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Cuatro días después de que un tiroteo en downtown de la ciudad dejará nueve personas heridas y reavivó el debate sobre el enfoque de la ciudad ante la violencia armada, la ex congresista Gabrielle Giffords se unió a funcionarios de Tucson y del condado de Pima para abogar por leyes más estrictas de seguridad en torno a las armas de fuego.

La policía de Tucson llegaron pocos minutos después del tiroteo del 19 de julio y brindaron asistencia tanto a las víctimas como al sospechoso, David Leroy French, antes de que este fuera detenido.

El panel del 23 de julio fue organizado por Giffords, una organización de investigación y defensa contra la violencia armada que lleva el nombre de una de sus cofundadoras, quien sobrevivió a un tiroteo masivo en Tucson en 2011 que le causó una grave lesión cerebral y acabó con la vida de seis personas.

El panel, celebrado en El Rio Neighborhood Center, contó con la participación de la alcaldesa Regina Romero, la fiscal del Pima County Laura Conover, la jefa de policía de Tucson Monica Prieto, el gerente de la Oficina de Prevención e Intervención de la Violencia Oscar Medina, y otros colaboradores del ámbito de la seguridad pública.

Giffords señaló que su organización sin fines de lucro otorga a Arizona una calificación reprobatoria cada año por sus leyes de seguridad de armas, afirmando que las leyes sobre verificación de antecedentes y almacenamiento seguro son las medidas más importantes que el estado puede adoptar para reducir la violencia armada.

Romero expresó su agradecimiento por la rápida actuación de las fuerzas del orden y los profesionales médicos durante y después del tiroteo, subrayando la importancia de atender a las víctimas.

"Si bien no podemos evitar que vuelvan a ocurrir sucesos como este, sí podemos comprometernos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detener la violencia armada,” afirmó Romero.

Destacó una reducción general de la violencia armada durante su mandato y mencionó varias iniciativas, entre ellas el programa de Violence Interruption and Visualization Action, que según ella logró una disminución de hasta el 85% en la violencia armada, así como la Iniciativa Safe City.

Otras iniciativas incluyen la incorporación de 50 nuevos agentes al cuerpo policial de la ciudad durante este año fiscal; Romero destacó que una de sus primeras acciones como alcaldesa fue convertirse en miembro fundador de la organización Mayors Against Illegal Guns.

Afirmó que el tiroteo de 2011 contra Giffords y otras personas, así como los asesinatos en 2020 de George Floyd y del residente de Tucson Carlos Ingram-López, formaron y consolidaron su postura sobre la importancia de prevenir la violencia armada.

"Como su alcaldesa, mi prioridad absoluta es mantener seguras a nuestras comunidades, y punto,” declaró Romero. "Como vimos el domingo, aún queda trabajo por hacer. Todos en esta ciudad merecen sentirse seguros, ya sea en el parque, en su localidad, en el cine o en su lugar de culto.”

Señaló lo que calificó como soluciones probadas contra la violencia armada, al tiempo que criticaba las leyes estatales laxas sobre armas y elogia a Giffords por ampliar su coalición, dentro y fuera de Arizona, para incluir a "propietarios responsables de armas" que apoyan las leyes de seguridad en el uso de armas de fuego.

La reunión tuvo lugar mientras la oficina del fiscal del condado enfrentaba un escrutinio, tras revelarse que el sospechoso, de 21 años, se encontraba en libertad condicional por un cargo federal relacionado con armas en el momento del ataque.

En respuesta, Conover calificó la reacción como "una serie de mensajes de odio y sensacionalismo,” afirmando que el tiroteo fue una "anomalía estadística" dado que todos los indicadores de criminalidad mostraban una tendencia significativa a la baja.

Destacó una disminución del 50% en los homicidios desde el repunte registrado durante la pandemia de COVID-19, señalando que las tasas actuales son incluso mejores que los niveles previos a la crisis sanitaria.

"Pero una sola vida perdida ya es demasiado," reconoció Conover.

Explicó a los asistentes que, para cuando un caso llega a su escritorio, el daño ya está hecho; asimismo, expresó su apoyo a las leyes de "bandera roja,” que permiten retirar temporalmente las armas a personas que representan un riesgo, y a las reformas internas de su oficina, incluida una marcada preferencia por mantener a los infractores menores de edad en centros de detención juvenil para garantizar su acceso a recursos como la terapia para traumas. Señaló que, si bien los jóvenes asustados que comparecen ante un juez a menudo reciben penas mínimas, también suelen salir con una mayor probabilidad de reincidir.

Conover habló sobre sus esfuerzos para duplicar el número de fiscales, contratar a dos nuevos fiscales especializados en violencia doméstica y los posibles efectos del nuevo centro de recuperación de traumas del condado, cuya apertura está prevista para agosto.

Prieto del TPD habló sobre la rápida respuesta de sus agentes para brindar asistencia tanto a las víctimas como al agresor, y posteriormente se refirió a la necesidad de invertir en programas juveniles y enseñar a los jóvenes a resolver conflictos sin recurrir a la violencia.

"La pregunta es, ¿cómo abordamos a quienes no respetan la ley ni la vida humana?" planteó Prieto. "Cuando individuos violentos deciden infringir la ley, deben rendir cuentas, de lo contrario, siguen representando un peligro para la seguridad pública. Debemos mejorar nuestra forma de abordar la violencia en nuestra ciudad. Como policía, no podemos resolver esto solos ni de la noche a la mañana."

Según Prieto, el 14.8% de los homicidios en Arizona en 2025 fueron cometidos por menores de edad con armas de fuego, al igual que el 12.5% de los tiroteos no letales; cifras que, según señaló, han disminuido considerablemente este año.

Prieto indicó que el 67% de los autores de actos violentos habían estado expuestos a la violencia doméstica en algún momento de sus vidas, y añadió que la policía de Tucson ha recibido una subvención de $830,000 para combatir este problema.

Explicó que, por su propia naturaleza, la policía suele adoptar un enfoque reactivo en sus estrategias contra la violencia, pero aseguró que el TPD está haciendo todo lo posible por adoptar un enfoque proactivo siempre que sea factible.

Varios residentes plantearon preguntas a los miembros del panel. Daniel Garcia, quien posee un arma y es miembro de la organización Giffords, preguntó a los panelistas cómo podría involucrarse más gente en las conversaciones locales sobre la prevención de la violencia armada.

"Creemos en la Segunda Enmienda y la apoyamos, pero también debemos encontrar la manera de prevenir la violencia armada,” afirmó Garcia.

Conover coincidió con el planteamiento de Garcia y señaló que es necesario contar con más personas en este debate para elaborar un mensaje colaborativo que genere resultados. Ella afirmó imaginar un futuro en el que Arizona cuente con una ley de “bandera roja” que permita solicitar a los tribunales la retirada de armas de fuego a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública, preservando al mismo tiempo el debido proceso mediante iniciativas de diálogo más integrales como esta.

Una asistente, Pam Simon, quien trabajó para Giffords cuando esta era miembro del Congreso y sobrevivió al tiroteo de 2011, preguntó cómo fue posible que el atacante obtuviera un arma de fuego y municiones dadas las circunstancias.

Los panelistas declinaron responder a la pregunta citando la investigación en curso, pero señalaron que, por lo general, los menores logran conseguir armas compradas por otras personas o las roban de los hogares.

Una residente, Lennette Gomez, preguntó sobre la posibilidad de imponer penas más severas a los autores de delitos violentos, especialmente cuando existe premeditación. Conover respondió que esto ocurre a diario y que muchos casos terminan en cadenas perpetuas; explicó que la atención pública suele centrarse en aquellos casos que fracasan o en los que no se logra el nivel de "rendición de cuentas" deseado.

Conover mencionó una reciente condena a cadena perpetua lograda por su oficina en un caso de asesinato en primer grado, señalando que no se ofreció ningún acuerdo al sospechoso porque su caso no cumplía con los criterios necesarios. Añadió que muchos casos no llegan a juicio simplemente porque es imposible llevar a juicio los 18,000 casos de tiroteos no letales registrados en los últimos dos años, y afirmó que, al igual que el TPD, ella también deseaba adoptar un enfoque más proactivo.

"Obviamente no soy una fiscal tradicional; algunos dirían que es dolorosamente obvio," comentó Conover. "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance en materia de prevención y seguiremos centrándonos en los jóvenes que corren mayor riesgo."

El residente Mark Pinette, quien colabora frecuentemente con los sitios objetivo del programa VIVA en el ámbito artístico, preguntó cómo podrían integrarse en una estrategia de seguridad pública los beneficios para la salud física y mental y la cohesión social que ofrecen los programas de arte, señaló que muchos artistas locales no saben cómo llegar a las personas que necesitan ese tipo de apoyo.

Medina, representante de la Oficina de Prevención e Intervención de la Violencia, coincidió con él y destacó la gran importancia de las actividades extracurriculares, como el deporte o el arte. Señaló vías ya existentes, como el teatro comunitario y la jardinería para jóvenes, así como un programa musical respaldado por el TPD.

Giffords cerró el panel reflexionando sobre las dificultades que enfrentó tras el tiroteo en el que resultó herida y cómo su proceso de recuperación la impulsó a dedicarse a la causa de prevenir la violencia armada en el futuro.

"Respondí con una misión: di un paso tras otro. Encontré una palabra y luego otra. La recuperación es una lucha, pero esa experiencia me hizo más fuerte," afirmó Giffords. "Nos encontramos en una encrucijada. Podemos permitir que continúen los tiroteos o podemos actuar. Podemos proteger a nuestras familias y nuestro futuro. Podemos votar. Podemos situarnos en el lado correcto de la historia."

Ian Stash es egresado de la Universidad de Arizona y periodista independiente en Tucson. Puede contactarlo en ianjgs16@gmail.com.

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.

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