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Los supervisores del Condado de Pima endurecieron las normas relativas a los acuerdos de confidencialidad vinculados al desarrollo económico, exigiendo la divulgación pública de la documentación de dichos acuerdos 90 días antes de cualquier acción de la Junta; una medida motivada en parte por el secretismo que rodeó la propuesta del centro de datos Project Blue.

El acuerdo de confidencialidad del condado con Amazon para Project Blue un proyecto de centro de datos de 290 acres cerca del recinto ferial del condado de Pima generó fuertes críticas debido a que sus condiciones se ocultaron mayoritariamente al público posteriormente, el Concejo Municipal de Tucson votó para rechazar el proyecto de plano.

En su reunión del 8 de septiembre, los supervisores también votaron a favor de ampliar el proceso de diligencia debida en materia de desarrollo económico para incluir a los grandes consumidores de agua y energía. Ambos cambios se aprobaron con cuatro votos a favor y uno en contra el del supervisor del Distrito 4, Steve Christy.

El cambio en la política de acuerdos de confidencialidad implica que el condado enviará cartas a todas las partes con las que mantenga un acuerdo de este tipo, detallando las modificaciones, incluidos los plazos de vigencia de los acuerdos. Asimismo, se exigirá la divulgación pública de los materiales en poder del condado relacionados con el tema del acuerdo, los cuales deberán publicarse 90 días antes de cualquier acción solicitada por la Junta de Supervisores u otros organismos del condado, como la Comisión de Planificación y Zonificación.

Las cartas también solicitarán a los titulares de los acuerdos que confirmen si desean mantenerlos vigentes; la falta de respuesta en un plazo de 30 días supondrá la rescisión del acuerdo.

Los supervisores reciben informes trimestrales sobre los acuerdos de confidencialidad del condado durante sus reuniones, pero dichas deliberaciones tienen lugar en sesiones ejecutivas, cerradas al público.

El condado no suscribe acuerdos de confidencialidad unilaterales, y cualquier modificación de los acuerdos debe debatirse con el administrador del condado y la oficina del fiscal del condado.

La normativa del condado también exige que el administrador informe a los supervisores sobre la magnitud del proyecto y su acuerdo de confidencialidad una vez vencido el plazo inicial que por defecto es de 180 días, en caso de que la otra parte solicite una renovación de un año que requiera la aprobación de la Junta. Esta modificación también aclara el papel del administrador en dicho proceso.

La supervisora ​​del Distrito 3, Jennifer Allen, declaró que no apoya el uso de acuerdos de confidencialidad en la administración pública. Si bien reconoció que tienen sentido al negociar contratos de compra, calificó de problemático el hecho de ocultar información al público y reducir la transparencia.

"Creo que esta política es un gran paso para establecer la transparencia y crear un proceso que permita mantener cierto nivel de confidencialidad, pero definiendo claramente en qué consiste dicho proceso, cuándo finaliza y qué información puede o no ocultarse," afirmó Allen.

La junta también amplió los requisitos de diligencia debida para proyectos de desarrollo económico, exigiendo a los proponentes un informe exhaustivo con información detallada sobre el proyecto. Estos cambios hacen extensivo el proceso a cualquier entidad que consuma más de 7.48 millones de galones de agua al mes el umbral considerado para grandes consumidores de agua o que modernice o construya una subestación con una tensión de entrada de 115 kilovoltios o superior.

La junta celebró una audiencia y aprobó por unanimidad una solicitud de la empresa Tucson Electric Power para construir una subestación de 138 kilovoltios que cumple con dichos criterios. A pesar de las diversas preguntas planteadas por los residentes, los funcionarios aseguraron que la subestación no guarda relación alguna con el Proyecto Blue.

Allen sugirió que la política de diligencia debida tomará como referencia el marco de trabajo del Departamento de Salud del condado de Pima para centros de datos; dicho marco exige analizar las fases de preconstrucción, construcción y operación de un proyecto, evaluando no solo los límites del propio proyecto, sino también su impacto acumulativo en la región.

La administradora del condado, Jan Lesher, calificó el marco del Departamento de Salud como el modelo de referencia o estándar de oro para otros departamentos que gestionan proyectos de gran envergadura.

El supervisor del Distrito 5, Andrés Cano, comentó que tuvo conocimiento de que a varios empleados del condado se les había "instado a abstenerse" de aportar sus conocimientos técnicos sobre el Proyecto Blue. Lesher respondió que unificar la información del condado en un formato de respuesta estandarizado ayudaría a solucionar este problema, además de contemplar la posibilidad de elaborar un informe de minoría, si fuera factible.

Allen señaló que los centros de datos se sienten atraídos por Arizona debido a la escasa regulación y pidió al condado que asumiera la responsabilidad de realizar dicho análisis ante la falta de normas más estrictas.

"Esta política es un paso para garantizar que llevemos a cabo ese análisis. Creo que crea el marco necesario para que los departamentos sepan que se fomenta este análisis, que ahora está estructurado y formalizado en una política; queremos conocer su evaluación sobre todos los aspectos que abarca el proyecto," afirmó Allen. "Considero que es una política fundamental para asegurar que realizamos la diligencia debida y obtenemos la información que no recibimos debido a la ausencia de un marco regulatorio más amplio; así podremos evaluar los impactos en la tierra, el aire, el agua, la salud pública, la cultura y la historia, protegiendo aquello que nos define como la comunidad que tanto apreciamos."

Los supervisores también aprobaron una propuesta de presupuesto de más de 33 millones de dólares para el año fiscal 2027 destinada al programa de la Comisión Regional de Vivienda Asequible. El presupuesto se aprobó con 3 votos a favor y 1 en contra de Christy, mientras que el supervisor del Distrito 2, Matt Heinz, se abstuvo.

Esta cifra supone un aumento con respecto al año fiscal 2026, cuando el condado destinó $21 millones a la construcción de más viviendas asequibles y otros $3.5 millones a ayudar a mantener a las personas en viviendas asequibles.

Dichos fondos permitieron un incremento total de 618 unidades de vivienda incluidas 23 destinadas a alojamiento de transición para personas sin hogar, además de dejar 1,239 unidades más en fase de desarrollo y permitir que 910 hogares conservaran su vivienda.

Los fondos adicionales incluirán $5 millones para construir más viviendas y $3.7 millones para ayudar a que las personas mantengan su hogar.

Tom Litwicki, presidente de la comisión regional de vivienda asequible del condado, elogió las inversiones históricas del condado en este ámbito e instó a considerar la asignación de $1 millón adicionales proveniente del fondo general, tal como recomendó unánimemente la comisión.

Litwicki señaló que el aumento de las tasas de interés está elevando los costos de construcción, mientras que la reducción en el número de vales de ayuda asignados a estos proyectos disminuye el apoyo al alquiler en todo el estado; a esto se suma la falta de renovación de los créditos fiscales estatales para viviendas destinadas a personas de bajos ingresos. La junta no tomó ninguna medida respecto a ese millón de dólares adicionales.

Ian Stash es egresado de la Universidad de Arizona y periodista independiente en Tucson. Puede contactarlo en ianjgs16@gmail.com. 

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson.

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