UA violó la ley de registros públicos, según tribunal de Arizona
La Corte Suprema de Arizona determinó que la Universidad de Arizona destruyó indebidamente una grabación solicitada por el profesor Matthew Abraham y ordenó una nueva revisión de los registros retenidos.
La Corte Suprema de Arizona dictaminó por unanimidad el 18 de septiembre que la Universidad de Arizona infringió la ley al destruir un registro público después de que un profesor lo solicitara; esta decisión establece un nuevo estándar para la forma en que los jueces revisan cualquier disputa sobre registros públicos en Arizona.
El exprofesor Matthew Abraham comenzó a solicitar registros en 2018, tras haber sido ignorado para puestos de director de programa. Solicitó archivos de contratación y de los comités de búsqueda, datos de encuestas y una grabación de audio de una reunión del comité de gobierno del profesorado celebrada en octubre de 2019.
La UA entregó algunos registros, censuró partes de otros y retuvo el resto. Informó a Abraham que eliminaría la grabación tras elaborar una transcripción y le ofreció escucharla sin obtener una copia; él rechazó la oferta y volvió a solicitar una copia.
Después de que el abogado de Abraham enviará una carta de requerimiento en octubre de 2020, la UA reconoció internamente que su instrucción anterior de retener ciertos registros había sido incorrecta, señaló el tribunal. Para noviembre, la universidad afirmó que la grabación ya no estaba disponible.
La opinión, redactada por el magistrado Clint Bolick, revoca la decisión de un tribunal de primera instancia del condado de Pima y anula parte de un fallo de un tribunal de apelaciones que había favorecido a la Junta de Regentes de Arizona (ABOR por sus siglas en inglés), el órgano rector de la UA.
Bolick escribió que la destrucción “parece una violación evidente de los estatutos” y que la política de retención de la universidad “debe ceder ante el estatuto.”
Los magistrados también ordenaron devolver el caso a un juez del Condado de Pima, quien ahora deberá examinar de forma independiente cada uno de los documentos que la universidad retuvo.
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Abraham no puede obtener una indemnización por daños y perjuicios relacionada con la grabación, ya que no presentó la notificación de reclamación obligatoria antes de iniciar la demanda; sin embargo, los magistrados señalaron que el tribunal de primera instancia se equivocó al desestimar su petición de una resolución que declarara que la junta había infringido la ley.
Abraham declaró a El Foco de Tucson que, desde el principio, sospechaba que lo que estaba en juego iba más allá de sus propias solicitudes de documentos.
"Algo me inquietaba desde el comienzo: la sensación de que la UA simplemente estaba aplicando una estrategia de gestión de riesgos," afirmó. "Cualquier cosa que fuera mínimamente delicada, o que pudiera exponer a la universidad a litigios, iba a ser denegada, censurada o retenida por completo."
La Junta de Regentes de Arizona, órgano rector de la UA y parte demandada en el litigio de Abraham, remitió la solicitud de comentarios de El Foco de Tucson a la UA, la cual no respondió
Una batalla de años
Abraham describió la respuesta de la universidad tras la carta de reclamación enviada por su abogado en 2020 como un cambio de postura que duró poco tiempo.
"En cierto modo hicieron un mea culpa y dijeron, ‘Pedimos disculpas al Dr. Abraham; vamos a corregir esto.' Pero luego simplemente se cerraron en banda durante otro año," comentó.
La UA entregó unas 1,700 páginas de documentos tres días antes de que venciera el plazo para presentar su respuesta legal a la demanda, señaló, y más de la mitad del texto estaba oculto.
"Censurado," dijo. "Simplemente páginas y páginas."
Abraham afirmó que el momento en que se produjo la entrega hacía difícil aceptar la postura de la universidad.
"No cabe duda de que la demanda fue el impulso que los llevó a divulgar esos documentos," aseguró. "La ABOR intentó presentarlo simplemente como una coincidencia."
Afirmó que la destrucción de la grabación fue el aspecto que más le impactó del fallo.
"Existe una diferencia entre afirmar que algo es un hecho y una determinación judicial sobre lo que eso significa en términos de si constituyó una negativa indebida," señaló Abraham, refiriéndose a cómo la opinión del juez Bolick calificó la destrucción como "la negativa definitiva."
Respecto al criterio de revisión adoptado por el tribunal, Abraham expresó su conformidad con el resultado y sostuvo que los tribunales nunca debería supeditar su criterio al de las agencias estatales cuando una institución alega que ciertos registros deben mantenerse reservados en aras del interés del Estado.
"La decisión final debe corresponder al tribunal," afirmó.
Seis años después de que su abogado enviará la primera carta de reclamación, Abraham comenta que aún aguarda la resolución definitiva del caso.
"Una vez que inicias esa batalla, no hay vuelta atrás," aseguró.
También está luchando contra su despido en dos frentes. Hay una audiencia programada para el 20 de noviembre en el Tribunal Superior del Condado de Pima para tratar el recurso administrativo contra su cese. Por otra parte, ha demandado a la ABOR ante un tribunal federal, alegando que su despido fue la consecuencia última de años de represalias por oponerse a lo que él denomina prácticas de contratación basadas en la raza. Dicha demanda se deriva de una queja presentada en 2022 ante la EEOC (Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo) por su exclusión de los comités de gobierno del profesorado.
Más allá de la UA
El fallo afecta a todas las disputas sobre registros públicos en Arizona, no solo a la de Abraham. Tanto el tribunal de primera instancia como el tribunal de apelaciones habían examinado las decisiones de la UA de retener documentos analizándolos uno por uno basándose únicamente en el criterio de "abuso de discrecionalidad," un estándar que otorga deferencia al juicio de la agencia.
La Corte Suprema determinó que ese enfoque era erróneo: los jueces deben decidir de manera independiente, o de nuevo, si cada documento retenido o censurado está realmente exento de divulgación, partiendo de una fuerte presunción a favor de hacer pública la información.
Esto cierra una brecha abierta por el tribunal de apelaciones en 2025, la cual habría permitido que las decisiones de las agencias de retener información se mantuvieran vigentes siempre que no fueran irrazonables.
El Instituto Goldwater, que presentó un escrito de amicus curiae amigo del tribunal en el caso, declaró que el fallo pone fin a un enfoque que habría llevado a los jueces a aprobar automáticamente las decisiones de las agencias en lugar de examinarlas minuciosamente.
Abraham presentó la demanda en septiembre de 2021. Dos meses después, la UA entregó más de 1,700 páginas. El tribunal de primera instancia determinó que la carta de requerimiento fue un punto de inflexión crucial para obtener los registros, pero le denegó el pago de los honorarios de abogados, dictaminando que dichos honorarios requieren haber obtenido éxito dentro del propio litigio.
La Corte Suprema coincidió en que es necesaria una demanda, pero señaló que los registros entregados antes de que Abraham demandará también cuentan para determinar si él prevaleció sustancialmente, que es el criterio para conceder honorarios.
Consideró prematuro emitir un fallo sobre los honorarios antes de que el tribunal de primera instancia concluya su revisión documento por documento.
Los magistrados reconocieron que el fallo deja un vacío: las agencias tienen pocos incentivos económicos para cumplir rápidamente con las solicitudes de registros fuera de un litigio, y a las personas que no pueden costear una demanda se les podría negar por completo el acceso a registros públicos.
Afirmaron que solucionar esto es tarea de la Legislatura, no de los tribunales.
El caso regresa ahora al Tribunal Superior del Condado de Pima, donde un juez deberá revisar cada documento que la UA retuvo o censuró parcialmente, decidir de manera independiente si estaba legítimamente exento de divulgación y, posteriormente, determinar si Abraham prevaleció sustancialmente y si tiene derecho al pago de honorarios legales. Aún no se ha fijado fecha de audiencia para la revisión de los registros devueltos al tribunal inferior.
Para Abraham, el alcance del fallo es tan importante como el resultado de su propio caso.
"Esta es una verdadera victoria para la persona común, para quienes tienen todo el derecho de acceder a los registros generados por una universidad estatal o una agencia del estado," dijo Abraham. "No deberían verse obligados a contratar a un abogado y gastar miles de dólares para lograr que se respete la ley de registros públicos."
Caitlin Schmidt
Caitlin Schmidt es editora y directora de Tucson Spotlight. Puede contactarla en caitlin@tucsonspotlight.org.
Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.
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