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El Concejo Municipal de South Tucson abordó a mediados de abril una agenda repleta de temas, votando para eliminar el impuesto municipal sobre los alimentos, cambiar el nombre del Día de César Chávez y explorar la posibilidad de establecer una red de wifi gratuita para toda la comunidad; todo ello mientras enfrenta un déficit presupuestario de $1.6 millones.

El 21 de abril, el concejo votó por 5 votos a favor y 2 en contra para eliminar el impuesto municipal sobre alimentos y consumo; la vicealcaldesa Melissa Brown-Dominguez y el concejal Paul Diaz emitieron los votos disidentes.

La eliminación de este impuesto del 1.5 % sobre los productos alimenticios, incluyendo frutas y verduras, lácteos y carnes podría traducirse en facturas de supermercado más bajas para los residentes, pero se estima que le costará a la ciudad unos $120,000 en ingresos anuales.

Antes de la votación, el concejo escuchó las intervenciones de varios residentes, entre ellos Arlene Lopez, quien expresó su oposición a dicha eliminación.

"Entiendo su inquietud por querer ser más equitativos en el cobro de impuestos, pero también comprendo que estamos atravesando una crisis financiera," declaró Lopez.

Zeke Cook, residente de South Tucson, compartió preocupaciones similares.

"Perdimos Food City, perdimos el impuesto sobre los alquileres y ahora ustedes quieren deshacerse voluntariamente de nuestro impuesto sobre los alimentos," afirmó Cook. "Sus propios consultores les recomendaron no hacerlo, dado que esto aumentará el déficit del año en curso. Esta medida repercute de manera más significativa en nuestros ciudadanos más vulnerables."

La ciudad enfrenta un déficit presupuestario de $1.6 millones y durante la reunión, se debatieron diversas recomendaciones, entre ellas eliminar el presupuesto de $300,000 destinado a mejoras de edificios, reducir en $50,000 los gastos por tasas de encarcelamiento y congelar la capacitación y los viajes no obligatorios para el personal municipal.

"Hay otras 60 ciudades en el estado de Arizona... que dependen de la generación de ingresos a través de un impuesto al consumo preferencial," afirmó Brown-Dominguez. "Si seguimos adelante con la eliminación de este impuesto, nos estaremos disparando en el pie; porque si logramos atraer a otro supermercado... podremos generar una mayor cantidad (de ingresos), y eso es vital para nuestra comunidad."

Para la concejala Dulce Jimenez, la votación giraba en torno a aliviar la carga que soportan los residentes más vulnerables de la comunidad, incluidos aquellos que tal vez no cumplan los requisitos para acceder a los programas de asistencia alimentaria.

"Se trata de eliminar una carga sobre este recurso que ya es tan limitado, los alimentos, y que resulta tan necesario para todos nosotros," señaló Jimenez. "También se trata de eliminar las barreras para la actividad empresarial."

El impuesto a los alimentos no fue el único punto polémico en la agenda del concejo. El concejo también debatió la instalación de una nueva torre de telefonía celular en South 10th Avenue, la cual fue aprobada por unanimidad por la Junta de Ajustes el pasado 25 de febrero. La torre, de 70 pies de altura y con forma de saguaro, operada por Verizon, se encuentra actualmente en la fase de tramitación de permisos y será la primera torre de este tipo dentro de los límites de la ciudad.

Abraham Barajas, miembro de la Junta, planteó inquietudes de salud respecto a la radiación que emiten las torres de telefonía celular. Estas torres producen radiación no ionizante, el mismo tipo que se encuentra en los hornos de microondas, los controles remotos y las luces LED, a diferencia de la radiación ionizante presente en los rayos X y los rayos gamma, que sí tiene la capacidad de alterar el ADN. La FCC actualizó por última vez sus estándares de exposición humana en 2019, exigiendo a los operadores que cumplan con la normativa antena por antena; cualquier modificación en un sistema de antenas conlleva una nueva revisión y la posible revocación de las licencias en caso de incumplimiento.

Steve Kennedy, ingeniero en radiofrecuencia con 36 años de experiencia, explicó el marco regulatorio establecido por la FCC. 

“Eso es lo que el cuerpo humano puede soportar; por ello, la FCC dijo, ‘Muy bien, reduzcamos ese nivel para garantizar la seguridad.’ Así que lo redujeron en un factor de diez, lo cual estableció el nivel ocupacional,” explicó Kennedy.

Kennedy señaló que, si bien la radiación no ionizante produce calor, los miembros de la comunidad no lo percibirían.

“Para percibir y sentir el calor de la antena, uno tendría que subirse a una grúa, elevarse hasta ella, colocar la mano sobre la antena y, solo entonces, sentiría el calor,” afirmó Kennedy.

No obstante, la torre ha suscitado inquietudes entre los residentes desde su aprobación. El abogado de la ciudad, Jon Paladini, asesoró a la junta indicando que las preocupaciones relativas a las ondas de radio no podían, legalmente, ser un factor en sus deliberaciones, las cuales se limitaban al uso del suelo.

El concejo no tomó ninguna medida con respecto a la torre, pero votó por unanimidad para cambiar el nombre del "Día de César Chávez" por el de "Día de los Trabajadores Agrícolas," a raíz de las acusaciones de agresión sexual contra Chávez que salieron a la luz en marzo.

La alcaldesa Roxanna Valenzuela envió una carta a la gobernadora Katie Hobbs solicitando apoyo financiero para cambiar el nombre del puente César Chávez, el cual conecta la Calle 6.ª por encima de la Interestatal 10. El panel metálico con la imagen de Chávez ya ha sido retirado del puente.

"Ha quedado claro que ya no podemos honrar un legado que se ha construido a costa del daño infligido a otros," rezaba la carta. "Actualmente, el puente es motivo de gran preocupación pública, caracterizada por el consumo abierto de drogas y condiciones peligrosas en las que las personas corren el riesgo de caer hacia la autopista que se encuentra debajo. Esto representa un peligro inminente tanto para quienes se encuentran en el puente como para los automovilistas que transitan por debajo del mismo. Le solicitamos que se una a nosotros para garantizar que este espacio refleje la integridad de nuestra historia, al tiempo que brinda la seguridad y la protección que nuestros ciudadanos merecen."

No todos los asuntos tratados por el concejo giraron en torno a la controversia. Brian Sanders, residente de South Tucson con experiencia en el sector tecnológico, presentó un plan para establecer una red WiFi gratuita para toda la comunidad.

"Simplemente no hay razón alguna por la que no podamos empezar a proveer acceso a internet para asegurar que todos dispongan de él,” afirmó Sanders, proponiendo un modelo en el que la ciudad adquiera y sea propietaria del equipo profesional necesario para el proyecto, con la colaboración de los miembros de la comunidad en la planificación, instalación y mantenimiento de una red que podría verse reforzada aprovechando el ancho de banda que ya poseen los residentes y negocios locales.

Las empresas y los residentes locales gastan $291,000 anuales tan solo en facturas de internet, señaló Sanders.

Si la ciudad decidiera seguir adelante con la idea, la compra única del equipo tendría un costo de entre $12,000 y $15,000 mientras que el servicio mensual oscilaría entre los $300 y los $800. 

“A lo largo de cinco años, los residentes terminarían gastando de su propio bolsillo cerca de 50 veces lo que la ciudad podría invertir tan solo para construir esta infraestructura y dotarla de una red troncal de internet confiable,” afirmó Sanders.

Sanders espera llevar a cabo una auditoría para identificar las ubicaciones de montaje y las prioridades de cobertura, colaborar con socios a nivel condal y estatal en la financiación y el apoyo a la instalación, y regresar ante el concejo con un plan y un cronograma.

Topacio “Topaz” Servellon es periodiste del Foco de Tucson. Puede contactarle en topacioserve@gmail.com.

Esta nota fue traducida por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.