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El Concejo Municipal de South Tucson está impulsando medidas más contundentes contra el nuevo propietario de un motel en estado de abandono y contra el dueño de una propiedad señalada como foco de delincuencia en la zona durante años.

Asimismo, durante la reunión del 1 de septiembre, el consejo fue informado de que cuenta con escasa autoridad legal para frenar un proyecto de instalación de una torre de telefonía móvil al que se oponen los residentes.

El Spanish Trail Motel, ubicado en el 305 E. Benson Highway, ha permanecido desocupado durante años y ha sido escenario de múltiples incendios. La dirección también abarca el complejo adyacente Spanish Trail Suites, que sigue en funcionamiento y alberga inquilinos.

La alcaldesa y el Concejo de South Tucson han intentado obligar a los propietarios tanto al anterior como al actual a demoler el motel; para ello, presentaron una demanda en junio de 2026 contra Kristian Gose y su empresa, Asgard Group LLC, exigiendo la limpieza y la retirada de residuos peligrosos del lugar.

Durante la reunión, se informó al concejo que un nuevo propietario, cuya identidad se desconoce, ha adquirido la propiedad de a Gose y está solicitando a la ciudad que se adapte a sus necesidades antes de iniciar la demolición.

La alcaldesa Roxanna Valenzuela señaló que esta no es la primera vez que la propiedad cambia de dueño mientras el concejo intenta sanear el sitio.

"Es un patrón recurrente," afirmó Valenzuela. "La propiedad cambia de manos constantemente y no hay rendición de cuentas probablemente se la vendan entre miembros de su propia red. Entiendo que haya que colaborar con ellos, pero ¿por qué debemos adaptarnos a sus exigencias? Deberían haber hecho su tarea de investigación previa."

Antes de que Asgard adquiriera la propiedad, ésta pertenecía a la empresa de Brian Bowers, Torino Avenue LLC. Bowers sigue siendo propietario del complejo adyacente, Spanish Trail Suites.

La abogada municipal interina Michelle Stinson, asociada del bufete Pierce & Coleman, afirmó que la demanda pendiente contra los propietarios del motel seguirá vinculada a la propiedad, independientemente de cuántas veces se venda.

Una empresa de demolición ha solicitado permiso para operar en el lugar, pero el concejal Brian Flagg expresó su frustración ante la situación.

“Los escombros dan mala imagen,” dijo Flagg. “Pero eso no es nada comparado con el caos que ha generado Spanish Trail Suites. Las drogas y la prostitución que surgen de ese hotel: eso es lo que hay que atajar. Esto lleva años ocurriendo.”

Bowers ha sido objeto de protestas y acciones previas por parte del concejo y de miembros de la comunidad. El año pasado, Spanish Trail Suites y otra propiedad de Bowers registraron el mayor volumen de llamadas al 911 en South Tucson, según la administradora municipal Veronica Moreno.

El jefe de policía de South Tucson, Danny Denogean, señaló que, si bien el volumen de llamadas al 911 en esa zona ha disminuido con el tiempo, el tránsito de personas se ha mantenido constante, lo que sugiere que probablemente se siguen cometiendo delitos que no se denuncian.

Tanto Flagg como Valenzuela expresaron su frustración por la falta de urgencia en torno al caso que presentaron ante la Fiscalía General de Arizona, señalando que se les ha dicho repetidamente que deben esperar a que se tramite.

Flagg elogió la labor de la fiscal general Kris Mayes contra otros propietarios de viviendas en condiciones deplorables en el condado de Pima, pero cuestionó los plazos de respuesta a su solicitud.

“¿Me dirán dentro de diez millones de años que no hay nada que podamos hacer respecto a Brian Bowers?” preguntó.

Valenzuela calificó las propiedades de Bowers como “casas de drogas.”

“Vemos la prostitución. Vemos cómo se llevan a cabo transacciones de drogas allí. Vemos a los propietarios participando, y simplemente no hay suficiente presencia de nuestro departamento de policía en el lugar,” afirmó. “La gente no alza la voz, así que tenemos que intentar algo diferente.”

Valenzuela impulsó la inclusión de un punto en la agenda de la próxima reunión para que el concejo pueda dar instrucciones adicionales a la policía de South Tucson.

El concejo centró su atención en una propuesta para instalar una torre de telefonía móvil en el 2425 de S. 10th Ave.; Verizon Wireless presentó recientemente una solicitud de construcción que actualmente está bajo revisión.

La torre ha sido motivo de controversia entre los residentes. Si bien podría ayudar a cubrir una brecha en la cobertura de la red, las viviendas situadas a la vista de la misma podrían perder entre un 2 % y un 20 % de su valor.

Varios residentes expresaron su descontento con el proyecto durante el turno de participación del público, solicitando al concejo que tomará medidas.

“Me importa un bledo el análisis legal, porque llevo meses escuchando todo esto,” dijo Flagg. “Esto tiene que parar. Todo el proceso debe detenerse.”

Sin embargo, la Ley de Telecomunicaciones de 1996 protege a los proveedores de servicios móviles frente a pausas regulatorias o suspensiones indefinidas de sus proyectos, salvo excepciones por riesgos ambientales y otros factores específicos.

El concejo instruyó a Stinson para que determinara si existían vías legítimas para detener el proyecto.

Quentin Agnello es egresado de la Universidad de Arizona y periodista independiente en Tucson. Puede contactarlo en qsagnello@gmail.com. 

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson. 

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