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Tucson está arrestando a más personas por delitos relacionados con las drogas que hace un año; sin embargo, los funcionarios municipales afirman que el objetivo no es la encarcelación, sino lograr que estas personas accedan a tratamiento.

La ciudad reportó un aumento del 67% en los arrestos por delitos graves y menores relacionados con las drogas durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un total de 806, como parte de su Iniciativa Safe City. Se trata de un esfuerzo integral que aborda la seguridad pública, la falta de vivienda y el consumo de sustancias, y que, según los funcionarios, está diseñado para conectar a las personas con los servicios pertinentes, y no para llenar las celdas de las cárceles.

Sin embargo, varias organizaciones locales de ayuda mutua se oponen a la iniciativa, ofreciendo una visión radicalmente distinta de los resultados del programa. Community Care Tucson, Alma 520 y Gatoraid sostienen que la iniciativa equivale a una agenda de detenciones masivas y criminalización de la pobreza, señalando en una publicación conjunta en Instagram post que, desde el mes de octubre, esta ha derivado en cientos de arrestos y miles de cargos, pero en apenas unas pocas docenas de derivaciones a albergues.

Los propios datos de la ciudad correspondientes al mes de marzo otorgan cierto peso a esa afirmación. Quince operativos del programa Safe City derivaron en 360 contactos, 328 arrestos y 1,097 cargos, logrando el desmantelamiento de 15 campamentos. Esos mismos operativos generaron 29 derivaciones a albergues, 26 evaluaciones de desintoxicación y 15 tratamientos con asistencia médica.

Los grupos afirman que los residentes no confían en los servicios ofrecidos por la ciudad cuando estos se presentan junto con la amenaza de arresto, y señalan que décadas de investigación demuestran que las redadas y los arrestos agravan el problema de la falta de vivienda en lugar de reducirlo.

Asimismo, establecieron un vínculo directo entre esta iniciativa y una orden ejecutiva de 2025 de la administración Trump sobre la falta de vivienda, acusando al alcalde y al concejo de implementar dicha agenda a nivel local.

La jefa de policía de Tucson, Monica Prieto, declaró durante la reunión del Concejo Municipal del 7 de abril que, en enero, el Departamento de Policía de Tucson, TPD por sus siglas en inglés, emitió directrices a sus agentes para mejorar la forma en que recopilan información sobre el comportamiento y los antecedentes penales de las personas detenidas, con el objetivo de dotar mejor a los fiscales para que puedan dar seguimiento a los casos en etapas posteriores.

“Hay ciertos individuos que han sido arrestados reiteradamente por el mismo tipo de infracciones relacionadas con disturbios y drogas en periodos de tiempo muy breves. A menudo, son detenidos en los mismos lugares,” señaló Prieto. “Es importante identificar a esos delincuentes reincidentes prioritarios cuyo comportamiento no cambia, y emplear estrategias de disuasión focalizada para garantizar que haya rendición de cuentas.”

Prieto señaló que la aplicación de la ley por sí sola no es suficiente, destacando la necesidad de desviar casos del sistema de justicia penal y de implementar intervenciones basadas en la prestación de servicios. La ciudad está colaborando con proveedores de servicios comunitarios y administradores del condado en estas iniciativas, las cuales han incluido tres despliegues del programa Clear Path en lo que va del año.

El departamento de transporte también desempeña un papel fundamental en la iniciativa Safe City. El Departamento de Transporte y Movilidad de Tucson ha formalizado reuniones periódicas de coordinación con TPD, SunTran y los servicios de seguridad contratados, con el fin de establecer estándares compartidos para la notificación de datos que permitan rastrear con mayor precisión los lugares donde ocurren los incidentes.

El departamento también solicitó $350,000 para financiar los despliegues especiales del TPD, los cuales se pusieron en marcha el 9 de marzo. En las tres primeras semanas del programa, 228 horas de servicio de los agentes resultaron en 69 arrestos, 129 advertencias y nueve derivaciones a servicios.

El departamento de transporte busca obtener $150,000 dólares adicionales para realizar mejoras ambientales en las paradas de autobús, con el objetivo de desalentar algunos de los incidentes problemáticos que allí tienen lugar. Estas mejoras incluyen la instalación de iluminación o la eliminación de obstáculos.

La aprobación de las Proposiciones 418 y 419 generará aproximadamente $2,5 millones anuales destinados a la seguridad vial durante la vigencia del plan. Entre los objetivos futuros se incluyen la capacidad de monitoreo en tiempo real a través del Centro de Seguridad y Respuesta Comunitaria, así como la ampliación de los servicios de seguridad contratada.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Tucson dedicó el mes a recopilar comentarios del grupo de trabajo de Safe City y de organizaciones sin fines de lucro afines, utilizándolos para redactar un nuevo documento de política.

El documento define dos nuevos conceptos: un "espacio exterior seguro," que utiliza tiendas de campaña o campamentos para conectar a las personas sin hogar con diversos servicios; y un "lugar de estacionamiento seguro," un enfoque similar dirigido a familias sin hogar que residen en automóviles o vehículos recreativos.

"Realmente estamos tratando de equilibrar diferentes necesidades en este caso. Queremos garantizar que los usuarios que carecen de hogar cuenten con un nivel de seguridad; también queremos asegurarnos de que estos sitios actúen como buenos vecinos y, además, queremos facilitar que las organizaciones sin fines de lucro y las entidades de base religiosa puedan crear este tipo de espacios," afirmó Anne Chanecka, directora del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Tucson.

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, expresó su entusiasmo con el plan Safe City, señalando que ha observado impactos positivos y ha recibido comentarios favorables por parte de los vecindarios y comercios locales.

"Desde el inicio de la iniciativa Safe City, he dejado muy claro que el objetivo no es la encarcelación, sino el tratamiento, así como conectar a las personas con los tratamientos y recursos que necesitan; y eso es precisamente lo que he podido constatar de primera mano," declaró Romero.

Los grupos de ayuda mutua están animando a los residentes a inscribirse en las próximas sesiones de participación pública sobre la Iniciativa Safe City.

Ian Stash es estudiante de periodismo en la Universidad de Arizona y pasante en Tucson Spotlight. Puede contactar en istash@arizona.edu.

Esta nota fue traducida por los pasantes de la preparatoria San Miguel y editada por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.  

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