Leer en inglés

El Condado de Pima ha intervenido para financiar un programa de GED (equivalencia de educación secundaria) de larga trayectoria en la cárcel del condado, después de que el sheriff Chris Nanos cancelara el contrato con Pima Community College argumentando que el costo anual de $170,000 supera sus beneficios, los cuales considera no demostrados.

En su última reunión, la Junta de Supervisores votó 4 a 0 a favor de financiar el programa hasta el 30 de junio de 2027; el supervisor Steve Christy se abstuvo, expresando su preocupación de que este cambio abriera la puerta para que la oficina del sheriff transfiriera más gastos al condado.

El condado colaborará con el personal de Pima Community College para desarrollar un enfoque más integral que permita a las personas que estuvieron encarceladas completar el GED, dando continuidad a los avances logrados durante su reclusión.

A pesar de las inquietudes de Christy, otros miembros de la junta señalaron que, dado que la oficina del sheriff ya había rescindido el contrato, el condado no tenía más opción que intervenir y financiarlo directamente o permitir que el programa desapareciera.

El programa no podrá reanudarse en su formato anterior hasta que se redacte y apruebe un nuevo contrato.

El objetivo principal del programa de educación básica para adultos es ayudar a los reclusos a prepararse y aprobar los exámenes de GED para obtener la equivalencia de educación secundaria. La colaboración entre el Condado de Pima y Pima Community College se remonta a 35 años atrás, incluyendo 32 años de funcionamiento dentro de las instalaciones de la cárcel.

En una carta dirigida a la junta, Nanos expuso las preocupaciones de los funcionarios de la oficina del sheriff sobre el impacto del programa en el personal encargado de escoltar a los reclusos a clase, el costo de lo que se promociona como un "servicio gratuito" y la incertidumbre sobre la eficacia real del programa.

El rector de Pima Community College, Jeffery Nasse, informó a la junta mediante una carta que funcionarios de la institución se reunieron con Nanos, tras la notificación de la cancelación del contrato, con el fin de salvar el programa. Durante la reunión, Nanos manifestó su apoyo a la iniciativa, pero sostuvo que la oficina del sheriff ya no podía financiarla, sugiriendo que el condado asumiera dicha responsabilidad.

La suma de $170,000 cubre los costos de un instructor a tiempo completo y otro a tiempo parcial, un aula, materiales y 16 días de exámenes GED al año.

El aula tiene capacidad para 24 estudiantes diarios, impartiéndose dos clases al día, seis días a la semana.

Pima Community College informó que el programa tiene una gran demanda; desde julio de 2025 ha recibido 2,800 solicitudes desde la cárcel, incluidas 1,700 para realizar exámenes. El programa ha atendido a 240 estudiantes y ha administrado 150 exámenes GED de materias individuales.

El programa genera diversos efectos positivos para sus participantes, entre ellos un aumento del 13 % en las probabilidades de empleo tras la liberación y una reducción del 43 % en la reincidencia.

La carta de PCC ofrecía a la junta cuatro opciones para ampliar los servicios, aunque ninguna fue adoptada.

Laurie Kierstead-Joseph, vicerrectora adjunta de Educación Básica para Adultos de Pima Community College, instó a los supervisores a aprobar la financiación, citando los 35 años de éxito previos.

Kierstead-Joseph destacó el impacto del programa en la reincidencia y en las perspectivas laborales de las personas que estuvieron encarceladas. Señaló que, de las 240 personas atendidas por el programa en el último año, se realizaron 150 exámenes parciales de GED con una tasa de aprobación de alrededor del 80 %, una cifra superior a la observada fuera de la cárcel. Añadió que el programa genera un retorno de entre $4 y $5 en ahorro de costos de encarcelamiento por cada dólar invertido.

"Los estudiantes adultos que aún no han terminado la educación secundaria a menudo no tuvieron las experiencias educativas más positivas en el pasado, y muchos han enfrentado dificultades de aprendizaje," dijo Kierstead-Joseph. "Los estudiantes adultos necesitan más que acceso a tabletas con aplicaciones educativas; necesitan orientación y apoyo de expertos. En última instancia, este programa planta una semilla: ayuda a los estudiantes a volver a creer en sí mismos y los motiva a seguir adelante, llevándolos más allá de la cárcel y hasta nuestros campus de PCC."

Nanos cuestionó la utilidad del programa, argumentando que sería más adecuado para una prisión que para una cárcel. Para obtener el certificado GED es necesario aprobar cinco exámenes, lo que implica que el programa dura mucho más que la estancia promedio en la cárcel, que es de tres semanas.

Señaló que, como resultado, el programa otorga pocos certificados GED; de hecho, solo se ha concedido uno desde principios de 2025.

"Gastarse $170,000 en un programa que carece de indicadores para medir el éxito no tiene sentido," escribió Nanos, destacando además que dicha formación ya se ofrece gratuitamente a los reclusos de 21 años o menos a través del Superintendente de Escuelas de Arizona, y que el Pima Community College también la imparte gratis en línea.

Afirmó que este tipo de programa funcionaría mejor si estuviera a cargo de la oficina del superintendente o del Centro de Transición de la cárcel del Condado de Pima.

El Pima Community College calificó el programa como una buena oportunidad para acercar la educación para adultos a las personas recluidas en la cárcel, añadiendo que la formación puede continuarse y ampliarse una vez que recuperen la libertad.

Muchos de los estudiantes comentaron que llevaban mucho tiempo sin estudiar y afirmaron que la experiencia los motivó a seguir adelante con su educación.

Matt Heinz, supervisor del Distrito 2, señaló que la estancia de tres a cuatro semanas en la cárcel supone una situación difícil para muchos reclusos, y que vincularlos con el Pima Community College podría ofrecerles un recurso valioso para aprovechar tras su liberación.

Pidió que se considere duplicar la financiación, dado que el programa recibe muchas más solicitudes de las que puede atender actualmente.

"Hay que recordar que el sistema penitenciario, el sistema carcelario, la cárcel... todo eso... se trata de rehabilitación. Se supone que es un proceso de rehabilitación," dijo Heinz. "Parte de ello consiste en ayudar a estas personas a encontrar otras oportunidades en las que participar, y la educación es fundamental para lograrlo,"

Christy comentó que había conversado extensamente con Nasse sobre los beneficios del programa y expresó su apoyo a su continuidad. Cuestionó los motivos de Nanos para cancelar el contrato, señalando que, en su opinión, el sheriff anticipó que la junta estaría dispuesta a asumir el gasto, dado el interés bien conocido de los supervisores en las iniciativas educativas.

Sugirió que Nanos podría utilizar esto como precedente para retirar su apoyo a otros programas, obligando así al condado a elegir entre pagar con sus propios fondos o permitir que dichos programas desaparezcan.

"¿Por qué de repente nuestro sheriff se escuda en la bandera de la responsabilidad fiscal, decidiendo que no puede permitirse un gasto de $170,000, una cifra insignificante, casi un error de redondeo, dentro de su presupuesto de cientos de millones?" preguntó Christy. "No tiene sentido para mí; me hace pensar que esto es solo el comienzo de una tendencia: de ahora en adelante, él revisará partidas presupuestarias y decidirá no gastar en ellas o recortar el presupuesto negándose a implementarlas sobre la marcha. Hoy es el programa de GED; mañana será otra cosa."

Christy también sugirió que el condado aprovechara este incidente como pretexto para examinar el presupuesto del sheriff y exigir una justificación para cada partida de fondos.

El supervisor del Distrito 1, Rex Scott, quien completó un programa de GED, también expresó su apoyo a la continuidad de la financiación. Reafirmó la idea de que el objetivo del programa de educación básica para adultos no es necesariamente otorgar certificados de GED, sino iniciar un proceso que los reclusos puedan continuar una vez que sean liberados.

Scott propuso trabajar en un programa más sistemático para la obtención del GED, señalando que esto impulsaría el objetivo final del programa y, al mismo tiempo, aliviaría las preocupaciones sobre la dotación de personal planteadas por el departamento del sheriff. 

El supervisor del Distrito 5, Andrés Cano, expresó su interés en abordar el seguimiento de los resultados de las personas que salen de prisión, con el fin de "celebrar que obtengan su GED,” así como la retirada de fondos estatales para la educación de adultos, para determinar el papel del condado a la hora de cubrir ese vacío y el posible impacto en la plantilla de personal.

Cano señaló que el condado tiene la responsabilidad de invertir en la fuerza laboral local mediante programas de este tipo, especialmente dado que muchos residentes enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada y a servicios de salud.

Ian Stash es egresado de la Universidad de Arizona y periodista independiente radicado en Tucson. Puede contactarlo en ianjgs16@gmail.com.

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.

El Foco de Tucson es una sala de prensa comunitaria que ofrece oportunidades remuneradas a estudiantes y periodistas emergentes del sur de Arizona. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una donación deducible de impuestos.