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La Junta de Supervisores del Condado de Pima votó por unanimidad remitir a la Oficina del Fiscal General de Arizona las acusaciones de perjurio contra el sheriff Chris Nanos, sin llegar a destituirlo de su cargo.

En marzo, la junta había votado por unanimidad exigir a Nanos que respondiera bajo juramento a preguntas sobre su historial disciplinario, la gestión del departamento y su conducta en el cargo. Nanos no asistió a la audiencia del 21 de abril; en su lugar, envió a su abogado y una carta de 12 páginas en la que abordaba cuestiones sobre su trayectoria previa en las fuerzas del orden, el presupuesto del departamento y la colaboración de la agencia con las autoridades federales de inmigración.

Los supervisores debatieron la situación durante la reunión del 12 de mayo; el supervisor del Distrito 4, Steve Christy, propuso de inmediato declarar vacante el puesto de sheriff del Condado de Pima e iniciar el procedimiento de sustitución. La moción de Christy no prosperó al no contar con ningún respaldo adicional.

Tras semanas de deliberaciones sobre si el testimonio incompleto de Nanos podía constituir motivo de destitución según la legislación estatal, la junta finalmente siguió el consejo de su asesoría jurídica, lo que derivó en dos decisiones.

La junta no tomó medidas para declarar vacante el cargo y remitió las acusaciones de perjurio a la Oficina del Fiscal General de Arizona.

La junta no se pronunció sobre si Nanos había cometido perjurio; la votación fue de 4 a 0, con la abstención de Christy.

El supervisor del Distrito 1, Rex Scott, señaló que su principal preocupación era la aparente falta de voluntad de Nanos para generar confianza dentro del departamento; citó una moción de censura de la organización de ayudantes del sheriff del Condado de Pima que obtuvo más de 250 votos a favor y 60 abstenciones, sin que se registrara ni un solo voto de confianza en el liderazgo de Nanos.

"Eso es muy revelador respecto al clima laboral y al sentir de los empleados de primera línea sobre la gestión del departamento," dijo Scott. "Igualmente reveladores son los correos electrónicos y las cartas que las oficinas de la Junta han recibido de empleados actuales y anteriores del Departamento del Sheriff del Condado de Pima, quienes han expresado no tener fe ni confianza en el liderazgo del sheriff. Han ofrecido ejemplos muy concretos de mezquindad, favoritismo y toma de decisiones precipitadas."

Scott mencionó que algunas cartas de empleados del departamento expresaban apoyo a Nanos, pero afirmó que este debe unir a todos y tomar medidas concretas para reconstruir la cultura del departamento; esto incluye reconocer lo que Scott llamó "lo obvio,” que existe una crisis interna de confianza en su liderazgo y acercarse pública y privadamente a los demás para buscar un diálogo honesto y restablecer la confianza.

"Basándome en el asesoramiento legal, no creo, y obviamente la mayoría de la Junta coincide, que tengamos la facultad de destituir al sheriff o declarar vacante el cargo. Él cumplió con sus obligaciones según la ley, pero considero importante que remitamos el asunto a la oficina del fiscal general,” dijo Scott. "Y lo más importante es que el sheriff tome medidas inmediatas para reparar el extraordinario clima de desconfianza y falta de fe en su liderazgo.”

El supervisor del Distrito 5, Andrés Cano, reconoció la preocupación de los miembros de la comunidad respecto a la seguridad pública y su desánimo ante un sheriff cuyos valores no comparten.

Compartió su experiencia como estudiante universitario residente en el Condado de Maricopa bajo el mandato del sheriff Joe Arpaio, cuando se aprobó la ley SB 1070.

La ley SB 1070, aprobada por la Legislatura de Arizona en 2010, obligaba a las fuerzas del orden a verificar el estatus migratorio de cualquier persona detenida o interceptada si existía una sospecha razonable de que se encontraba ilegalmente en el país, y tipificaba como delito estatal el hecho de estar en Arizona sin documentación.

"Lo sé porque lo viví en carne propia,” dijo Cano. "A pocas calles de mi residencia estudiantil, vi a familias e inmigrantes vivir con miedo y, lo que es más importante, vi a vecinos perder la fe en lo que se suponía que debía significar la seguridad pública.”

Cano comentó que aprendió que destituir a Arpaio no era competencia de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, sino responsabilidad de los votantes a través de un proceso de revocación de mandato.

Cano señaló que el sheriff, a diferencia del jefe de policía, es elegido por votación popular en lugar de ser designado y no puede ser destituido fácilmente; asimismo, mencionó que la junta había utilizado lo que él denominó un "estatuto de alcance limitado" para interrogar a Nanos, antes de que la asesoría jurídica les informara sobre sus limitaciones.

Cano afirmó que, de ahora en adelante, la junta se centraría en escuchar las inquietudes de los residentes sobre la seguridad pública y en invertir en el personal del departamento del sheriff.

Jennifer Allen, supervisora ​​del Distrito 3, declaró que los residentes de su distrito, predominantemente rural, dependen del departamento del sheriff para obtener una respuesta rápida, justicia y rendición de cuentas.

"Quiero agradecer al departamento por haber dado un paso al frente. Imagino que este ha sido un proceso increíblemente difícil y que seguirá siéndolo. El liderazgo es sumamente importante, y el liderazgo de nuestro sheriff lo es aún más," dijo Allen. "Espero que, en el camino que tenemos por delante, veamos un liderazgo auténtico que vele por los intereses de todo el equipo y de todos los residentes del Condado de Pima, y ​​que restablezca la confianza necesaria en nuestra comunidad hacia el departamento del sheriff."

Ian Stash es egresado de la Universidad de Arizona y periodista independiente radicado en Tucson. Puede contactarlo en istash@arizona.edu. 

Esta nota fue traducida por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.   

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