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Tres jóvenes beneficiarios del programa DACA de Tucson, que se enfrentan a la deportación a pesar de haber pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos, compartieron sus historias en una concentración celebrada el 4 de Agosto; en ella, la alcaldesa de Tucson y miembros del Congreso los respaldaron para exigir protecciones federales para los inmigrantes que consideran a esta ciudad su hogar.

Melissa Cordero, subdirectora de Justicia Climática de las organizaciones Veterans Power America y Common Defense, coordinó el Rally de las Rosas. El evento recibió su nombre en honor a la rosa roja, símbolo de una promesa de dignidad, esperanza y resistencia para cada familia que vive en esta ciudad, según Lane Santa Cruz, concejal del Ayuntamiento de Tucson.

"Como veteranos... todos sentimos un deber, y ese deber no termina simplemente cuando dejamos las fuerzas armadas o nos quitamos el uniforme," afirmó Cordero. "Nuestros juramentos son para siempre, y parte de ese juramento consiste también en cuidar de nuestra comunidad."

Cordero señaló que resulta devastador saber que miembros de la comunidad como Karla Toledo, Myndy Valencia y Roberto Navarro Bocanegra se enfrentan a la deportación, una realidad que siembra el miedo y separa a las familias. Explicó a los asistentes que las políticas migratorias actuales afectan a los veteranos, describiendo cómo la promesa de obtener la ciudadanía para los militares en servicio o sus familias se ha utilizado como táctica de reclutamiento.

"Nos incorporan al sistema y nos prometen la ciudadanía, pero no nos ofrecen orientación ni dan seguimiento al proceso," dijo Cordero. "Se está deportando a veteranos. Los problemas de los veteranos son problemas de la comunidad."

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, declaró que muchos inmigrantes llegan al país persiguiendo un sueño, y que muchos padres traen a sus hijos sin documentos porque creen en la misma oportunidad que este país ha ofrecido a generaciones de familias anteriores a ellos.

"Como alcaldesa de la ciudad de Tucson, me solidarizo con nuestros inmigrantes," afirmó Romero.

La ciudad de Tucson ha sido una "Comunidad Acogedora para Inmigrantes" desde 2012, una iniciativa adoptada en oposición a la ley SB1070. Dicha ley, que finalmente fue anulada por la Corte Suprema de Arizona, permitía a la policía detener y solicitar documentación a los miembros de la comunidad si existía la sospecha de que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.

Los legisladores locales también se han pronunciado abiertamente en contra de celebrar acuerdos que permitan a las fuerzas del orden locales hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

"No hacemos negocios con ICE," afirmó Santa Cruz. "El alcalde y el concejo aprobaron una ordenanza que prohíbe las actividades de control migratorio en propiedades de la ciudad; actualmente estamos instalando señalización en el Ayuntamiento, en nuestros parques y en todas las instalaciones municipales, para que esa protección no solo quede plasmada en las políticas, sino que sea visible para cualquier persona que entre en dichas propiedades."

Los miembros de la comunidad también han preguntado sobre las posibles soluciones a nivel federal, buscando aclarar qué vías legislativas podrían seguirse.

Mo Goldman, abogado de inmigración de Tucson que representa a Valencia, Toledo y Bocanegra, recibió el 3 de Agosto una carta firmada por el representante federal Juan Ciscomani en respuesta a una consulta sobre cómo abrir vías hacia la ciudadanía para personas como sus clientes.

"Como orgulloso inmigrante en esta gran nación, siempre he apoyado la inmigración legal," escribió Ciscomani. "Entiendo la importancia de contar con un sistema que brinde a todos la oportunidad de alcanzar el mismo sueño americano que mi familia y yo hemos tenido la fortuna de hacer realidad. Sin embargo, también debemos reconocer la necesidad de una frontera segura."

Ciscomani señaló que el país debe encontrar un equilibrio entre acoger a los inmigrantes legales y mantener la seguridad fronteriza.

La representante Adelita Grijalva presentó en mayo la "Ley de Visas y Protección para Veteranos de 2026;” de aprobarse, esta permitiría a los veteranos no ciudadanos que cumplan con los requisitos acceder a la residencia permanente, conservando al mismo tiempo sus beneficios militares y protección frente a procesos de deportación.

Grijalva también ha co patrocinado proyectos de ley destinados a asignar más recursos a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, autorizar la revisión judicial de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y establecer un programa de subvenciones para estudiantes, familias y personal escolar afectados por las acciones de control migratorio.

Todos estos proyectos de ley permanecen estancados en comités legislativos, lo que pone de relieve la ardua batalla que siguen enfrentando en el Congreso la reforma migratoria y las vías para obtener la ciudadanía.

"Me enorgullece estar aquí en solidaridad con los Dreamers," declaró Grijalva. "Muchos de nosotros estamos aquí porque alguien de nuestra familia tuvo la valentía de venir a este país y arriesgarlo todo en busca de una vida mejor. Los Dreamers y beneficiarios de DACA... los 19,000 que se han inscrito... hay muchísimas más personas que deberían poder optar a esta protección."

DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) es el programa federal que otorga a los Dreamers personas traídas a EE. UU. cuando eran niños tenían permisos renovables de dos años para vivir y trabajar en el país, aplazando así posibles procesos de deportación.

Grijalva señaló que los Dreamers han pagado sus impuestos, han superado las verificaciones de antecedentes y han renovado constantemente su estatus; sin embargo, muchos siguen en una situación de incertidumbre.

"Karla, Roberto, Myindy y todos los Dreamers... ustedes pertenecen a este lugar," afirmó Grijalva. "Siempre han pertenecido aquí; son parte de este país tanto como cualquier otra persona y merecen más que protecciones temporales que pueden ser revocadas."

Los beneficiarios de DACA están esperando cinco veces más tiempo que en el año fiscal anterior para obtener sus renovaciones; algunos grupos de defensa de los inmigrantes informan que el proceso de aprobación puede tardar hasta seis meses.

Durante el periodo de espera para la renovación del estatus, los beneficiarios de DACA corren el riesgo de ser detenidos. En una carta dirigida a senadores demócratas, incluido el senador Mark Kelly, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que más de 250 beneficiarios de DACA fueron arrestados por el DHS y 86 fueron deportados en 2025; de estas personas, 241 tenían antecedentes penales.

Sin embargo, el término "antecedentes penales" puede conllevar connotaciones distintas a lo que se percibe comúnmente.

Valencia ha vivido en Estados Unidos la mayor parte de su vida y ha mantenido un historial limpio.

La policía detuvo a Valencia en 2009, antes de que existiera DACA. Aunque ha mantenido un estatus DACA activo desde 2012, el DHS ha reabierto su caso basándose en aquel incidente de 2009. Afirma que, de ser deportada a México, no contaría con ninguna red de apoyo allí.

"Llegué a Estados Unidos a los 7 años. He crecido, me he formado y me he desarrollado como individuo dentro de esta sociedad durante casi toda mi vida," dijo Valencia. "Soy un pilar fundamental para mi familia; cubro sus necesidades y siempre estoy dispuesta a ayudar. Necesitamos vías inmediatas y seguras que respeten nuestra humanidad y mantengan unidas a nuestras familias."

Bocanegra reside en Estados Unidos desde que tenía 18 meses de edad. Está casado con una ciudadana estadounidense y está a punto de terminar su licenciatura en ingeniería mecánica, una carrera que eligió tras inspirarse en el club de robótica de su antigua escuela secundaria.

Actualmente se encuentra en un proceso de deportación.

Bocanegra presentó el formulario I-130, que permite a los cónyuges o familiares de ciudadanos estado unidenses tramitar la residencia permanente. Tras una espera de 18 meses, la solicitud fue rechazada debido a un error en la firma. En respuesta, Bocanegra volvió a presentar el formulario junto con pruebas adicionales de sus vínculos con la comunidad. Un mes después, recibió una carta notificándole que estaba sujeto a un proceso de deportación.

"A diferencia de Karla y Myndy, yo no soy beneficiario de DACA. Presenté mi solicitud de DACA durante la administración Biden en 2020; el caso se reabrió, pero se cerró seis meses más tarde," comentó Bocanegra. "Es difícil para mi esposa. Cada vez que salgo de casa, siempre me dice: 'Ten cuidado ahí fuera y asegúrate de volver a casa."

Bocanegra mencionó que un amigo suyo, un estudiante internacional de México, le ha sugerido simplemente regresar a ese país, asegurándole que la situación allí no es tan mala.

"No conozco México," afirmó Bocanegra. "Mi familia y las personas que amo están aquí, en Estados Unidos. Es donde crecí. Llevo aquí 20 años y es todo lo que conozco."

Tras haber sido detenida y mantenida bajo custodia, y a la espera de una audiencia judicial en marzo, Toledo recibió oficialmente la renovación de su estatus DACA. Esto le ha permitido trabajar a tiempo completo para una organización sin fines de lucro dedicada al registro de votantes y a tiempo parcial con la Red de Defensa, una organización que brinda recursos a familias y miembros de la comunidad afectados por las detenciones del ICE.

"¿Cuál es 'la manera correcta'?" preguntó Toledo. "Ahora mismo no tenemos una manera correcta. Myndy, Roberto y yo hemos vivido aquí toda la vida. Merecemos estar aquí. Este es nuestro hogar. Detesto cuando la gente dice: 'Ah, vas a volver a casa," "El hogar está aquí. El hogar está aquí para Mindy. El hogar está aquí para Roberto."

Toledo afirmó que la comunidad debe alzar la voz y defender a personas como ella, Valencia y Bocanegra.

"Así es como se ve una comunidad," dijo Cordero. "Debemos controlar nuestra propia narrativa y compartir nuestra historia. Nos solidarizamos."

Topacio “Topaz" Servellon es periodiste en El Foco de Tucson. Puede contactarle en topacioserve@gmail.com.

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.

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