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Una década después de que Norlan Flores demandará a la Patrulla Fronteriza por las condiciones inhumanas en su estación de Tucson y obtuviera una orden judicial federal destinada a imponer cambios duraderos, los migrantes que pasan hoy por la misma red de detención describen las mismas celdas gélidas, privación de sueño y falta de atención médica, según entrevistas e informes de inspección federales recién publicados.

Dos nuevos informes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional sugieren que dichas condiciones han persistido. Uno de ellos reveló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sigue ignorando los cambios ordenados por el tribunal, mientras que el otro halló condiciones similares en una red más amplia de centros de detención tanto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como de gestión privada en la zona.

Flores formó parte de una demanda colectiva de 2015, Dove v. Mayorkas, presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Arizona debido a condiciones que incluían a personas durmiendo en el suelo de los baños entre sus propios desechos, sobreviviendo con poca comida y preguntándose si el agua que bebían era segura.

La orden, emitida en abril de 2020 por el juez federal de distrito David C. Bury en el tribunal federal de Tucson, constituye un mandato judicial permanente, esto significa que no se solicitó al tribunal una indemnización económica, sino que obligará a la CBP y a la Patrulla Fronteriza a modificar sus prácticas de manera definitiva.

En virtud de la orden judicial, la CBP no puede saturar las celdas ni hacinarlas hasta el punto de que los detenidos debían dormir en las áreas de los baños o cerca de ellas. Se debe garantizar a los detenidos condiciones adecuadas para dormir, lo que incluye una cama elevada o litera con colchón, en lugar de una colchoneta en el suelo, y una manta de tela lavable, en lugar de una lámina de Mylar o papel de aluminio. Asimismo, tienen garantizado por ley el acceso a duchas funcionales, alimentos suficientes para mantener la salud, agua potable y una evaluación médica realizada por un profesional cualificado, como un médico, un enfermero o un técnico en emergencias médicas (EMT.)

La orden se aplica a cualquier persona detenida durante más de 48 horas y exige a la CBP que libere o traslade a los detenidos si el centro no cumple con dichas normas.

Al tratarse de una orden de un tribunal federal, el incumplimiento por parte de la CBP podría constituir una violación de la ley federal.

Un portavoz de la CBP declaró que la agencia está al tanto de la orden judicial federal, pero no hizo más comentarios al respecto.

CoreCivic, la empresa que opera el centro de Eloy bajo contrato con el ICE, declinó hacer comentarios.

Flores expresó su esperanza de que la orden relacionada con su caso condujera a una reforma significativa. Sin embargo, considera que los casos de incumplimiento en la aplicación de las leyes de inmigración se han vuelto más frecuentes.

"Creo que esto no tiene fin. Nada ha cambiado; la situación ha empeorado,” afirmó.

El Comité Internacional de Rescate (IRC), la ACLU de Arizona y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence sostienen que, si bien las tácticas de control migratorio han evolucionado, el sistema subyacente permanece inalterado. Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump, la política migratoria ha dependido cada vez más del ICE como brazo ejecutor visible ante el público. Actualmente, los detenidos suelen ser trasladados entre la custodia del ICE y la de la CBP, dado que ambas agencias operan bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con responsabilidades superpuestas e instalaciones compartidas.

Flores opina que el resultado es una reconfiguración del sistema, pero no una reforma auténtica, ya que persisten las mismas prácticas de detención bajo una fachada distinta y más visible.

"(Mi demanda) debía servir para algo," comentó Flores.

Cuestiones sobre el cumplimiento

Los abogados señalan que verificar el cumplimiento resulta difícil sin acceso fiable a registros, bitácoras de las instalaciones o información oportuna sobre los traslados de detenidos. Ami Hutchinson, abogada sénior de Green Evans-Schroeder, un bufete de defensa penal y migratoria con sede en Phoenix, afirmó que este tipo de ambigüedad ralentiza el proceso de reforma legal.

"Para ser franca, trabajar con la CBP es tan difícil que incluso a los abogados les cuesta lidiar con la opacidad de la agencia," señaló.

El Sector Tucson, la región abordada explícitamente en la orden, abarca aproximadamente 262 millas de la frontera entre Arizona y México. En mayo de 2024, la Oficina del Inspector General del DHS llevó a cabo inspecciones sorpresa en el lugar, en cinco instalaciones de la CBP dentro del Sector Tucson: un puerto de entrada gestionado por la Oficina de Operaciones de Campo y cuatro instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

Las cuatro instalaciones de la Patrulla Fronteriza incluyen el Centro de Coordinación de Tucson, la instalación de estructura flexible de Tucson, la instalación de procesamiento de Nogales y la estación de Ajo.

Los resultados, concluidos en enero de 2025, señalan numerosas infracciones de la orden judicial federal, lo que podría exponer a la CBP a nuevas violaciones de la ley federal.

En muchos casos, la atención médica prestada a los detenidos fue inadecuada. Aunque los centros de detención de la CBP, incluida la Estación de la Patrulla Fronteriza de Tucson, contratan a proveedores externos para atender a las personas bajo custodia, el informe de la Oficina del Inspector General del DHS determinó que la atención médica que la agencia ofrece a los detenidos es peligrosamente poco fiable.

El informe citaba dos cartas de la propia oficina médica de la CBP advirtiendo que no había suficiente personal contratado para atender a los detenidos.

"La incapacidad para garantizar que el proveedor de servicios médicos contratado cumpla con los requisitos de personal... podría reducir la calidad de la asistencia médica proporcionada a los detenidos mientras están bajo custodia de la CBP,” según el informe del inspector general.

Los inspectores también identificaron fallos en el trato a detenidos vulnerables, incluidos 12 casos en los que los agentes de la Patrulla Fronteriza no registraron las verificaciones de bienestar de migrantes con problemas de salud; entre ellos, una menor no acompañada que tenía 24 semanas de embarazo, según reveló el informe.

"Es muy sencillo," dijo Flores. "Para mí, es inhumano. No hay derechos."

Además de las posibles violaciones de la orden judicial federal, los documentos de la OIG (Oficina del Inspector General) también señalan incumplimientos de las propias normas nacionales de la CBP sobre Transporte, Escolta, Detención y Registro. En muchos casos, los detenidos permanecieron bajo custodia más tiempo de las 72 horas generalmente permitidas por dichas normas.

En el mismo informe, la Oficina del Inspector General del DHS también halló problemas de integridad de datos en los registros de custodia obtenidos del sistema electrónico de la Patrulla Fronteriza, ENFORCE3, más conocido como e3.

La oficina detectó lagunas en los registros, que abarcaban desde seis hasta 13 horas, en 15 de los expedientes, y señaló que los agentes de la Patrulla Fronteriza podrían haber falsificado entradas. En 11 registros de custodia, la OIG documentó entradas duplicadas, "a la misma hora o con pocos minutos de diferencia para las verificaciones de bienestar."

En su informe final, la OIG concluyó que la Patrulla Fronteriza infringió ciertas normas debido a limitaciones derivadas de la interacción con otras agencias, mencionando específicamente al ICE .

"Si bien la Patrulla Fronteriza mantuvo a algunos detenidos bajo custodia más allá del límite estándar de 72 horas, la interdependencia entre la Patrulla Fronteriza y la división ERO del ICE limitó su capacidad para abordar unilateralmente las detenciones prolongadas en sus instalaciones de retención a corto plazo," señaló el informe.

Algunos sostienen que estos fallos, independientemente de la agencia responsable, son prueba de un sistema que opera al margen de la ley federal. Hutchinson afirmó que su mayor preocupación actual respecto a la aplicación de las leyes de inmigración es que el gobierno actúa con impunidad.

 "El gobierno no está acatando las órdenes judiciales; las está incumpliendo ahora más que nunca," dijo Hutchinson. "El Departamento de Justicia (DOJ) ha sido instrumentalizado como arma."

El Sector de Tucson hoy

Más de una década después de que Flores estuviera bajo custodia, él afirma que los informes le resultan inquietantemente familiares.

"Siento que nada ha cambiado," dijo. "La situación actual es muy difícil. Da miedo, no solo para mí, sino para muchas personas en Tucson."

Las personas liberadas de los centros de detención este año describen condiciones notablemente similares a aquellas por las que Flores presentó una demanda, alegando que soportaron las mismas temperaturas gélidas, celdas hacinadas y condiciones inhumanas.

"Aquello era una herramienta de tortura utilizada allí: la temperatura de las salas," dijo Yassine Halhoul, estudiante de la Universidad de Arizona liberado de la detención del ICE el 13 de noviembre de 2025.

Muchos de estos migrantes, al igual que Halhoul, han estado detenidos en instalaciones administradas por el ICE, y no por la CBP, y se encuentran recluidos en la misma región geográfica a la que se refiere la orden.

El Sector de Tucson abarca la gran mayoría del estado e incluye centros de retención de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Nogales, Casa Grande, Douglas, Willcox, Ajo y Three Points, así como varios puntos de entrada.

Las personas procesadas en estos lugares suelen ser transferidas a la custodia del ICE, la cual en Arizona incluye el Centro de Detención de Eloy y el Complejo Correccional de Florence.

Ambas instalaciones son operadas por CoreCivic, una empresa contratada por ICE.

El 21 de octubre, Halhoul fue arrestado y sacado de su domicilio por agentes de HSI, siendo posteriormente detenido en una oficina local del ICE. Fue trasladado al Complejo Correccional de Florence y, finalmente, al Centro de Detención de Eloy, donde pasó la mayor parte del tiempo bajo custodia.

Halhoul, un estudiante internacional de 21 años originario de Marruecos, se graduó recientemente en ingeniería aeroespacial por la Universidad de Arizona. Relató que, durante su arresto, agentes de HSI le colocaron las esposas de manera agresiva, a pesar de que él acataba las órdenes y contaba con una visa F-1 válida.

Durante la detención, los agentes informaron a Halhoul de que querían hacerle algunas preguntas y le presentaron una orden administrativa, no una orden judicial.

“Pueden imprimirlos simplemente en su oficina,” dijo.

Una orden administrativa es emitida por una agencia de inmigración y no requiere revisión judicial ni autoriza a los agentes a entrar en una vivienda sin consentimiento; esto difiere de una orden judicial, la cual es firmada por un juez basándose en causa probable.

Halhoul relató que los agentes le dieron permiso verbal para volver a entrar en su casa y cambiarse de ropa antes de marcharse. Al entrar él, los agentes lo siguieron sin permiso y sin una orden judicial que autoriza el acceso al inmueble.

La situación cambió en ese momento y se tornó caótica.

"Fue entonces cuando se pusieron agresivos," dijo. "Fue un cambio radical, un giro de 180 grados."

Comentó que los agentes empezaron a gritar, lo agarraron inmediatamente por debajo de los brazos y lo arrastraron fuera de la vivienda. Recuerda que uno de los agentes se mostró especialmente agresivo.

En un momento dado, Halhoul le preguntó, "¿Cómo que me estoy resistiendo? Literalmente estoy caminando con ustedes."

Una situación conocida

Halhoul contó que lo llevaron a la oficina local del ICE en Tucson, donde se formalizó su detención y fue recluido en una de las celdas de las instalaciones.

Afirmó que no recibió ninguna evaluación médica en dicha oficina.

Halhoul cree que fue alrededor de las 5 de la tarde de aquel día cuando, tras ser esposados, lo trasladaron junto con otros dos hombres al Complejo Correccional de Florence. Al llegar, vio a decenas de detenidos esperando a ser procesados. Recuerda haber visto en el vestíbulo camas de plástico esparcidas por el suelo, ropa de cama fina y ausencia de almohadas.

Durante el proceso, Halhoul dijo haber sido presionado para firmar documentos en los que renunciaba a ciertos derechos y aceptaba su detención. Pasó tres días bajo custodia en Florence antes de ser trasladado a Eloy.

Finalmente, Halhoul relató que subió a un autobús grande y totalmente blanco que se asemejaba a los antiguos autobuses Greyhound. Comentó que, alrededor de las 6 de la mañana de lo que él cree que fue el 24 de octubre, un grupo de hombres, incluido él,  fue trasladado a Eloy. 

A su llegada, Halhoul comentó que a los hombres se les preguntó de inmediato sobre la deportación voluntaria como parte del proceso de admisión, el procedimiento del centro para organizar a los detenidos recién trasladados. Señaló que muchas personas levantaron la mano.

"Quienes se quedaron tenían una vida aquí o no tenían otro lugar adonde ir," afirmó.

Posteriormente, hicieron fila para un examen médico; según Halhoul, todo el proceso de admisión duró unas 12 horas.

"El sistema está diseñado para que no quieras estar allí," dijo.

Halhoul relató que el aire acondicionado en Eloy funcionaba continuamente, manteniendo las celdas a temperaturas muy bajas a pesar del calor desértico del exterior. También describió espacios reducidos de aproximadamente cuatro por dos metros, donde el hacinamiento obligó a uno de sus compañeros de celda a dormir en una cama de plástico tipo "bote" en el suelo durante las dos primeras noches que Halhoul pasó en Eloy.

"Al salir, el aire ni siquiera se sentía frío," dijo Halhoul. "Pero adentro, sí se notaba. Hacía un frío glacial."

Aunque Halhoul estuvo detenido en un centro del ICE, las condiciones que describió contrastan directamente con la orden judicial que exige legalmente condiciones adecuadas para dormir y temperaturas seguras para los detenidos que permanecen bajo custodia más de 48 horas.

Halhoul afirmó que el personal de Eloy sanciona a los detenidos que intentaban bloquear las rejillas de ventilación para protegerse del frío.

Y, tal como describió Flores hace años, Halhoul informó que las luces del interior del centro nunca se apagaban por completo, lo que dificulta conciliar el sueño.

Las condiciones de la alimentación en el centro afectaron físicamente a los detenidos, incluido Halhoul, quien señaló que las comidas se servían a partir de las 4 de la mañana, a menudo carecían de proteínas y nunca eran lo suficientemente abundantes como para saciar su hambre.

Durante los 23 días que duró su detención, Halhoul perdió 10 libras (unos 4.5 kilogramos).

"No me salté ni una sola comida," aseguró.

Halhoul dijo que se le negó atención médica para una herida abierta mientras estaba bajo custodia, a pesar de haberlo solicitado en repetidas ocasiones. También observó que otros detenidos tenían dificultades para acceder a atención médica.

"Tienes que estar prácticamente agonizando," afirmó.

Flores y otros migrantes hicieron declaraciones similares sobre la atención médica que la CBP les proporcionaba durante su detención. Como resultado, hace seis años, el tribunal ordenó que los detenidos que permanecieran más de 48 horas bajo custodia en el Sector de Tucson recibieron una evaluación médica por parte de un profesional cualificado; los abogados sostienen que estas normas siguen sin cumplirse en la región en cuestión, independientemente de cuál sea la agencia responsable. 

Halhoul señaló que el centro albergaba a migrantes de diversas partes del mundo, incluidos Haití, Somalia y Palestina, lo que generaba un entorno diverso pero desconcertante, marcado por las barreras lingüísticas, los traslados y la incertidumbre.

Asimismo, describió las estrictas medidas de control aplicadas por el personal de CoreCivic dentro de las instalaciones, tales como los recuentos diarios, durante los cuales los detenidos permanecían confinados en sus celdas hasta 12 horas. Indicó también que algunas personas fueron sometidas a régimen de aislamiento durante periodos prolongados.

Un patrón de Incumplimiento

En diciembre de 2024, menos de un año antes de la llegada de Halhoul, la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS llevó a cabo una inspección sin previo aviso en el Centro de Detención de Eloy.

Un segundo informe de la OIG, finalizado el pasado mes de septiembre, detalló 10 casos de incumplimiento de las normas de detención, siete de los cuales permanecen abiertos.

La OIG determinó que el centro de Eloy y su personal "no cumplieron plenamente con las normas relativas al uso de la fuerza, la comunicación entre el personal y los detenidos, el acceso a material jurídico, el aislamiento, las quejas, la higiene personal y las actividades recreativas."

Los documentos de la OIG también identificaron fallos sistémicos en el centro que podrían afectar directamente a la salud y la seguridad de los migrantes bajo custodia. Los inspectores constataron que el personal contratado por el ICE, empleados de CoreCivic, no conservó las grabaciones de vigilancia correspondientes a cuatro de los cinco incidentes de uso de la fuerza examinados.

En otros casos, el personal no respondió a las solicitudes o quejas de los detenidos en un idioma que pudieran comprender.

"No responder a las solicitudes de los detenidos en un idioma que estos puedan comprender podría dar lugar a que no se resuelvan los problemas relacionados con su salud y seguridad," señaló el informe.

El informe también señaló la escasez de personal como una de las causas del bajo nivel de cumplimiento. Las autoridades de Eloy reconocieron que la "insuficiencia de personal" contribuía a los retrasos en la respuesta a las quejas, situación que, según los inspectores de la OIG, podría "prolongar y agravar los problemas de salud y seguridad de los detenidos."

Para Flores, quien ahora cuenta con la residencia permanente, casos como el de Halhoul le resultan muy familiares. Él considera que la persistencia de estas condiciones refleja algo más profundo que un fracaso en las políticas.

"Mucha gente tiene miedo," dijo. "La Constitución está rota. La ley está rota. Todo está roto en este momento."

Flores afirmó que la experiencia de estar detenido despoja a las personas de su humanidad básica, una realidad que, a su juicio, no ha cambiado independientemente de la agencia a cargo.

Flores dijo que ser inmigrante en Estados Unidos es como ser "una hormiga en manos de un gigante", pasando de una mano a la otra, pero sin ser liberada jamás.

Isabella Knaggs es egresada de la Universidad de Arizona y periodista independiente.

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.

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