Leer en inglés

A principios del mes de Octubre, los inquilinos de viviendas públicas de South Tucson solicitaron al concejo municipal una fecha límite concreta para la investigación sobre la Autoridad de Vivienda, señalando que han tenido que lidiar con moho, falta de aire acondicionado y un ascensor averiado.

Representantes del Sindicato de Inquilinos de South Tucson y miembros de la comunidad que residen en unidades gestionadas por la Autoridad de Vivienda de South Tucson expusieron sus preocupaciones durante la reunión del concejo municipal del 6 de octubre, tras haberlas planteado inicialmente en una sesión especial el 25 de agosto.

Marisol Winfrey Herrera, organizadora del sindicato de inquilinos, informó a los miembros del concejo que la administradora municipal, Veronica Moreno, no ha atendido una solicitud de acceso a registros públicos relacionada con las finanzas de la Autoridad de Vivienda, la información sobre quejas en los procesos de contratación y el código de conducta de los empleados.

“Solo exigimos mayor transparencia sobre cualquier investigación administrativa que se esté llevando a cabo”, afirmó Winfrey Herrera, quien solicitó una fecha límite estricta para la investigación y una resolución a las quejas que los residentes siguen planteando.

Winfrey Herrera también cuestionó la forma en que se está realizando la investigación.

“¿Quién formuló las preguntas? ¿Qué preguntas se plantean? ¿A quién se interroga y en qué entorno?”, preguntó Winfrey Herrera. “Las declaraciones que los inquilinos han ofrecido en espacios públicos y con un tiempo limitado no constituyen un interrogatorio exhaustivo y completo sobre lo que han vivido.”

Juana Miranda, inquilina de una vivienda gestionada por la Autoridad de Vivienda, señaló que los residentes se sintieron presionados para firmar una petición de apoyo a la directora de Vivienda, Irma Gonzalez, la cual circulaba por el complejo.

“Una persona que conozco no estaba a favor, pero aun así firmó porque, como ese día estaba pagando su alquiler, temía sufrir represalias,” explicó Miranda a los miembros del concejo en español. “Se sintió obligado”.

Sin embargo, no todos los inquilinos comparten estas preocupaciones.

Henderson Wilborn inició la petición en apoyo a Gonzalez, la cual reunió 42 firmas. Él señaló que las acusaciones planteadas durante la reunión deberían investigarse de manera justa, aunque aclaró que su propia experiencia difiere de la de otros inquilinos.

“Desde mi perspectiva, la directora (Gonzalez) ha trabajado para hacer cumplir las políticas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. y las responsabilidades estipuladas en los contratos de arrendamiento de los residentes,” escribió Wilborn en un correo electrónico. “Mi intención al apoyar la petición fue fomentar una evaluación equilibrada de su gestión, que considere tanto las preocupaciones de los residentes como los avances de los que he sido testigo.”

Wilborn reconoció que lograr mejoras requiere tiempo, recursos y coordinación, pero afirmó que ha observado progresos.

“Según mis observaciones, la directora (Gonzalez) está trabajando para realizar mejoras con los recursos que tiene a su disposición,” escribió en el correo electrónico.

Tahoma Pace, quien es inquilina de la Autoridad de Vivienda desde 2024 y estuvo presente en la reunión, pidió a Wilborn que leyera su declaración ante el concejo.

“Incluso cuando expresé mi frustración con mucha firmeza, ella me trató con respeto, se dirigió a mí como ‘señorita Pace’ y mantuvo la calma,” escribió Pace. “Reconozco las mejoras realizadas durante la gestión de la Sra. Irma, tales como reparaciones en los techos, sistemas de refrigeración y mejoras en el ascensor, incluyendo su sistema de anuncios”.

Pace expresó que valora el trabajo de Gonzalez para conseguir recursos, coordinar reparaciones y mejorar las condiciones de vida de los residentes.

“Según mi experiencia, la Sra. Irma y su personal están trabajando para que nuestras viviendas sean más seguras y estén mejor mantenidas,” escribió Pace.

El concejo no estableció un plazo para el sindicato. Posteriormente, abordó el tema de la seguridad pública y recibió una actualización sobre una colaboración a nivel de condado.

La ciudad de South Tucson se ha asociado con el condado de Pima para lanzar la Iniciativa regional para el programa de co-respondedor de seguridad y participación, conocida como RISE. El programa piloto tiene como objetivo reducir la falta de vivienda y el consumo de drogas dentro del municipio.

Cynthia Chapman, enlace de seguridad y participación de los Servicios de Justicia del Condado de Pima, dijo que el programa RISE, que está financiado con dinero del acuerdo sobre opioides, es un esfuerzo de todo el condado para mejorar la seguridad pública y al mismo tiempo mejorar el acceso público al tratamiento de salud conductual y uso de sustancias.

"Se están realizando esfuerzos para aumentar la desviación del arresto al tratamiento para las personas que lo necesitan, proporcionar un vínculo más rápido con el tratamiento... para reducir las muertes por sobredosis, reducir los contactos repetidos de las fuerzas del orden con las personas y aumentar la confianza de la comunidad en la respuesta de las fuerzas del orden a la crisis," dijo Chapman.

Después de que se otorgaron los fondos y los supervisores del condado aprobaron el programa, los Servicios de Justicia del Condado de Pima se reunieron con el Departamento de Policía de South Tucson y los tribunales para brindar capacitación entre agencias e identificar dónde necesitaba apoyo el sistema de justicia de la ciudad.

El programa ha contratado personal, incluidos pares navegadores que trabajarán en la Biblioteca Sam Lena para conectar a las personas que buscan ayuda con recursos. Más recientemente, el departamento de policía reservó espacio de oficina para los co-respondedores de Connected Health Solutions, quienes responderán a las llamadas relacionadas con el abuso de sustancias.

“Tenemos una (ciudad) de una milla cuadrada donde toda la población se ve afectada por la crisis del fentanilo, la pobreza y las personas sin hogar... el dinero que se destina a esto es en realidad una señal de que el condado de Pima... se preocupa por las jurisdicciones”, dijo el concejal Brian Flagg, quien anteriormente formó parte del comité de opioides. “Este programa de co-respondedor, cortesía del dinero del acuerdo sobre opioides, ayudará a las personas que luchan contra la adicción y ayudará a nuestros policías a hacer del South Tucson un lugar más seguro y hermoso.”

El concejal César Aguirre dijo que sabe de primera mano lo que pueden hacer los programas de desvío.

“Pasé por un programa de desvío que realmente me salvó la vida,” dijo Aguirre. “Tengo la sensación de que si realmente podemos presionar para que este sea un programa mejor y más grande, y realmente presionar para obtener los fondos que necesitamos, realmente podremos marcar una diferencia aquí en el South Tucson.”

Los miembros del consejo también conocieron los resultados de la investigación sobre cómo la Junta de Ajuste aprobó el permiso para una torre de telefonía celular.

Desde marzo, los miembros de la comunidad han expresado su preocupación por la torre. Dicen que la ciudad no les notificó de la reunión de planificación y zonificación donde la junta lo discutió, y que la ciudad cambió sus regulaciones después de aprobar el permiso. También les preocupan los posibles riesgos para la salud.

Según la investigación, la Junta de Ajuste recibió planos para una torre celular de 70 pies, lo que viola una ordenanza de la ciudad que limita las torres a 50 pies. Los materiales de zonificación para la revisión de la solicitud no incluían ese límite.

En una audiencia pública del 25 de febrero de 2025, la junta escuchó que la torre de 70 pies cumplía con los requisitos de altura aplicables y la aprobó según lo propuesto.

El ex fiscal de la ciudad revisó el asunto el 14 de septiembre, dijo que la aprobación de la junta seguía vigente y recomendó emitir el permiso. La ciudad emitió el permiso a Pinnacle Consulting el 17 de septiembre y recibió todos los honorarios requeridos.

“El permiso emitido sigue sujeto a los requisitos aplicables de construcción, inspección de edificios y seguridad,” dijo Michelle Stinton, actual abogada de la ciudad.

Aguirre expresó su frustración por no poder revocar el permiso.

“Todas las partes acordaron el estándar equivocado y luego todos lo aplicaron”, dijo Stinton. "Ahí es donde... podemos decir que hubo un error real."

El concejo solicitó que el fiscal de la ciudad revise la ordenanza actual sobre las regulaciones de comunicación inalámbrica y regrese a la próxima reunión con recomendaciones.

Topacio “Topaz” Servellon es periodista de El Foco de Tucson. Contáctele  en topacioserve@gmail.com. 

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.

El Foco de Tucson es una sala de prensa comunitaria que ofrece oportunidades remuneradas a estudiantes y periodistas emergentes del sur de Arizona. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una donación deducible de impuestos.