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Decenas de miembros de la comunidad protestaron frente al Concejo el martes después de que el Concejo Municipal de Tucson votara por unanimidad a favor de en noviembre enviar a los votantes un nuevo acuerdo de franquicia con Tucson Electric Power (TEP).

Los manifestantes exigían a los funcionarios municipales que apoyaran un sistema de servicios públicos administrado por la ciudad, diciendo que, aunque los altos precios siguen siendo una preocupación, no creen que las utilidades deban ser de propiedad privada.

El acuerdo actual entre TEP y la ciudad vence en abril de 2026, y los votantes rechazaron el último intento de renovación en 2023.

TEP y la ciudad deben llegar a un nuevo acuerdo antes del 1 de julio para que la elección especial para el acuerdo renovado se lleve a cabo en noviembre según lo planeado.

Un acuerdo renovado permitiría a TEP utilizar propiedad de la ciudad para instalar líneas eléctricas y otras infraestructuras a cambio de una tarifa, pagada por los clientes a la ciudad. La tarifa está fijada en poco más del 2% para los residentes de Tucson.

Tras el voto unánime de 6-0 del Concejo Municipal el martes para programar elecciones especiales en noviembre, los Socialistas Demócratas de Tucson encabezaron una marcha desde el Concejo hasta la sede de TEP, con residentes sosteniendo carteles y coreando: "¡TEP se tiene que ir!".

Muchos se quejaron de que las tarifas de TEP son demasiado altas y que la compañía no está haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático.

Según el grupo, casi 3,500 tucsonenses han firmado peticiones para obtener energía pública.

“La energía pública es popular, y esperamos con interés los resultados del estudio sobre fuentes de energía, que probablemente demostrarán que una empresa de servicios públicos de propiedad pública no solo es viable, sino que también beneficiaría a la clase trabajadora de Tucson,” dijeron los Tucson Democratic Socialists en un comunicado de prensa.

Queda por ver si una empresa de servicios públicos reduciría los precios, de acuerdo con un estudio preliminar realizado por GDS Associates para determinar si la energía pública es posible en Tucson.

El informe final del estudio se publicará en mayo. Un informe preliminar revisado por el Concejo Municipal en enero dijo que costaría $820 millones de dólares o más para comprar TEP.

“Siento que este movimiento es importante, especialmente en Tucson, donde cada año hace más calor,” dijo el manifestante Cameron Capra al Foco de Tucson. “Creo que la energía pública podría devolver el poder de voto a Tucson, donde le corresponde. La gente puede votar y hacer cambios para la compañía eléctrica, en lugar de que sea propiedad de una empresa externa en Canadá a la que no le importan los tucsonenses ni el calor que hace aquí.”

Capra dijo que cree que la mayoría de la gente no puede pagar facturas de entre 300 y 400 dólares, que, según él, paga por su casa de tres habitaciones.

Cliff Mays, voluntario de los Tucson Democratic Socialists, ha pasado los últimos meses haciendo campaña por la ciudad para promover energía pública.

“Solo queremos que la ciudad se haga cargo de TEP y la convierta en propiedad pública, ya que siguen subiendo las tarifas para beneficiar a los accionistas,” dijo Mays, quien vive con ingresos fijos a través del Seguro Social y beneficios por discapacidad, y comentó que tiene dificultades económicas. “Tengo un condominio de 750 pies cuadrados y cuesta $250 al mes. Con el cambio climático y la creciente demanda en verano, creo que es importante tener electricidad pública para poder contrarrestar el aumento de precios.”

El residente Ben Armentrout gana el ingreso promedio de Tucson, que según la Universidad de Arizona fue de $67,929 en 2023, una cifra muy por debajo de los promedios estatales y nacionales. Dijo que su factura de electricidad no representa una carga financiera masiva, pero aun así ronda los 220 dólares al mes, manteniendo su termostato a 80 grados Fahrenheit.

“Recuerdo mudarme aquí en verano, recibir mi factura y luego tener que reestructurar mi presupuesto porque era muy alta,” dijo Armentrout.

Tucson no es la única ciudad donde los residentes luchan por servicios públicos de propiedad municipal en lugar de que pertenezcan a Fortis, un conglomerado canadiense que es dueño de TEP, Central Hudson Power (Energía Central del Hudson), entre otros.

Los residentes del Valle del Hudson, Nueva York, presionaron para obtener energía pública durante el último año, y los legisladores finalmente presentaron una ley para tomar control de Central Hudson Power y formar Hudson Valley Power Authority (Autoridad de Energía del Valle del Hudson), después de que los clientes reclamaran sobrecargos en medio de un aumento de tarifas.

“Apoyo la eliminación de las compañías que se lucran con cosas que deberían ser bienes públicos o necesidades básicas, como mantenerse fresco”, dijo Armentrout. “Ciento cuarenta y seis personas murieron aquí en Pima County el año pasado a causa del calor. Creo que es inaceptable, especialmente cuando tenemos el dinero para mantener a la gente fresca”.

Colton Allder estudia periodismo en la Universidad de Arizona y es pasante del Foco de Tucson. Contáctalo en callder1995@arizona.edu.

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