Estado gastó $1.1 millones por cuatro demandas contra la UA
La división de gestión de riesgos del estado ha pagado más de $1.1 millones a bufetes de abogados externos para defenderse en cuatro demandas por represalias, según indican los registros.
La Junta de Regentes de Arizona (ABOR, por sus siglas en inglés) ha pagado a bufetes de abogados externos más de $1.1 millones en total para defender a la Universidad de Arizona frente a demandas presentadas por un ex administrador, un ex estudiante atleta, un profesor titular y un veterano miembro del senado académico, según registros de facturación obtenidos por El Foco de Tucson.
Según la legislación de Arizona, la división de gestión de riesgos del estado cubre los costos de defensa legal tanto para los empleados estatales demandados individualmente por conductas relacionadas con su trabajo como para las entidades estatales señaladas como demandadas.
Las cifras mencionadas cubren únicamente los pagos a bufetes de abogados externos. No incluyen los costos de los abogados internos de la universidad ni del personal de la Oficina del Fiscal General de Arizona que también pudo haber trabajado en estos casos.
Los registros, obtenidos mediante una solicitud de acceso a información pública dirigida al Departamento de Administración de Arizona, abarcan cuatro casos distintos que se remontan a 2019. En cada uno de ellos, más del 99 % del dinero se destinó a honorarios de abogados, mientras que los gastos de viaje, presentación de documentos y servicios de taquigrafía judicial representaron una pequeña fracción del total.
Las dos facturas más elevadas corresponden a casos en los que se alegaron represalias relacionadas con la orientación sexual real o percibida; ambos casos han llegado ya al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
"Los litigios y el recurso a abogados externos no son algo inusual en la administración estatal," declaró a El Foco de Tucson Megan Gilbertson, vicepresidenta asociada de asuntos públicos de la ABOR. "Es la forma en que se resuelven legalmente las disputas, y es el modo en que la ABOR y las universidades garantizan que actúan correctamente tanto con los contribuyentes como con los empleados."
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Demanda por acoso sigue vigente tras 7 años
La ABOR ha pagado al bufete de abogados Rusing Lopez la firma que más ha cobrado en esta revisión, con un total de $568,296 desde 2019 para defenderse de la demanda presentada por Michael Grabowski, ex atleta de pista y campo a través de la UA.
Grabowski, un corredor neoyorquino destacado a nivel nacional All American en la escuela secundaria que eligió la UA frente a otras ofertas de becas, alega que sus compañeros lo sometieron a acoso homofóbico a partir de 2017, basándose en la percepción de que era gay, y que los entrenadores lo convirtieron en chivo expiatorio y cancelaron su beca deportiva después de que él presentara una queja.
La demanda, presentada en 2019 y que reclama $10 millones, cita un video de una fiesta del equipo en 2017 y mensajes de texto en los que supuestamente se instaba a los compañeros a acosar a Grabowski siguiendo las instrucciones de un entrenador.
El abogado de Grabowski acusó a la universidad de proteger a sus entrenadores y a su programa deportivo por encima de sus estudiantes, mientras que la UA negó haber interferido en el caso.
La demanda por discriminación bajo el Título IX presentada por Grabowski fue desestimada definitivament en marzo de 2025. El juez determinó que Grabowski había declarado falsamente ante el Noveno Circuito que se había trasladado de universidad inmediatamente después de perder su beca cuando en realidad no lo había hecho y aplicó la doctrina de impedimento judicial para desestimar la reclamación.
Esto dejó vigente únicamente su demanda por represalias, en la que alega que la universidad lo apartó del equipo de atletismo después de que denunciara el acoso.
El 26 de febrero, el juez denegó la petición de la ABOR de desestimar también esa reclamación restante, por lo que el caso sigue vivo. La misma orden rechazó la solicitud de Grabowski de presentar una quinta demanda enmendada, citando las cuatro modificaciones anteriores realizadas a lo largo de seis años de litigio y la ausencia de nuevos hechos que justificaran otra más.
Desde entonces, el caso ha continuado en la fase activa de descubrimiento de pruebas. El tribunal emitió una orden de calendario procesal en mayo, y ambas partes han presentado un flujo constante de notificaciones para declaraciones juradas y solicitudes de pruebas hasta julio, fecha del registro más reciente en el expediente judicial.
Administrador despedido tras advertir sobre una contratación
El bufete de abogados Cohen Kennedy Dowd & Quigley ha facturado al estado $366,678 desde 2020 para defender a funcionarios de la UA frente a una demanda de Anthony DeFrancesco, ex director sénior de operaciones de UA Health Sciences, quien fue despedido en 2019.
La demanda de DeFrancesco sostiene que el entonces presidente de la UA, Robert Robbins, contrató al Dr. Michael Dake para dirigir las facultades de medicina de la universidad con un salario anual de $875,000 a pesar de que Dake figuraba casi al final de la lista de candidatos del comité de selección y de las advertencias del esposo de DeFrancesco, el entonces director financiero Gregg Goldman de que dicha contratación podría costarle el puesto a Robbins.
La denuncia de DeFrancesco afirma que Goldman comunicó a Robbins y a otros altos funcionarios que el proceso de selección había sido amañado a favor de Dake y que contratarlo sería un error.
DeFrancesco alega que Dake lo despidió en represalia por esas advertencias y que lo discriminó por su orientación sexual. Sus demandas por discriminación e igualdad de protección fueron desestimadas, y dicha desestimación fue ratificada en apelación en enero de 2023.
El Tribunal del Noveno Circuito ratificó la desestimación de la demanda por represalias de DeFrancesco en mayo de 2025, basándose en la doctrina de inmunidad calificada el tribunal determinó que en junio de 2019 no estaba claramente establecido que tomar represalias contra un empleado debido a las declaraciones de su cónyuge violara la Primera Enmienda.
El tribunal dejó abierta la cuestión de si los empleados públicos gozan de protección bajo la Primera Enmienda vinculada a las declaraciones de un familiar.
En una opinión concurrente, la jueza del Noveno Circuito Marsha Berzon escribió que habría ido más allá y dictaminado que Robbins y Dake sí violaron los derechos constitucionales de DeFrancesco, argumentando que dicha protección está "bien fundamentada en los precedentes de la Corte Suprema y del Noveno Circuito."
Profesor denuncia represalias tras dar su testimonio
Los bufetes Stinson LLP e Ice Miller Legal Counsel han facturado $125,378 desde finales de 2025 por representar a funcionarios de la UA mencionados en una demanda federal presentada por Theodore Downing, un profesor investigador titular de 83 años, senador del profesorado y exlegislador estatal que participó en la redacción de la ley de gobernanza compartida del profesorado de Arizona de 1992.
La facturación comenzó en noviembre de 2025, tres meses después de que el abogado de Downing notificará formalmente a la universidad sobre la reclamación, y continuó hasta la presentación de la demanda en julio.
Downing alega que la universidad lo sancionó en dos ocasiones como represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión protegida. La primera sanción se produjo tras testificar ante un comité del Senado estatal en marzo de 2024 en contra de un proyecto de ley que habría derogado dicha normativa de gobernanza.
La segunda ocurrió el pasado mes de septiembre semanas después de que su abogado enviará una notificación formal de reclamación por derechos civiles, cuando un vicepresidente de la universidad lo acusó de conducta indebida hacia un empleado del departamento de informática cuya identidad no fue revelada.
Dicha acusación surgió a raíz de unos comentarios realizados por Downing sobre una política de correo electrónico que, según él, restringiría la libertad de expresión de aproximadamente 5,800 empleados de la universidad.
La demanda, presentada el 6 de julio ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. señala a Robbins y a otros cinco funcionarios como demandados, y solicita una indemnización por daños compensatorios y punitivos, además de la eliminación de ambos expedientes disciplinarios del archivo de personal de Downing.
Quejas de profesor sobre DEI se extienden casi una década
El bufete Ballard Spahr ha facturado $80,412 desde diciembre por defender a la ABOR frente a una demanda federal presentada por Matthew Abraham, profesor titular de inglés de la UA representado por el Liberty Justice Center y un despacho de abogados de Phoenix.
Abraham alega un patrón de represalias de varios años por oponerse a lo que él denomina prácticas de contratación DEI basadas en la raza; esto incluye una batalla de cuatro años para acceder a registros públicos de la ABOR, denuncias de discriminación ante la EEOC que datan de 2021 y su reiterada exclusión de los comités de gobierno del profesorado.
El conflicto ha escalado desde entonces. El pasado mes de agosto, la UA apartó a Abraham del Comité de Libertad Académica y Permanencia, alegando que tenía un empleo externo en la Oficina del Fiscal General de Arizona.
Posteriormente, el 1 de abril, la UA despidió a Abraham de su puesto titular, citando esa misma razón del empleo externo. Abraham sostiene que dicho motivo era falso y que el despido fue el resultado final de años de represalias. Desde entonces, ha aceptado un empleo peor remunerado fuera del estado y afirma en su demanda que ahora solo ve a su esposa y a su hijo adolescente los fines de semana.
Una demanda modificada, presentada el 30 de junio, solicita la reincorporación de Abraham, el pago de los salarios atrasados y una indemnización por daños y perjuicios relacionados tanto con su destitución de los comités como con su despido.
La UA afronta otras demandas presentadas por empleados actuales y antiguos ante tribunales federales y estatales.
El periódico Arizona Daily Star informó el año pasado que la junta pagó $190,000 para resolver una demanda sobre equidad salarial interpuesta por tres ex decanos de la UA, y que seguía pendiente una demanda colectiva distinta contra la universidad, por valor de $20 millones, relacionada con la brecha salarial de género.
Caitlin Schmidt es editora y directora de Tucson Spotlight. Puede contactarla en caitlin@tucsonspotlight.org.
Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.
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