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Los candidatos de Tucson decidirán este noviembre si formalizarán una asociación energética, pionera en su tipo con Tucson Electric Power, la cual destinaría millones de dólares provenientes de los fondos de los accionistas hacia proyectos climáticos y asistencia energética para personas de bajos ingresos.

El Concejo Municipal de Tucson votó por unanimidad el pasado 7 de abril para incluir una propuesta de acuerdo de franquicia con Tucson Electric Power en la boleta electoral de noviembre.

Según las autoridades, de ser aprobado por los votantes el 3 de noviembre, el acuerdo ayudaría a reducir los costos para los residentes, impulsaría los objetivos climáticos de la ciudad y marcaría el primer convenio de este tipo en Arizona.

El acuerdo de colaboración energética canalizaría los fondos de los accionistas de TEP hacia las iniciativas climáticas de la ciudad. La aprobación del acuerdo de franquicia permitiría el flujo de dichos fondos y vincularía legalmente ambos convenios.

Fátima Luna, Directora de Resiliencia, señaló que la ciudad organizó numerosas asambleas públicas durante el proceso de redacción, las cuales generaron un sólido respaldo ciudadano y aportaron comentarios que dieron forma a varias modificaciones. Una de estas revisiones incrementó el pago anual de TEP: en lugar de un aumento del 2% cada dos años, se inició un aumento del 2% cada año a lo largo de los 25 años de vigencia del acuerdo.

Dicho cambio, realizado en respuesta a los comentarios recibidos en las asambleas públicas, eleva los ingresos totales previstos del acuerdo de 56 millones a 64 millones de dólares a lo largo de su período de 25 años.

Asimismo, el acuerdo traslada la toma de decisiones sobre los proyectos, que antes requería un proceso de aprobación mutua, a un control exclusivo por parte de la ciudad, y exige a esta desarrollar una estrategia de implementación para garantizar la transparencia y la flexibilidad a medida que evolucione la tecnología.

La Comisión de Sostenibilidad Climática y Energética de la ciudad fungirá como el órgano asesor formal encargado de supervisar la implementación del acuerdo.

“Estas inversiones permitirán a la ciudad invertir directamente en las comunidades y en los hogares de las personas, no solo a través de modernizaciones, mejoras de aislamiento térmico, energía solar y programas de asistencia,” afirmó Luna. “Realmente se destina de manera directa a las necesidades y prioridades de nuestra comunidad.”

El abogado de la ciudad, Roi Lusk, atribuyó los orígenes del acuerdo al fracaso de la Proposición 412 en 2023, la cual habría impuesto un cargo del 0.75% a los clientes de TEP con el fin de recaudar 5 millones de dólares para infraestructura y para el Plan de Acción Climática. Lusk señaló que dicha derrota fue el catalizador del enfoque actual, afirmando que la ciudad “no estaría en esta situación de no ser por” el rechazo de la comunidad a aquella propuesta.

El concejal del Distrito 3, Kevin Dahl, calificó el acuerdo de colaboración energética como “lo máximo,” aunque reconoció haber recibido correos electrónicos de sus electores que consideran que el acuerdo beneficia de manera desproporcionada a TEP.

Dahl expresó su esperanza de que la ciudad pueda asociarse con TEP en proyectos de energía solar y en programas de asistencia para el pago de facturas destinados a personas de bajos ingresos, sin dejar de cuestionar a la empresa de servicios públicos en relación con su actual solicitud de aumento de tarifas.

“Reconozco que, en este momento, TEP es el blanco de la ira de muchas personas,” comentó Dahl.

TEP respalda el acuerdo de franquicia, argumentando que los términos negociados, que rigen su uso de las calles públicas y de los derechos de vía, permitirían mejorar la confiabilidad del servicio y los tiempos de respuesta durante los cortes de suministro eléctrico. La empresa advirtió que, de no concretarse el acuerdo, el acceso a los derechos de vía podría verse sujeto a nuevos requisitos o demoras, lo cual podría agravar los efectos de los cortes de energía.

No todos están de acuerdo. Public Power Tucson emitió un comunicado de prensa el 8 de abril calificando los $2 millones en fondos anuales de TEP como una “miseria” y un "soborno" destinado a proteger las ganancias de la compañía, y argumentó que resulta irresponsable comprometer a la ciudad en un acuerdo que no podrá ser renegociado durante 25 años.

En la misma sesión, el concejo también abordó el presupuesto de la ciudad para el año fiscal 2027, el cual incluye una propuesta de recorte de $7.1 millones para el Departamento de Bomberos de Tucson; esta medida podría derivar en el cierre de las estaciones de bomberos 3 y 6, así como en la eliminación de los programas de educación pública sobre prevención de incendios y del programa Tucson Collaborative Community Care.

La Estación 3, la más cercana a la Universidad de Arizona, vería reducido su presupuesto en $3.6 millones, mientras que la Estación 6, situada junto a la Academia del Departamento de Policía de Tucson y el Complejo Penitenciario Estatal de Arizona en Tucson,  generaría un ahorro de $2.5 millones.

Los funcionarios municipales sostienen que las grandes instituciones ubicadas en las proximidades de ambas estaciones no están aportando la parte que les corresponde al servicio local de bomberos. Un memorando de entendimiento vigente entre la ciudad y la Universidad de Arizona reconoce la responsabilidad de la universidad respecto al servicio de bomberos dentro de su campus; según los funcionarios, este documento podría servir de base para establecer un acuerdo de financiación que permita mantener abierta la Estación 3.

Asimismo, podría explorarse un acuerdo similar con la prisión estatal en lo que respecta a la Estación 6, dado que gran parte de las llamadas que recibe dicha estación provienen del sistema penitenciario.

El programa Tucson Collaborative Community Care, una iniciativa del Departamento de Bomberos de Tucson cuyo objetivo es reducir las llamadas inapropiadas al 911 abordando sus causas de raíz, también sufriría recortes. Si se suman a las reducciones en educación pública, la eliminación de este programa generaría un ahorro anual de $1,035.000.

"Se trata de una labor sumamente útil e importante,” afirmó el administrador de la ciudad, Tim Thomure. "No obstante, sabemos que la ciudad cuenta con otros recursos internos que nos permitirían seguir prestando este servicio, o servicios similares.”

Thomure desmintió los rumores sobre posibles despidos de bomberos, aclarando que el cierre de cualquier estación conllevaría la reasignación del personal a otras unidades operativas. Según explicó, el ahorro provendría de la reducción de las horas extras, si bien reconoció que el cierre de dichas estaciones provocaría un aumento en los tiempos de respuesta en determinadas zonas de la ciudad.

Ian Stash es estudiante de periodismo en la Universidad de Arizona y pasante en El Foco de Tucson. Puede contactarlo a través de la dirección istash@arizona.edu.

Esta nota fue traducida por los pasantes de la preparatoria San Miguel y editada por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org

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