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El 3 de noviembre, los votantes del Condado de Pima decidirán si aprueban una emisión de bonos por $250 millones para Pima Community College; se trata de la primera vez en 30 años que la institución solicita este tipo de medida a los votantes.

La Propuesta 430 autorizaría a la institución a emitir $250 millones en bonos de obligación general, los cuales se pagan mediante los impuestos a la propiedad.

La mayor parte de los fondos se destinaría a mantenimiento y mejoras. La institución estima asignar $58.9 millones a mantenimiento postergado, eficiencia energética y tecnología de la información, y $57 millones a la modernización de espacios académicos, lo que incluye el traslado del Centro de Excelencia desde el campus East y la renovación de instalaciones en el campus Desert Vista.

Alrededor de $39.8 millones se utilizarían para construir un nuevo Centro de Excelencia en Seguridad Pública y Servicios de Emergencia, y $27.3 millones servirían para transformar las oficinas de apoyo estudiantil en centros integrales que ofrezcan servicios de inscripción, asesoría, ayuda financiera y exámenes.

Otros $29 millones financiarían el traslado de la sede de la policía de la institución al campus Downtown, y $38 millones se destinarían a refinanciar bonos de ingresos existentes.

La institución afirma que la refinanciación reduciría los costos futuros por intereses y liberaría casi $4 millones anuales para programas. La emisión de bonos busca ampliar la capacitación en tecnología de la información y áreas de respuesta a emergencias, así como apoyar el nuevo programa de licenciatura en formación docente de la institución.

Para una vivienda con un valor fiscal de $250,000, el costo de estos bonos sería de unos $31 al año (aproximadamente $2.59 mensuales), basándose en un plazo de 20 años.

Los partidarios afirman que los fondos son necesarios.

"Esta propuesta permitiría a PCC no solo cubrir los gastos operativos, sino también seguir siendo un líder estatal en educación superior," señaló la representante estadounidense Adelita Grijalva en una carta de apoyo a la emisión de bonos. "Ahora más que nunca, es fundamental apoyar a nuestros colegios comunitarios, especialmente aquí en Tucson y el condado de Pima."

La institución educativa indica que la financiación estatal para proyectos de capital cesó en 2009 y que los fondos estatales para gastos operativos se redujeron a cero en 2015, lo que representa una pérdida acumulada de $221 millones.

"Han pasado 30 años desde que Pima College solicitó a los votantes la aprobación de una emisión de bonos", declaró el exalcalde de Tucson, Jonathan Rothschild, en un comunicado de prensa. "El estado no aporta financiación alguna a Pima College. Esta es una oportunidad para que los ciudadanos del Condado de Pima proporcionen recursos necesarios directamente a los estudiantes para su capacitación laboral en aquellas áreas donde el condado más necesita trabajadores."

Rothschild afirmó que la Propuesta 430 "garantizará un futuro con buenos salarios para nuestros jóvenes y una economía sólida en el sur de Arizona."

Otro partidario de la medida destacó un programa en particular.

El teniente Richard Yrigoyen, oficial de seguridad del Departamento de Policía de PCC, hizo referencia al programa de técnicos en emergencias médicas (EMT) y personal de primera respuesta, el cual recibiría un impulso económico gracias a estos bonos.

"Actualmente existe una gran escasez de personal de primera respuesta en el condado de Pima," dijo Yrigoyen a El Foco de Tucson. "No se trata solo de la policía; también faltan paramédicos. Esta medida ayudará a fomentar no solo la creación de nuevos empleos, sino también la retención y capacitación del personal, mejorando así el sector en su conjunto."

Yrigoyen comentó que obtuvo dos títulos gracias a PCC, uno de los cuales le permitió iniciar su carrera en las fuerzas del orden.

Sin embargo, al menos un exalumno de PCC, Carlos Mejorado Carrillo, se opone a la Propuesta 430, argumentando que los votantes aprobaron una propuesta anterior, la Propuesta 481, hace unos seis años para ampliar la capacidad de gasto de PCC.

“PCC cuenta con instalaciones y servicios terminados,” escribió Carrillo en una carta oponiéndose a la emisión de bonos. “No ha publicado un informe claro que vincule las promesas con los resultados, demostrando cómo las inversiones anteriores mejoraron las tasas de finalización, el empleo, los salarios, el acceso y la equidad.”

Carrillo dijo que PCC prometió todos esos resultados en el momento de la votación.

“La emisión de bonos propuesta también parece no estar alineada con la forma en que los estudiantes asisten cada vez más a PCC.” señaló Carrillo.

Explicó que la enseñanza en línea es cada vez más popular entre los estudiantes de PCC, pero que solo $3.9 millones, es decir, el 1.6 % del total de la emisión de bonos, se destinarían a los sistemas informáticos y a la renovación de la infraestructura de la institución.

Carrillo señaló que, antes de solicitar más fondos, PCC debería demostrar si estos proyectos y los diseños futuros se ajustan a la matrícula prevista y a las necesidades de la institución. 

Afirmó que su postura no consiste en oponerse al PCC ni a su misión, sino en exigir equidad, transparencia y una revisión independiente antes de contraer otra obligación a largo plazo.

Si el bono fracasa, PCC dice que no podría abordar más de $56 millones en mantenimiento diferido y que podría necesitar aumentos significativos de matrícula o tener que reevaluar si los campus existentes siguen siendo viables.

Yrigoyen señaló que no podía descartar que la institución trasladara los costos a los estudiantes. 

“Históricamente, la universidad ha hecho todo lo que está a su alcance para evitar trasladar la carga al estudiante, pero afirmar que "es poco probable que eso suceda" no sería justo,” dijo Yrigoyen.

Quentin Agnello es exalumno de la Universidad de Arizona y periodista independiente en Tucson. Puede contactarlo en qsagnello@gmail.com 

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.

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