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Una petición para modificar las normas sobre el uso de cámaras y transmisiones en vivo en los tribunales de Arizona ha recibido el respaldo tanto de fiscales como de abogados defensores del Condado de Pima; sin embargo, los críticos señalan que podría otorgar a los jueces un poder excesivo para impedir el acceso del público a las audiencias.

Matthew A. Walker, fiscal de la ciudad de Tucson, ha solicitado a la Corte Suprema de Arizona que modifique la Regla 122 del tribunal, con el fin de ampliar la autoridad judicial para restringir la grabación o transmisión de los procedimientos judiciales.

La petición R-25-0031 busca otorgar a los jueces una autoridad más clara y sólida para restringir o prohibir la grabación y transmisión cuando estas amenacen la seguridad, la privacidad o el orden en la sala del tribunal.

Según la normativa actual, los miembros del público y los medios de comunicación deben presentar una solicitud para grabar con al menos una semana de antelación a la audiencia; el juez puede aprobar, aprobarla con excepciones o denegarla. Existe una excepción que permite a cualquier persona utilizar un dispositivo de grabación personal pequeño sin autorización previa, siempre que lo anuncie de antemano, aunque dicha excepción no cubre la transmisión en vivo.

La Regla 122 se redactó en 1993 y su última modificación fue en 2014. La excepción relativa a los dispositivos personales se ha mantenido vigente a pesar de que los teléfonos inteligentes han facilitado enormemente la capacidad de grabar.

En el documento presentado ante la Corte Suprema de Arizona en enero de 2025, Walker señaló que la regla ha sido "utilizada indebidamente o incluso empleada abiertamente como arma por personas que transmiten audiencias judiciales en vivo por internet para intimidar y acosar a otros participantes o testigos en el tribunal."

Tras la presentación de la solicitud, la Corte Suprema de Arizona abrió un periodo de comentarios públicos, recibiendo opiniones formales y contrapropuestas de entidades como la Fiscalía del Condado de Pima, antes de decidir ampliar el plazo de revisión.

Inicialmente, se pospuso la evaluación del ciclo de agosto de 2025 a noviembre de 2025, luego se trasladó a agosto de 2026 y, finalmente, se aplazó la decisión definitiva hasta finales de 2026 para dar tiempo suficiente al grupo de trabajo estatal para realizar su análisis.

El interés de Walker en modificar la regla surge de sus interacciones con Lane Myers, quien cuenta con un historial de cargos en el Tribunal Municipal de Tucson que van desde alteración del orden público hasta allanamiento de propiedad y acoso.

Walker representó a la ciudad en un caso de alteración del orden público en 2024, en el que se acusó a Myers de causar disturbios durante una reunión del Concejo Municipal de Tucson, profiriendo comentarios soeces y realizando gestos que motivaron su expulsión del recinto.

Tras la retirada de los cargos por parte de la fiscalía, Myers hizo afirmaciones sobre la vida personal de Walker y arremetió contra su esposa, dejándole mensajes de voz, llamando a su jefe y acudiendo a su lugar de trabajo, según indican los documentos judiciales.

Se concedió a la esposa de Walker una orden de restricción por acoso, pero Myers respondió publicando una serie de videos en YouTube sobre la familia que incluían información personal y fotografías, lo que derivó en actos de acoso adicionales por parte de personas desconocidas.

El caso escaló a cargos de acoso agravado, enfrentándose Myers a al menos seis delitos graves ante el Tribunal Superior del Condado de Pima.

Myers, quien ejerció su propia defensa, alegó en los escritos judiciales que sus acciones estaban protegidas constitucionalmente por la libertad de expresión, argumentando que, dado que la esposa de Walker era empleada pública, el uso que él hizo de su información personal era legal.

Durante varias audiencias, Myers utilizó un dispositivo de grabación personal para transmitir el procedimiento en vivo, lo cual, según señaló Walker en su escrito, infringe la Regla 122.

Myers se declaró culpable de un delito grave y un delito menor relacionados con el caso, y fue condenado a dos años de prisión y tres años de libertad condicional.

Los términos de su libertad condicional incluían la prohibición de utilizar las redes sociales para compartir información sobre las víctimas o el juicio, así como un acuerdo de no contacto que le impedía comunicarse con Joshua Grey y Mark Kelly quien dirige el canal de YouTube y participó en la creación de contenido en redes sociales sobre el caso, según indican los documentos judiciales.

Se acusa a Myers de haber violado las condiciones de su libertad condicional casi un año después, al hablar de su caso en una transmisión en vivo y contactar a las personas con las que tenía prohibido comunicarse.

Su audiencia estuvo programada para el lunes 14 de septiembre.

En su petición, Walker señaló que la redacción poco clara de la norma genera incertidumbre entre los jueces sobre si tienen la facultad de denegar el acceso a una persona. Asimismo, indicó que la norma es imprecisa respecto a los límites de la difusión, dado que las transmisiones en vivo se han convertido en una modalidad más accesible en los últimos años.

"Esto resulta especialmente problemático cuando la transmisión en vivo se utiliza como medio para avergonzar o acosar a otra persona, como una víctima en un proceso penal o una parte que busca mantener vigente una orden de restricción por acoso," escribió Walker.

Entre los partidarios de la medida se encuentran la Fiscalía del Condado de Pima, el Colegio de Abogados del Condado de Pima, el Consejo Asesor de Fiscales de Arizona y Samuel Thumma, presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia de Arizona; todos ellos sostienen que la enmienda otorga a los tribunales la claridad necesaria para frenar el acoso.

Por otro lado, los detractores entre ellos residentes de la zona de Tucson, defensores de las libertades civiles y el abogado Jeremy Turner argumentan que los jueces ya disponen de un amplio margen de discrecionalidad según la jurisprudencia vigente, y afirman que el cambio supondría una restricción previa a la grabación, lo que inhibiría la supervisión pública de los tribunales.

Un portavoz del Tribunal Superior del Condado de Pima declaró que, por lo general, las personas que solicitan permiso para grabar no causan más interrupciones que aquellas que no lo hacen. Añadió que es poco frecuente que se deniegue una solicitud y que cada caso es evaluado individualmente por el juez presidente.

La revisión de la petición de Walker por parte de la Corte Suprema de Arizona ha quedado programada para la agenda de normas de diciembre de 2026.

Quentin Agnello es egresado de la Universidad de Arizona y periodista independiente en Tucson. Puede contactarlo en qsagnello@gmail.com. 

Esta nota fue traducida por el equipo bilingüe de El Foco de Tucson. 

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