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Funcionarios del condado informaron a los supervisores a principios de este mes que la cantidad de hogares del Condado de Pima que reciben beneficios de SNAP se ha reducido casi a la mitad en menos de un año, ya que el One Big Beautiful Bill Act elimina la elegibilidad de veteranos, personas sin hogar, jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal y miles de personas más que anteriormente calificaban para recibir asistencia alimentaria y de atención médica.

Los supervisores conocieron los detalles del plan de acción propuesto por el condado durante su reunión del 9 de junio; el Departamento de Salud del Condado de Pima propuso una respuesta coordinada ante los cambios en las políticas para mitigar el posible impacto.

La ley introduce los siguientes cambios en los requisitos de elegibilidad y presentación de informes para SNAP y AHCCCS:

• Ampliar el rango de edad para los requisitos de reporte de actividades laborales aplicables a adultos físicamente aptos y sin dependientes, pasando de 18-54 años a 18-64 años.
• Restringir los grupos de inmigrantes elegibles únicamente a residentes permanentes legales y categorías limitadas, excluyendo a refugiados, asilados y personas con permiso de permanencia temporal.
• Modificar la designación de "empleos insuficientes" de Arizona, de modo que las exenciones ahora solo se apliquen a áreas con una tasa de desempleo superior al 10%. Según datos del año fiscal 2026, esto deja al Condado de Pima sin posibilidad de obtener dichas exenciones, calificando únicamente la ciudad de Yuma y ciertas áreas tribales.
• Reducir las exenciones parentales de los requisitos de elegibilidad: ahora solo aplicarán a padres que cuidan a niños menores de 14 años, en lugar de los menores de 18 años.
• Eliminar la mayor parte de las declaraciones juradas en el proceso de verificación, exigiendo ahora pruebas verificadas de ingresos y actividades laborales.
• Eliminar las exenciones de elegibilidad para veteranos, personas sin hogar y jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal.
• Basar los cálculos de ingresos en el ingreso bruto con menos deducciones, eliminando las deducciones por gastos en facturas de servicios públicos.

En todo el Condado de Pima, el número de beneficiarios de SNAP se ha reducido casi a la mitad en menos de un año. Entre julio de 2025 y abril de 2026, la cifra de hogares beneficiarios de SNAP cayó de 78,001 a 39,197, y el número total de residentes del condado que reciben beneficios descendió de 144,720 a 67,671. 

Esto incluye una disminución de casi el 56 % en el número de niños que reciben beneficios de SNAP en el condado, pasando de 53,616 a 23,710.

La tendencia refleja lo que ocurre en el resto del estado. En ese mismo periodo, el número de hogares beneficiarios de SNAP en Arizona disminuyó de 455,652 a 253,162, y la cantidad de personas que recibían los beneficios cayó de 908,989 a 435,196.

Para quienes permanecen en el programa SNAP en el Condado de Pima, los beneficios se han reducido casi un 15%; el beneficio promedio por hogar bajó de $330.79 a $282.15, una cifra significativamente inferior al promedio estatal, que descendió de $356.59 a $311.43.

La Dra. Theresa Cullen, directora del Departamento de Salud del Condado de Pima, señaló que las cifras presentadas son una "cifra variable,” ya que a menudo existen discrepancias entre las distintas fuentes de información.

"Prevemos coordinar una respuesta tanto dentro del condado como con nuestros socios en toda la zona, principalmente sistemas de atención médica y organizaciones comunitarias, para garantizar que las personas logren una inscripción adecuada en SNAP y tengan acceso al programa," afirmó Cullen.

Matt Heinz, supervisor del Distrito 2, estimó que los recortes en SNAP representan una pérdida anual de $178 millones en fondos federales que el Condado de Pima ya no recibe.

"Quiero que todos entiendan que no hay manera de que el condado, la ciudad, el estado o los bancos de alimentos comunitarios puedan compensar esta pérdida," declaró Heinz.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid también están recibiendo comentarios públicos sobre una norma establecida el 1 de junio que, según Cullen, limitaría considerablemente el concepto de fragilidad médica.

Cullen indicó que, por el momento, el condado no cuenta con directrices claras sobre cómo las personas acreditarán los requisitos de elegibilidad, quién documentará dicha información ni cómo se enviará y verificará la documentación a nivel estatal para los programas Medicaid y SNAP.

El condado continúa inscribiendo a residentes en el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) utilizando fondos propios; en el último año se han inscrito más de 2,000 personas. Asimismo, el Condado de Pima gestiona un programa de referencias mediante el cual los residentes pueden solicitar asistencia alimentaria y obtener derivaciones a través de departamentos como el de Servicios de Desarrollo. 

El sistema de Medicaid de Arizona enfrenta restricciones de elegibilidad similares; el 1 de octubre entrarán en vigor cambios en los criterios para los inmigrantes, los cuales anteriormente incluían a personas con estatus humanitarios.

A partir de 2027, las renovaciones deberán realizarse cada seis meses en lugar de cada 12, con plazos de respuesta más breves y requisitos más frecuentes para acreditar la actividad laboral. Se han reducido las excepciones relacionadas con el trabajo: aunque la fragilidad médica sigue siendo una causa de exención, ahora requiere una verificación más estricta. Asimismo, una nueva normativa federal exigirá que los adultos de entre 19 y 64 años cubiertos por la expansión de Medicaid realicen actividades laborales o de participación comunitaria.

A nivel estatal, se estima que 380,000 personas inscritas en AHCCCS corren el riesgo de ser dadas de baja. Las normas sobre requisitos laborales afectarán a 190,000 adultos, mientras que se prevé que los procesos de redeterminación más frecuentes provoquen 50,000 bajas anuales adicionales. En el caso del Condado de Pima, esto probablemente signifique que entre 25,000 y 35,000 residentes estarán sujetos a los nuevos requisitos.

El Departamento de Salud del Condado de Pima ha propuesto un plan de acción para todo el condado con el fin de preservar la cobertura de atención médica, reducir la inseguridad alimentaria y prevenir futuras brechas en ambos ámbitos.

El plan de acción contempla el desarrollo de recursos de orientación multilingües y herramientas dirigidas a la comunidad, la ampliación de la asistencia para la inscripción a través de Health-e-Arizona Plus y programas en clínicas, así como la creación de vías de derivación mediante evaluaciones clínicas, referencias por inseguridad alimentaria y orientación sobre recursos comunitarios.

"Ha habido informes de personas tan desanimadas que optan por creer que no calificarán para acceder a los servicios o a SNAP debido a los cambios ocurridos," señaló Cullen.

Para restablecer el acceso a la atención médica, el plan propone apoyar procesos de redeterminación de AHCCCS más ágiles a nivel estatal, analizar las tendencias de bajas del programa, identificar poblaciones de alto riesgo, brindar asistencia en la orientación y renovación a los inscritos en AHCCCS y reducir la pérdida de cobertura en el mercado de seguros del Afforadable Care Act.

Para reducir la inseguridad alimentaria, el plan aboga por promover una mayor flexibilidad a nivel local y estatal en los requisitos de elegibilidad de SNAP, monitorear las tendencias de inseguridad alimentaria y las tasas de participación en SNAP, y ampliar las actividades de difusión y asistencia para la inscripción en programas de ayuda alimentaria de emergencia como alternativas a SNAP.

El plan también busca fortalecer la preparación del sistema, conectar a los usuarios con asistencia alimentaria, recursos de salud, oportunidades laborales y servicios de apoyo social, así como construir una infraestructura a largo plazo que garantice una cobertura sostenida y ayude a reducir costos futuros.

El supervisor del Distrito 5, Andrés Cano, se opuso a los requisitos laborales para los beneficiarios de SNAP, señalando la drástica reducción de beneficios para niños como prueba de que los recortes van mucho más allá de afectar únicamente a adultos físicamente aptos para trabajar. También criticó el momento elegido para los cambios en Medicaid, que entrarán en vigor tras las elecciones de mitad de mandato de noviembre, e instó a los residentes a ponerse en contacto con el representante federal Juan Ciscomani y con la administración federal para exigir que se revierta la medida.

El supervisor del Distrito 4, Steve Christy, señaló la existencia de otros recursos alimentarios para los niños de la comunidad, como el programa de almuerzos gratuitos o a precio reducido del Distrito Escolar Unificado de Tucson; sin embargo, la supervisora ​​del Distrito 3, Jennifer Allen, advirtió que dichos programas también se verían afectados por un recorte de fondos de 1,000 millones de dólares en 2025.

"Sabemos que la nutrición, especialmente en la primera infancia, es fundamental. Es crucial no solo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo cerebral," afirmó Cullen. "Existen numerosos estudios históricos y revisados ​​por pares que indican que la desnutrición o una alimentación inadecuada en los primeros años de vida frenan el crecimiento y el desarrollo cerebral, daños que no pueden revertirse más adelante."

Cullen también destacó el impacto económico más amplio de los recortes, señalando las repercusiones en cadena que conlleva la pérdida de ingresos del programa SNAP para los comercios de alimentación y la situación de los residentes sin seguro médico, obligados a buscar tratamientos que no pueden costear.

Ian Stash es egresado de la Universidad de Arizona y periodista independiente radicado en Tucson. Puede contactarlo en ianjgs16@gmail.com.

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.

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