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Ante el aumento de las facturas energéticas y unos objetivos climáticos que podrían resultar inalcanzables, el Concejo Municipal de Tucson está evaluando si la ciudad debería incursionar en el sector energético.

En una reunión celebrada el pasado 3 de marzo, el concejo debatió cuatro posibles modelos de gestión energética pública, que van desde un programa de agregación de elección comunitaria hasta la adquisición total de la red eléctrica de Tucson Electric Power; una medida que podría costar hasta $4 mil millones y tardar una década en completarse.

El debate fue solicitado por la alcaldesa Regina Romero y la concejala del Distrito 6, Miranda Schubert, en respuesta a las inquietudes de los residentes sobre el alza de las tarifas energéticas, y se produce tras cinco años de trabajo en Tucson Resilient Together, el plan de acción y adaptación climática de la ciudad.

En esa misma sesión, el concejo votó por unanimidad para instruir a la Comisión de Clima, Energía y Sostenibilidad de la ciudad a que lidere un estudio sobre las oportunidades a largo plazo en el ámbito de la energía pública que se alineen con los objetivos climáticos de la ciudad.

La ciudad lleva ya algún tiempo sentando las bases para abordar este asunto. Fatima Luna, directora de resiliencia de la ciudad, participó anteriormente en conversaciones sobre un posible acuerdo de franquicia con Tucson Electric Power; asimismo, el concejo se reunió recientemente con la fiscal general Kris Mayes para analizar la posibilidad de intervenir en el proceso de revisión tarifaria de TEP.

En 2025, el personal municipal organizó siete asambleas ciudadanas para escuchar las expectativas de los residentes respecto a un posible acuerdo de colaboración energética; asimismo, se hizo público un borrador de acuerdo con TEP para recibir comentarios de la ciudadanía.

Diversos miembros de la comunidad también han presentado al concejo su propia propuesta de acuerdo de colaboración energética, un modelo que ya están explorando otras ciudades, como San Diego.

“Para mí, un acuerdo de colaboración energética reviste una importancia crucial, ya que me permite garantizar que cumplamos con los objetivos climáticos de la ciudad de Tucson; además, dicho acuerdo establece el nivel de inversión que nuestra empresa de servicios energéticos destinará a nuestras iniciativas de acción climática,” declaró Romero.

Romero añadió que, dado que la administración Trump ha recortado los fondos federales destinados al clima y la sostenibilidad, un acuerdo de colaboración energética se ha convertido en una de las pocas vías restantes para financiar el plan Tucson Resilient Together.

"Escuchamos constantemente inquietudes sobre el aumento de los costos energéticos; percibimos un deseo de mayor certidumbre tarifaria a largo plazo, interés en alinear nuestro suministro de energía con los objetivos climáticos y un interés más amplio en el control local," afirmó Luna. "En resumen: existen caminos, pero ninguno de ellos será sencillo."

Las cuatro opciones analizadas fueron la agregación de elección comunitaria, la creación de un servicio público municipal para abastecer una instalación municipal ya existente, la creación de un servicio público municipal para abastecer nuevos desarrollos urbanísticos y la municipalización total de TEP dentro de los límites de la ciudad. Según la legislación estatal, cualquiera de estas opciones requeriría la aprobación de los votantes, así como la construcción desde cero de un nuevo sistema operativo, lo que incluye la contratación de personal y la infraestructura de facturación.

Bajo el modelo de agregación de elección comunitaria, la ciudad crearía una agencia encargada de adquirir energía en nombre de los residentes, mientras que TEP continuaría operando la red eléctrica. Este modelo no exigiría la adquisición de la infraestructura de servicios públicos existente ni la toma del control operativo, ya que se centra en la adquisición de energía más que en la propiedad de la empresa de servicios públicos.

Luna señaló que este modelo podría ofrecer una vía para alcanzar el objetivo del plan Tucson Resilient Together, lograr la neutralidad de carbono en toda la ciudad para el año 2045.

Actualmente, la agregación de elección comunitaria no está autorizada por la legislación de Arizona, aunque figura en la agenda legislativa aprobada por la ciudad de Tucson.

"A veces, avanzar en una dirección que proteja a nuestras familias trabajadoras supone una lucha constante contra nuestra legislatura estatal," comentó Romero. "Resultan desgarradoras las historias que escucho en relación con los servicios públicos en nuestra ciudad. He conversado con muchas familias trabajadoras que, cada verano, durante cuatro o cinco meses, reciben facturas de electricidad de 400 o 500 dólares."

Otra opción consistiría en utilizar una instalación municipal existente con cierta capacidad de generación de energía, como por ejemplo, un centro recreativo, como base para crear un servicio público municipal, actuando la ciudad simultáneamente como proveedora y como cliente.

Michael Catanzaro, Gerente de Energía de la ciudad, señaló que este enfoque reforzaría la resiliencia energética mediante el almacenamiento en baterías y proporcionaría a la ciudad un entorno controlado para poner a prueba los procesos de adquisición y facturación de servicios públicos.

La tercera opción implicaría que la ciudad construyera una nueva infraestructura energética desde cero, en lugar de adquirir activos ya existentes.

Catanzaro indicó que los modelos financieros sugieren que este enfoque es viable con una capacidad de cinco megavatios, cantidad suficiente para abastecer de energía a entre 1,300 y 2,000 hogares, a entre 20 y 40 acres de desarrollo industrial, o bien a un único gran cliente industrial. No obstante, esta opción enfrenta diversos obstáculos, entre ellos los conflictos relacionados con los territorios de servicio y la necesidad de una inversión de capital inicial considerable.

La opción de mayor alcance sería la municipalización total: que la ciudad asumiera la propiedad y la operación de los activos que TEP posee actualmente dentro de los límites municipales, convirtiéndo así en la proveedora minorista de energía con pleno control sobre las tarifas, los recursos y la planificación.

El costo económico constituye un obstáculo importante. La ciudad estima que la adquisición podría ascender a $3 mil millones, mientras que TEP sitúa dicha cifra en $4 mil millones; una suma que, tal como señaló el Administrador Municipal Tim Thomure, cuadruplicó la deuda actual de la ciudad, si bien añadió que los ingresos generados por el servicio público contribuirían a compensar dicho monto.

Más allá del costo, una municipalización total probablemente desencadenaría años de litigios y una campaña de oposición bien financiada; el proceso podría extenderse hasta una década y requeriría la aprobación de los votantes. Menos del 10 % de las ciudades que lo intentan logran tener éxito.

Varias grandes ciudades, incluida Los Ángeles, operan bajo este modelo. A nivel local, la Nación Tohono O'odham cuenta con la Autoridad de Servicios Públicos Tohono O'odham, de propiedad tribal, para suministrar energía a la reserva.

TEP se opone a la municipalización, argumentando que esta sobrecargar los recursos públicos y aumentaría las facturas colectivas de energía en miles de millones de dólares a lo largo de 20 años para recuperar los costos iniciales. La empresa de servicios públicos afirma que el mejor camino para que la ciudad logre ahorros en las facturas y un control local reside en la cooperación, en lugar de en la propiedad municipal.

Romero declaró que el costo de adquirir los activos de TEP para una municipalización total es "algo que no está a nuestro alcance en este momento," dadas las otras necesidades de la ciudad; no obstante, expresó su esperanza de que un acuerdo de colaboración energética pueda generar beneficios para la comunidad y propiciar las inversiones climáticas que la ciudad busca.

"La refrigeración no es un lujo aquí en el desierto; es una necesidad de salud pública," afirmó Lane Santa Cruz, concejala del Distrito 1. "Escuchamos las mismas inquietudes una y otra vez, y lo vivimos en carne propia: el aumento de los costos energéticos está ejerciendo una presión real sobre nuestras familias, nuestros adultos mayores y nuestros residentes médicamente vulnerables. Espero que sigamos monitoreando esta situación para poder continuar abordando."

Nikki Lee, concejala del Distrito 4, reconoció la existencia del programa de asistencia para personas de bajos ingresos de TEP, pero señaló que este asciende a tan solo 20 dólares mensuales; según ella, esto hace que la intervención de la ciudad para garantizar una energía asequible sea aún más necesaria, dado el aumento de las tarifas.

Schubert destacó que el movimiento a favor de la energía pública ha crecido significativamente en los últimos tres años gracias a las peticiones comunitarias y a la labor organizativa, y comentó que su oficina recibe a diario mensajes de residentes del Distrito 6 instando al concejo a tomarse este asunto en serio.

"Hemos escuchado alto y claro que los habitantes de Tucson priorizan la resiliencia climática, la asequibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas," afirmó Schubert. "A medida que avanzamos en esta conversación sobre escenarios realmente complejos, que presentan tanto pros como contras, solo espero que logremos mantener el enfoque centrado en las familias que se ven afectadas por estas decisiones, y en aquello que nos garantice las mejores condiciones en términos de asequibilidad, responsabilidad ante el público, transparencia y resiliencia energética, logrando así la modernización y limpieza de nuestra red eléctrica."

Ian Stash es estudiante de periodismo en la Universidad de Arizona y pasante en El Foco de Tucson. Puede contactar en istash@arizona.edu.

Esta nota fue traducida por los pasantes de la preparatoria San Miguel y editada por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.   

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