Leer en inglés

Alison Patterson esperó más de tres horas al teléfono para su entrevista obligatoria de SNAP, solo para que la llamada se cortará. Ella no conducía, por lo que acudir en persona a la oficina del DES en Sierra Vista implicó buscar a alguien que la llevara, justo el día que, según dice, era la última oportunidad para realizar la entrevista.

Patterson es una de los varios residentes del condado de Cochise que declararon a El Foco de Tucson haber esperado meses para recibir asistencia alimentaria y médica, describiendo casos de documentación extraviada, llamadas interrumpidas y retrasos que superan con creces el plazo de 30 días establecido por la política estatal.

Estos obstáculos impiden que los residentes reciban servicios, lo que deriva en inseguridad alimentaria, falta de acceso a atención médica y otros problemas.

El Departamento de Seguridad Económica de Arizona reconoce la difícil situación que atraviesan los residentes.

"Estamos afrontando la mayor interrupción en la asistencia nutricional federal de las últimas décadas,” afirmó Brett Bezio, portavoz del DES, en un correo electrónico.

En diciembre, la gobernadora Katie Hobbs anunció una partida de $7.5 millones para reducir los tiempos de espera de SNAP y del seguro de desempleo mediante la contratación de personal temporal, la ampliación de la capacidad de los proveedores, el mantenimiento de las horas extra para el personal encargado de determinar la elegibilidad y la mejora de la tecnología para agilizar el procesamiento y garantizar la precisión de los pagos.

Bezio señaló que los fondos han permitido al DES aumentar su capacidad de personal, incluyendo turnos de horas extra y fines de semana.

"Además, este mismo mes establecimos una colaboración público-privada para ampliar la capacidad de los centros de llamadas,” indicó Bezio. "El DES (también) lanzó una nueva función de devolución de llamadas que da prioridad a los solicitantes cuya fecha de entrevista está próxima.”

Bezio expresó su confianza en que estos cambios conduzcan a una mejora en los tiempos de procesamiento de las solicitudes.

Sin embargo, varias personas que hablaron con El Foco de Tucson, incluida Patterson, relataron que la llamada se cortaba tras horas de espera en la línea destinada a las entrevistas obligatorias para las solicitudes del DES.

"No he logrado comunicarme con ellos por teléfono para realizar la entrevista," comentó Patterson mientras se encontraba frente a la oficina del DES. "Por fin he venido hoy, en el último día posible, para poder completarla.”

Patterson, sosteniendo un bastón, dijo que no conduce y que encontrar transporte ha sido una dificultad.

Aunque Bezio afirma que las oficinas trabajan para lograr un "modelo de sala de espera más orientado al servicio", las entrevistas se realizan principalmente por teléfono.

"Las opciones en línea, como Health-e-Arizona Plus y MyFamilyBenefits, permiten a los clientes enviar solicitudes y documentos desde la comodidad de su hogar, eliminando la necesidad de visitar una oficina local," señaló.

Esta función lleva años disponible, pero no resuelve los problemas de llamadas de retorno fallidas ni las solicitudes estancadas.

Para muchos, acudir a la oficina representa un obstáculo importante. La pérdida de salario o los días de permiso remunerado limitados, los problemas de transporte y las responsabilidades de cuidado de familiares dificultan el cumplimiento de los plazos del DES.

Ariana Tovar, madre de tres hijos, comentó que lleva esperando desde abril la renovación de sus beneficios de SNAP y AHCCCS; añadió que esta demora ha sido especialmente difícil debido a los tratamientos que recibe en Tucson su hijo de 3 años, quien padece leucemia.

Sin SNAP, le ha costado preparar las comidas para su hijo y ha tenido que recurrir a organizaciones benéficas para alimentar a su familia.

"Si no fuera por... las fundaciones contra el cáncer y la ayuda que brindan allí, definitivamente sería un problema para mí,” dijo.

La reducción de los beneficios de SNAP, sumada al aumento en el costo de los alimentos, ha agravado las dificultades de muchas familias.

Bezio indicó que ajustar las tasas de los beneficios no entra dentro de las competencias del DES.

"Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios comunitarios para combatir colectivamente la inseguridad alimentaria en nuestro estado,” afirmó Bezio.

Las personas necesitadas de la comunidad pueden encontrar apoyo a través de bancos de alimentos locales y programas estatales, como el Programa de Nutrición para Personas Mayores en Mercados de Agricultores (Senior Farmers Market Nutrition Program), el programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) y el programa SUN Bucks de Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano. Bezio también mencionó los servicios estatales de empleo y de asistencia para el pago de servicios públicos.

Sin embargo, muchos de los solicitantes tienen empleos cualificados y aun así no logran llegar a fin de mes.

Lilliana Domínguez, madre soltera, relató que esperó más de cuatro meses para que se renovaran sus beneficios; esto provocó que se saltara comidas mientras amamantaba, lo que dejó una huella duradera en sus hábitos alimenticios.

Domínguez ha trabajado como asistente médica durante los últimos 22 años, pero su salario no alcanza para alimentar a su familia. Su pesadilla comenzó en enero, cuando llegó el momento de renovar su cobertura de AHCCCS.

Su hijo de 13 meses contrajo neumonía y fue hospitalizado en marzo, pero al parecer su cobertura no estaba vigente, a pesar de haber presentado la documentación necesaria.

El DES le informó que no tenía registro de su solicitud, pero Domínguez encontró pruebas de que había entregado los documentos.

Comentó que esa no fue la única vez que el DES extravió su documentación; además, su cuenta fue señalada para una auditoría, lo que prolongó aún más la espera para recibir ayuda.

En cada etapa, el DES le aseguraba que la llamarían en un plazo de "una o dos semanas," pero Domínguez afirmó no haber recibido llamadas ni comunicaciones durante los periodos de espera, lo que la obligaba a faltar al trabajo para acudir a la oficina local.

Mientras tanto, recibía constantes llamadas del hospital para que pagara la estancia de su hijo.

El resultado fueron cuatro meses de hambre e innumerables llamadas del hospital reclamando el pago de una factura que, según ella, debería haber sido cubierta por el estado.

"Fue muy estresante. A veces me sentía muy deprimida; me decían: 'Alguien le llamará en una o dos semanas' y yo me quedaba pendiente de recibir noticias,” dijo Domínguez. "Tenía la esperanza de que me atenderían. Fue mentalmente agotador.”

Desde entonces, se han restablecido los beneficios de AHCCCS y los cupones de alimentos para la familia de Domínguez, pero la inseguridad alimentaria persiste.

"Actualmente recibo $300 para tres personas. Planeo gastar $50 a la semana, pero voy al supermercado y terminó gastando $75 u $80,” señaló Domínguez. “Yo tampoco voy a comprar comida basura, solo lo básico: leche, huevos y pan.”

La reducción de los beneficios implica que ella todavía debe recurrir a los bancos de alimentos para obtener ayuda.

"Los costos son tan elevados ahora que, definitivamente, el dinero no alcanza para mucho,” dijo Domínguez.

Los meses de incertidumbre sobre cuándo podría hacer su próxima comida han dejado una huella profunda en Domínguez, quien todavía está amamantando.

"Como no sabía cuándo volvería a comer, cuando estoy en casa de una amiga o en situaciones similares, como hasta enfermarme," comentó Domínguez, añadiendo que también le preocupa si su hija teme no saber de dónde vendrá su próxima comida.

Para una residente del Cochise County, los obstáculos resultaron insuperables.

Peggy Hill, de 66 años, solicitó los beneficios del programa SNAP tras someterse a un trasplante de riñón el año pasado, pero su solicitud fue rechazada incluso antes de llegar a la etapa de la entrevista.

Hill relató que el DES le informó que la denegación se debía al nuevo requisito laboral, a pesar de que, según afirma, sus registros médicos demuestran que está incapacitada permanentemente para trabajar.

"Estoy harta de sus juegos," dijo Hill. "Si no fuera por mi Seguro Social, estaría en la calle."

Bezio señaló varios "obstáculos administrativos" que han provocado un gran volumen de llamadas y barreras para los solicitantes.

Bezio explicó que la ley H.R. 1, la ley federal de conciliación presupuestaria conocida también como la One Big Beautiful Bill Act, modificó drásticamente los criterios de elegibilidad y la administración de SNAP en julio de 2025, imponiendo nuevos y estrictos requisitos de documentación y verificación a un programa que ya era complejo de por sí.

Añadió que el cierre del gobierno a finales de 2025 "agravó la situación" y señaló que el DES intenta equilibrar los mandatos federales de calidad y puntualidad con la necesidad de evitar sanciones fiscales que, de otro modo, recaerían sobre los contribuyentes.

Para residentes como Hill, Domínguez y Patterson, ese esfuerzo por equilibrar la situación ha tenido un alto costo personal, uno que, según dicen, perdura mucho tiempo después de que finalmente se restablecen sus beneficios.

Katherine Martinez es una estudiante de periodismo de origen nativo Kickapoo-Potawatomi en la Universidad de Arizona y pasante en El Foco de Tucson. Puede contactarla en martinezk29@arizona.edu.

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.

El Foco de Tucson es una sala de prensa comunitaria que ofrece oportunidades remuneradas a estudiantes y periodistas emergentes del sur de Arizona. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una donación deducible de impuestos.