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La Junta de Supervisores del Condado de Pima votó 2 a 1 para oponerse formalmente al aumento de tarifas del 14% propuesto por Tucson Electric Power, instruyendo a los abogados del condado a intervenir en el caso tarifario en curso ante la Comisión de Corporaciones de Arizona (ACC, por sus siglas en inglés).

TEP solicitó el aumento de tarifas ante la ACC el pasado mes de junio; se proyecta que las nuevas tarifas entren en vigor en septiembre de 2026, de ser aprobadas, lo que supondría un cargo adicional de unos $16 mensuales para el cliente residencial promedio.

TEP sostiene que el aumento es necesario para recuperar una inversión de $1,700 millones realizada en la red eléctrica desde 2021 y para compensar los efectos de la inflación. La Fiscal General Kris Mayes ha presentado ante ACC un dictamen pericial en el que argumenta que el aumento es injustificado y podría reducirse al 4%, manteniendo aun así un servicio confiable y una sólida calificación crediticia.

Los supervisores Jennifer Allen y Andrés Cano votaron a favor de la resolución, mientras que el supervisor Steve Christy votó en contra, afirmando que, a su juicio, ni el condado ni la Fiscal General deberían invertir tiempo o recursos en este asunto. Los supervisores Rex Scott y Matt Heinz estuvieron ausentes de la reunión del 5 de mayo.

"No me agradan las facturas de electricidad más altas, del mismo modo que no me agradan los impuestos a la propiedad más altos; especialmente cuando hay tantas carreteras del condado que siguen en mal estado," declaró Christy. "Pero no recuerdo que ningún Fiscal General haya demandado al Condado de Pima en representación de los propietarios de inmuebles que se ven obligados a pagar impuestos a la propiedad más elevados."

Christy afirmó que se debería permitir que el proceso de audiencias de la ACC siga su curso sin interferencias, y añadió que los esfuerzos de TEP para reconvertir sus centrales eléctricas de carbón a gas natural tendrán que ser sufragados, y que estas tarifas representan "el costo del Green New Deal".

La resolución también deja constancia del respaldo de la Junta al aumento del 4% propuesto y al programa de asistencia para personas de bajos ingresos, así como a los cambios propuestos en el servicio de TEP para usuarios de bajos recursos y al nuevo sistema Rider-23 para casas móviles.

El actual programa de asistencia para personas de bajos ingresos de TEP ofrece un descuento fijo mensual de $20 a los clientes que cumplen con los requisitos. Según las pautas propuestas, el programa se ampliaría para ofrecer descuentos a los clientes cuyos ingresos se sitúen en el 200% del nivel federal de pobreza o por debajo de este.

El programa Rider-23 proporcionaría medición individual del consumo eléctrico a los inquilinos de casas móviles que deseen optar por esta modalidad, con un costo inicial de entre $300 y $500 por unidad, seguido de costos mensuales fijos durante los 10 años posteriores.

A menudo, los parques de casas móviles suministran electricidad a través de un único medidor maestro; en este esquema, el operador del parque paga la factura y traslada los costos a los inquilinos, en lugar de que cada unidad cuente con su propia cuenta directa ante la compañía de servicios públicos.

Dado que los inquilinos no mantienen una relación directa con la compañía de servicios públicos, disponen de escasos recursos para reclamar cuando los costos se inflan, el servicio es deficiente o la facturación resulta poco clara; asimismo, se ven imposibilitados de acceder a los programas de asistencia para personas de bajos ingresos que exigen contar con una cuenta directa ante la empresa de servicios.

Allen señaló que el programa Rider-23 beneficiaría a los operadores de parques de casas móviles al transferir la propiedad y el mantenimiento de la infraestructura eléctrica a TEP.

La resolución también cuestiona otro aspecto de la propuesta de TEP, al señalar que el mecanismo de ajuste anual de tarifas reduciría la supervisión regulatoria y la participación pública, al tiempo que permitiría aumentos tarifarios más frecuentes con una transparencia limitada.

Asimismo, la resolución hace referencia al papel que desempeñan los centros de datos a hiperescala en el impulso de una mayor demanda energética, destacando que los costos derivados de la infraestructura adicional terminarán siendo trasladados, en última instancia, a los usuarios que pagan las tarifas.

Allen declaró que el condado de Pima ha solicitado intervenir en el caso de las tarifas ante la ACC, organismo que actualmente está celebrando audiencias probatorias. Señaló que la resolución tenía como objetivo orientar a los abogados del condado sobre los pormenores de dicha intervención, permitiéndoles presentar pruebas, contrainterrogar a los testigos y dejar constancia de sus intervenciones durante esa fase.

"Las llamadas que recibimos con mayor frecuencia de nuestros electores giran en torno a las tarifas de los servicios públicos y a las dificultades que atraviesan las personas para pagar sus facturas," afirmó Allen. "Considero que esta es una oportunidad de vital importancia para que podamos dar respuesta a algunas de las necesidades básicas que enfrentan nuestros electores y residentes."

Allen citó el exhaustivo análisis realizado por la Oficina del Fiscal General como el motivo de su respaldo a la propuesta alternativa de un aumento del 4%.

Allen comentó que los defensores del mecanismo de ajuste anual de tarifas argumentan que este podría reducir las tarifas en algunos años; sin embargo, señaló que los ejemplos de casos en los que las tarifas han disminuido realmente bajo la aplicación de tales mecanismos son "inexistentes.”

El supervisor del Distrito 5, Cano, calificó de "sin precedentes" el nivel de comunicación recibido durante las últimas semanas en relación con este tema, y ​​advirtió que el aumento de las tarifas, sumado al alza en los precios de la gasolina y otros bienes de primera necesidad, perjudicaría a la comunidad.

"Siempre me mantendré del lado de los usuarios de los servicios públicos, velando por que ejerzamos una gestión fiscal responsable del dinero de la ciudadanía, especialmente el de nuestras familias trabajadoras," declaró Cano. "Debemos lograr que la gente ahorre dinero. Y, en última instancia, tratándose de una empresa que el año pasado reportó beneficios superiores a los $200 millones, considero que lo prudente es que el condado se posicione del lado de los usuarios."

Ian Stash es exalumno de la Universidad de Arizona y periodista independiente radicado en Tucson. Puede contactarlo en ianjgs16@gmail.com.

Esta nota fue traducida por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.   

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