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La policía de Tucson ha pasado de una estrategia reactiva de dispersión de multitudes a una basada en la inteligencia, cuyo objetivo es desmantelar las redes organizadas que organizan las carreras callejeras, según informaron las autoridades al concejo municipal en mayo.

La jefa de policía de Tucson, Monica Prieto, habló sobre la nueva estrategia del departamento durante la reunión del concejo del 5 de mayo; señaló que esta pone énfasis en la aplicación proactiva de la ley y en el uso de tecnología avanzada, al tiempo que fomenta la colaboración con socios estratégicos y fiscales.

Las cifras subrayan la urgencia de la situación.

Prieto informó que ya se han registrado 38 muertes por accidentes de tráfico en lo que va de 2026. Esta cifra incluye 16 fallecimientos de peatones, un aumento exponencial con respecto al año anterior, y 14 muertes relacionadas con vehículos. En 13 de los 16 casos de peatones fallecidos, la víctima se encontraba, en promedio, a unas 128 yardas de un paso de peatones.

"No podemos hablar de carreras callejeras sin abordar la cultura de conducción insegura que existe aquí en Tucson," afirmó Prieto. "Esto se hace especialmente evidente al analizar las cifras de muertes por accidentes de tráfico en lo que va del año."

Prieto anunció que el departamento intensificará la vigilancia para asegurar el cumplimiento de las normas en los pasos de peatones.

Entre las iniciativas recientes del TPD para la seguridad vial se incluye un operativo realizado el 4 de marzo, en el que los agentes dedicaron intervalos de al menos 20 minutos a tareas de vigilancia y educación vial, ayudando así a la ciudad a identificar los puntos donde se producían las colisiones. El TPD espera completar 10,000 operativos de este tipo a lo largo de 2026.

Se llevarán a cabo operativos adicionales a través del Regional Traffic Enforcement Task Force, con la participación de agencias asociadas que se centrarán en los principales corredores viales donde suelen ocurrir accidentes.

Un tercer enfoque utiliza 21 unidades de agentes motorizados, incluidas cinco nuevas incorporaciones, para realizar despliegues basados ​​en datos, ampliando así la cobertura a los horarios nocturnos.

Prieto señaló que el programa de tráfico más reciente del TPD es el de las "cebras de tráfico,” un grupo voluntario de seis agentes que realizan despliegues de tres a cinco horas cada dos semanas; estas operaciones combinan la educación vial y la aplicación de la ley, al tiempo que atienden quejas específicas de los agentes de patrulla. Un despliegue de este grupo resultó en 92 multas y dos arrestos por conducción a alta velocidad.

Prieto informó que el TPD recibió información de inteligencia sobre una concentración planeada en Houghton Road y respondió con un despliegue que incluyó 22 paradas de tráfico. La operación se interrumpió cuando un conductor que circulaba en sentido contrario estuvo a punto de atropellar a los agentes antes de chocar contra una mediana. Dicho conductor fue acusado de 10 cargos de delito grave por poner en peligro a terceros y de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI) como delito grave.

Prieto calificó las tomas de calles para carreras clandestinas como actos "completamente imprudentes e inaceptables," señalando que, si bien organizar y asistir a tales eventos constituye un delito en sí mismo, estos a menudo atraen otras actividades delictivas, como el consumo de drogas, disparos y redes de carreras organizadas.

"Nuestro enfoque anterior era predominantemente reactivo, con el objetivo principal de despejar las vías y dispersar a las multitudes," dijo Prieto. "Sin embargo, nuestra respuesta más reciente se basa en un sólido marco de trabajo orientado por la inteligencia, diseñado para identificar, rastrear y desmantelar las redes organizadas de carreras callejeras."

A partir del 9 de enero, la Threat Mitigation Unit asumió la recopilación y gestión de inteligencia, reuniendo 88 pistas sobre delitos, además de información proveniente de patrullas y del monitoreo de redes sociales.

Dicha inteligencia confirmó que las carreras callejeras en Tucson están altamente organizadas, con roles definidos para organizadores, espectadores y conductores. El TPD cambió a una estrategia de aplicación proactiva de la ley, centrada en los organizadores, los participantes y los infractores reincidentes.

Prieto indicó que el TPD utiliza lectores automatizados de matrículas como parte de sus investigaciones, herramientas que, según afirmó, fueron fundamentales para sus esfuerzos.

El TPD también ejecutó órdenes de registro para obtener pruebas e incautó 18 vehículos; estas acciones podrían sustentar cargos por asociación delictiva.

El 22 de febrero, el TPD identificó siete vehículos, incautó seis y realizó múltiples arrestos por evasión ilegal a la autoridad; a uno de los sospechosos se le encontró portando una pistola modificada. El 15 de marzo surgió otra oleada de tomas de calles, durante la cual se efectuaron 45 disparos.

El operativo de mayor envergadura tuvo lugar el 18 de abril en la intersección de South Kolb Road y East Valencia Road; allí, los agentes incautaron cinco vehículos, confiscaron uno y realizaron decenas de detenciones. Entre los arrestados hubo 23 personas por allanamiento de propiedad privada, tres por participación en una organización delictiva y dos padres acusados ​​de contribuir a la delincuencia de un menor por llevar a niños pequeños al evento.

Se está creando un grupo de trabajo regional especializado en carreras callejeras para mejorar la coordinación con las entidades colaboradoras.

La alcaldesa Regina Romero declaró que el concejo decidió intensificar las medidas contra las carreras callejeras tras la reciente muerte de Anna García, una niña de 3 años, en un accidente relacionado con esta práctica; asimismo, habló sobre la propuesta de ley conocida como Anna's Law, que ya ha reunido 23,000 firmas. Dicha ley busca imponer sanciones más severas para quienes participen en carreras callejeras.

"Admiro profundamente el valor y la fortaleza de la familia para transformar su dolor en una fuerza impulsora y abogar por la Ley de Anna," afirmó Romero. "La petición a favor de la Ley de Anna envía un mensaje claro: las carreras callejeras no son inofensivas; son actos temerarios y violentos que destruyen vidas. Una sola muerte causada por carreras callejeras es demasiado, y la vida de Anna García importaba."

El concejo también recibió información actualizada sobre otro desafío de seguridad pública: los tiempos de respuesta ante emergencias.

Tucson creó el Departamento de Comunicaciones de Seguridad Pública en 2017 para unificar los servicios de despacho policial y de bomberos, principalmente la atención de llamadas al 911. Este departamento gestiona más de un millón de llamadas al 911 al año a través de más de 280 líneas, y reducir ese volumen de llamadas es una prioridad. Los retrasos en los tiempos de respuesta implican que hasta el 75% de las llamadas de emergencia de alta gravedad no llegan a un equipo de respuesta inmediata.

Mike Garcia, director del Departamento de Comunicaciones de Seguridad Pública, atribuyó este volumen, en parte, a que las personas utilizan el 911 como primera opción incluso cuando otro servicio sería más adecuado.

Garcia señaló que esta situación llevó al departamento a buscar alternativas mediante la iniciativa Safe City, incluyendo colaboraciones con la Autoridad Regional de Salud Conductual de Arizona y la Coalición para la Co-ubicación de Profesionales en Crisis. También se mejoró la conectividad entre las llamadas al 911 y al 988; anteriormente, las llamadas al 988 se desviaban a Phoenix antes de regresar a un centro local, un proceso que contribuía a que se perdieran llamadas.

El departamento también deriva las llamadas que cumplen con los requisitos al personal de centros de crisis; según García, esto reduce el número de intervenciones policiales y de bomberos en incidentes de salud conductual que pueden ser atendidos mejor por profesionales especializados en crisis. García señaló que las llamadas de emergencia, por ejemplo, para solicitar una ambulancia o reportar un robo, no deberían competir por la capacidad de la línea con llamadas que corresponden al servicio 311.

García también habló sobre la función del 311 para conectar a los residentes con servicios que incluyen el reporte de campamentos de personas sin hogar y la derivación a programas de vivienda y asistencia alimentaria. La ciudad colabora además con MD Ally para redirigir algunas llamadas del 911 a proveedores de atención médica capaces de recetar o suministrar medicamentos; García mencionó que, en ocasiones, las ambulancias trasladan a pacientes al hospital solo para descubrir que, en realidad, lo que necesitaban era un dentista.

García afirmó que estas iniciativas han permitido ahorrar tiempo y dinero: la derivación de 2000 llamadas a proveedores médicos en lugar de a servicios de emergencia supuso un ahorro de 1,700 horas de operación de bomberos y servicios médicos de emergencia (EMS), así como de 4,100 horas de espera en salas de urgencias.

"Este programa es ya un modelo de eficacia comprobada que se está estudiando en todo el país; contar con un profesional de crisis presente aquí mismo significa que la persona que llama en medio de una crisis recibe mejores recursos y obtiene mejores resultados con mayor rapidez," declaró García.

El concejo también votó por unanimidad a favor de una resolución que rechaza el centro de detención propuesto por el ICE en Marana.

La concejal del Distrito 6, Miranda Schubert, señaló que en toda la región persisten vestigios de abusos gubernamentales, citando como ejemplo el campamento Gordon Hirabayashi en Mount Lemmon; este lugar lleva el nombre de un hombre que se opuso al internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial y fue condenado a realizar trabajos forzados en ese mismo sitio.

Schubert comparó la lucha contra el internamiento con los desafíos actuales que enfrentan los inmigrantes indocumentados, recordando que aquellos campos de internamiento eran administrados por el Servicio de Inmigración y Naturalización y custodiados por agentes de la Patrulla Fronteriza.

"El centro de detención en Marana ni siquiera debería ser un tema de debate [para el Concejo Municipal de Tucson], pero aquí estamos," dijo Schubert. "Al seguir adelante con el contrato, el municipio de Marana avala políticas federales que separan familias y permiten que las empresas privadas de prisiones obtengan beneficios bajo el pretexto de la seguridad nacional."

Otros miembros del concejo expresaron su apoyo a esta postura de rechazo. 

"No estaba dispuesta a aceptar esto sin más ni más, sin expresar mi firme oposición a estos centros de detención del ICE, especialmente a cualquiera que se ubique cerca de la ciudad de Tucson," dijo Romero. "Siempre hemos sido una comunidad acogedora, y esta resolución reafirma nuestros valores, la dignidad humana de los inmigrantes, la unidad familiar y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su estatus legal."

Ian Stash es egresado de la Universidad de Arizona y periodista independiente en Tucson. Puede contactarlo en ianjgs16@gmail.com.

Esta nota fue traducida por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.  

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