​​15% para 2029.

La ciudad planea presentar el paquete completo en asambleas comunitarias hasta finales de abril, con una audiencia pública programada para el 19 de mayo. De aprobarse, los cambios entrarían en vigor en julio.

El concejal del Distrito 2, Paul Cunningham, calificó las tarifas actuales de Tucson como "muy competitivas" en comparación con municipios vecinos como Marana y Oro Valley, y con otros de mayor tamaño como Phoenix.

"Estoy bastante satisfecho con el punto al que hemos llegado y con el hecho de que, a fin de cuentas considerando otras jurisdicciones y lo que estas cobran, somos muy asequibles,” afirmó Cunningham.

El concejo también debatió una propuesta de acuerdo de colaboración energética con Tucson Electric Power (TEP), la cual forma parte del esfuerzo más amplio de la ciudad por definir su papel en el panorama energético local.

"Se trataría de un acuerdo voluntario entre la ciudad y TEP que, una vez firmado, dejaría de ser tan voluntario," señaló el administrador de la ciudad, Tim Thomure. "No obstante, representaría una oportunidad para trabajar juntos en nuestros objetivos de energía limpia y para avanzar en nuestra iniciativa de adaptación climática Tucson Resilient Together.”

La propuesta surge tras una serie de asambleas públicas y una carta de intención firmada en 2025 entre Tucson y TEP para colaborar en objetivos climáticos; la dirección de las negociaciones ha sido moldeada por las opiniones recibidas del público.

"Este acuerdo constituye el primero de su tipo en el estado de Arizona, y solo existen unos pocos ejemplos a nivel nacional," comentó la Directora de Resiliencia, Fátima Luna.

El acuerdo está vinculado a un contrato de concesión de 25 años que requiere la aprobación de los votantes. Dicho acuerdo aportaría $2 millones provenientes de los fondos de los accionistas de TEP, cifra que aumentaría un 2% cada dos años hasta alcanzar un total de $56 millones a lo largo de los 25 años, los cuales se destinarían a proyectos prioritarios en cinco áreas:

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante energía solar y almacenamiento energético.
• Fortalecimiento de la infraestructura de resiliencia a través de centros de climatización y medidas de respuesta ante olas de calor.
• Apoyo a las comunidades vulnerables mediante programas de asistencia y divulgación.
• Expansión del desarrollo económico y de las oportunidades profesionales en campos relacionados con la energía.
• Generación de electricidad confiable y asequible mediante la coordinación y la eficiencia.

Luna comentó que la mayor parte de los comentarios de la comunidad sobre el acuerdo fueron positivos, aunque muchos consideraron que los $2 millones eran insuficientes y no tomaban en cuenta la inflación futura, y otros preferían recibir un pago único por adelantado por parte de TEP.

A algunos residentes les preocupaba que el acuerdo cerrara la puerta a los debates sobre la energía pública, dado que el borrador actual quedaría sin efecto si la ciudad avanzara hacia un referéndum electoral sobre la municipalización.

El abogado de la ciudad, Roi Lusk, afirmó que la ciudad priorizó un acuerdo independiente que describiera claramente los compromisos e incluyera una cláusula de salida en caso de que, en algún momento, continuar con el acuerdo resultara inapropiado.

Lusk explicó que la ciudad deseaba aislar los elementos que tanto TEP como la ciudad consideraban prioritarios para la comunidad: la financiación por parte de los accionistas para el plan de acción climática, los compromisos relativos a la infraestructura resiliente y las emisiones de gases de efecto invernadero, la implementación de energía solar y otros aspectos.

"Pero la realidad es que todo se estaba volviendo un tanto enrevesado y confuso al intentar incorporarlo a un acuerdo de franquicia que ya estaba, en cierto modo, establecido," señaló.

La ciudad organizó asambleas comunitarias tanto en inglés como en español. Luna indicó que las sesiones en español se centraron en cuestiones económicas, tales como la asequibilidad, la climatización de viviendas y el desarrollo de la fuerza laboral, mientras que las sesiones en inglés se enfocaron en la energía limpia y el nivel de financiación aportada por los accionistas.

Dahl ofreció disculpas a los residentes que sintieron que sus inquietudes habían sido ignoradas, afirmando que este es el momento oportuno para realizar ajustes, y manifestó su apertura a considerar opciones futuras.

"El hecho de que no lo incluyamos en el ECA no significa que no estemos de acuerdo con ustedes," declaró Dahl. "Deberíamos ejercer presión ante la legislatura para que permita la elección comunitaria, la compra agregada de energía u otras opciones que se han sugerido."

Ian Stash es estudiante de periodismo en la Universidad de Arizona y pasante en Tucson Spotlight. Puede contactar en istash@arizona.edu.

Esta nota fue traducida por los pasantes de la preparatoria San Miguel y editada por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.

El Foco de Tucson es una sala de prensa comunitaria que ofrece oportunidades remuneradas a estudiantes y periodistas emergentes del sur de Arizona. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una donación deducible de impuestos.