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Los residentes de Tucson que intervinieron en la audiencia de la Comisión de Planificación del 3 de junio sobre las regulaciones propuestas para los centros de datos enviaron un mensaje claro: las normas no son lo suficientemente estrictas.

La Comisión de Planificación de la ciudad de Tucson celebró una audiencia pública sobre un nuevo conjunto de normativas que está evaluando para regular los centros de datos dentro de los límites municipales; la opinión mayoritaria de los residentes fue que es necesario hacer más al respecto.

La comisión no tomó decisiones definitivas el mes pasado, pero votó por unanimidad a favor de incorporar los comentarios del público y actualizaciones clave sobre energía en su próxima serie de recomendaciones para el concejo municipal.

Aunque actualmente no existen centros de datos a gran escala en Tucson, técnicamente están permitidos según el código municipal. La ciudad decidió no imponer una prohibición total, argumentando que tal medida probablemente sería anulada en los tribunales.

En su lugar, la comisión optó por elaborar regulaciones que aborden el consumo de agua y energía, asumiendo la instalación de centros de datos como algo inevitable y buscando anticiparse a cualquier desarrollo futuro bajo sus propias condiciones.

Según la normativa propuesta, los centros de datos requerirían un proceso exhaustivo de revisión pública en lugar de un permiso estándar de uso de suelo; este requisito actualmente está reservado únicamente para las centrales eléctricas.

Las regulaciones propuestas abordan diversas preocupaciones, tales como límites de ruido en los límites de la propiedad, requisitos de sistemas de respaldo con baterías para cortes de energía, acreditación de un suministro adecuado de agua y electricidad, divulgación de la matriz energética, prohibición del uso de agua potable para refrigeración y requisitos de paisajismo, incluyendo zonas de amortiguamiento mejoradas de 40 pies (el doble de los 20 pies originales), limitando el estacionamiento al 40% de la superficie del terreno y destinando el resto a la replantación con vegetación nativa.

La ciudad define un centro de datos a gran escala como cualquier instalación o parte de una instalación ubicada en un mismo sitio, bajo una única propiedad, que cuente con una superficie bruta de al menos 25,000 pies cuadrados y un consumo de energía superior a los 20 megavatios. Este umbral se redujo desde los 50 megavatios iniciales tras recibir comentarios de que la cifra original era demasiado elevada.

Según el código de zonificación actual, los centros de datos más pequeños se clasifican como instalaciones de almacenamiento, mientras que los de mayor tamaño no están sujetos a ninguna regulación. El ayuntamiento solicitó modificar el código para abordar este vacío normativo en agosto de 2025.

Poco después, la ciudad aprobó una ordenanza para grandes consumidores de agua que regula el uso del recurso para quienes requieren grandes volúmenes, incluidos los centros de datos. Actualmente, la ordenanza identifica a unos seis grandes consumidores de agua; todos ellos son complejos turísticos y campos de golf que utilizan agua regenerada.

La comisión de planificación comenzó a estudiar posibles normativas en septiembre de 2025 y celebró reuniones comunitarias en febrero y marzo. El personal técnico señaló que los residentes expresaron sistemáticamente cuatro inquietudes: si Tucson dispone de suficiente agua para abastecer a los centros de datos, la posible sobrecarga de la red eléctrica, la oposición rotunda a la instalación de cualquier centro de datos en la ciudad y la opinión de que la zona de amortiguamiento propuesta de 400 pies respecto a las zonas residenciales era insuficiente para proteger la salud pública o limitar el ruido.

Según la recomendación prevista actualmente, se notificaría a todos los propietarios de inmuebles situados en un radio de media milla (unos 800 metros) de un centro de datos propuesto y a todas las asociaciones vecinales en un radio de dos millas (unos 3,2 kilómetros); esto supone un aumento respecto a los límites anteriores de 400 pies y una milla, respectivamente. El proceso también incluiría una reunión vecinal y una decisión por parte del ayuntamiento.

Otros cambios recientes incluyen un límite de altura máxima de 50 pies, la duplicación de la distancia de separación respecto a zonas residenciales hasta los 2,640 pies y la ampliación de la zona de amortiguamiento con respecto a áreas comerciales y de oficinas, pasando de 600 a 1000 pies.

Nick Maya, director de proyectos de la Coalición para la Protección del Desierto de Sonora, afirmó que su organización apoyaba firmemente las modificaciones del código, pero deseaba que fueran más allá e incluyeran disposiciones sobre el desmantelamiento de los centros de datos.

"Está muy bien ocupar un asiento privilegiado en la mesa de autoridades, tomar decisiones, ejercer poder y decir que uno se opuso a las fuerzas del mal; pero hay otras personas que tienen que poner el cuerpo, que terminan en la cárcel y que tendrán que hacer mucho más en el futuro dependiendo de las decisiones que ustedes tomen," dijo a la comisión la residente April Putney. "Así que espero que piensen en el resto de la gente y en cómo les afectará esto más allá de sus decisiones, de sus decisiones tan seguras tomadas aquí hoy." 

Vivek Bharathan citó lo que calificó como una oposición comunitaria "abrumadora" a los centros de datos de gran escala y expresó su apoyo a cambios que incluyen reducir el umbral energético para definir qué se considera una instalación de gran escala.

Bharathan también cuestionó el requisito de notificación, señalando que debería extenderse más allá de los propietarios para incluir a los inquilinos, quienes, a su juicio, tienen el mismo derecho a estar informados sobre los proyectos de desarrollo previstos cerca de sus hogares.

"A medida que escuchamos y seguimos escuchando sobre los impactos, ya sea el ruido o la contaminación atmosférica, vemos estudio tras estudio y semana tras semana cómo aumentan el alcance y la magnitud de las repercusiones para la salud y el bienestar de las personas que vivirían en las proximidades de estas instalaciones," afirmó Bharathan. "Por ello, sostenemos que no queremos estas instalaciones aquí."

Otro residente, Dylan Jorgensen, afirmó que los aproximadamente 50 empleos que generaría un centro de datos representaban un crecimiento laboral insignificante para una ciudad del tamaño de Tucson y que no compensaban la devastación que conllevaría su desarrollo.

Adria Brooks, quien formó parte del Comité Asesor Técnico encargado de elaborar la normativa de uso de suelo para centros de datos, expresó varias inquietudes sobre las regulaciones previstas actualmente; la primera de ellas se refería a la exigencia de utilizar únicamente generadores de gas natural.

Brooks manifestó su temor de que la redacción de la norma obligara a depender de sistemas de respaldo basados ​​en combustibles fósiles, en lugar de permitir alternativas de generación de bajas emisiones o sistemas de almacenamiento.

Asimismo, Brooks calificó de "irrelevante" la disposición que prioriza el uso de baterías como sistema de respaldo, argumentando que los centros de datos ya operan de esa manera y que la autonomía de las baterías sería insuficiente para marcar una diferencia significativa. También cuestionó la prohibición propuesta sobre el desplazamiento de carga, sosteniendo que la imposibilidad de gestionar la carga de esta forma eleva las facturas eléctricas de los usuarios en lugar de reducirlas.

Brooks propuso tres modificaciones: exigir que los generadores de respaldo prioricen tecnologías de bajas emisiones frente a las de altas emisiones; obligar a utilizar el sistema de respaldo durante dos horas antes de recurrir a la generación de altas emisiones; y requerir que los centros de datos tengan capacidad para desconectarse de la red eléctrica a petición de la compañía suministradora.

La comisionada Valerie Lane reconoció la oposición de la comunidad, pero cuestionó hasta qué punto la normativa de zonificación por sí sola podría resolver el problema.

"Algo que me ha quedado muy claro en los últimos meses, al familiarizarme con nuestra labor aquí, es que el público se ha pronunciado de manera inequívoca y unánime. Me sorprende; por lo general, en esta comisión observamos opiniones públicas muy divididas sobre cuestiones específicas," señaló Lane. "En este caso, hay unanimidad. Nuestra comunidad no quiere esto."

Lane destacó que algunos desarrolladores de centros de datos han suscrito acuerdos de desarrollo comunitario en otras ciudades, medidas que comparó con un impuesto, y sugirió que acuerdos similares en Tucson podrían financiar iniciativas como la instalación de paneles solares residenciales o sistemas de aprovechamiento de aguas grises.

Ian Stash es egresado de la Universidad de Arizona y periodista independiente radicado en Tucson. Puede contactarlo en ianjgs16@gmail.com.

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.

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