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El Concejo Municipal de Tucson y la Junta de Supervisores del Condado de Pima expusieron los avances de sus respectivas iniciativas de seguridad pública durante una inusual sesión conjunta, en la que ambos gobiernos se comprometieron a trabajar unidos para resolver problemas de una magnitud tal que ninguno de los dos podría solucionar por sí solo.

Los grupos se reunieron el pasado 3 de marzo en lo que constituyó su segunda sesión conjunta para compartir novedades y debatir sobre la colaboración en sus respectivas iniciativas de seguridad pública: la iniciativa Safe City de Tucson y la iniciativa One Pima del Condado de Pima. Funcionarios de ambos gobiernos expresaron su esperanza de que estas reuniones se conviertan en una tradición trimestral.

“Nuestra intención es encontrar soluciones,” afirmó la alcaldesa de Tucson, Regina Romero. “Soluciones mutuas en las que todos estemos de acuerdo, respecto a problemas que trascienden la capacidad de una sola jurisdicción.”

Jennifer Allen, supervisora ​​del Distrito 3 del Condado de Pima y presidenta de la Junta de Supervisores, detalló las numerosas iniciativas emprendidas por ambos grupos para abordar los trastornos por uso de sustancias, los problemas de salud mental y la falta de vivienda.

Señaló que la colaboración intersistémica resulta indispensable, dado que los problemas de cada jurisdicción se entremezclan, ya que los residentes de Tucson son, a su vez, residentes del Condado de Pima.

“Entendemos, como lo demuestra la complejidad de los planes que tenemos en marcha, que no existe una solución única, ¿verdad? Porque, en la raíz de todo, están los seres humanos,” afirmó Allen. “Y todos somos seres pequeños y complejos. Por lo tanto, tanto los problemas como las soluciones son complejas y requieren no de un enfoque de "talla única,” sino de un pensamiento sistémico. Y creo que esto queda patente al observar que, si se aprieta el globo por un lado, este se abulta por otro.”

La subgerente municipal, Liz Morales, compartió novedades sobre la iniciativa Safe City, la cual estableció en noviembre de 2025 un grupo de trabajo encargado de revisar las políticas de la ciudad, identificar deficiencias y aportar sugerencias mediante una representación intersectorial.

El Departamento de Policía de Tucson realizó 360 intervenciones, con un saldo de 328 detenciones, durante 15 operativos de la iniciativa Safe City. Las 1.097 imputaciones formuladas incluyeron 332 delitos menores y 68 delitos graves, y derivaron en el desmantelamiento de 15 campamentos.

La iniciativa Safe City prioriza el tratamiento y la estabilización por encima del encarcelamiento, y las fuerzas del orden evalúan a cada persona de manera individual. Estos 15 despliegues dieron como resultado 29 derivaciones a refugios, 26 evaluaciones de desintoxicación y 15 tratamientos asistidos médicamente.

Antes del lanzamiento de la iniciativa Safe City, la ciudad realizó 95 derivaciones a centros de tratamiento de adicciones o de salud mental. Desde entonces, esta cifra casi se ha duplicado, alcanzando las 185.

“Si bien se prioriza la derivación siempre que resulta factible, sabemos que no todas las situaciones cumplen con los criterios”, afirmó Morales.

La ciudad también se ha centrado en su programa STAR Village, cuyo objetivo es brindar estabilidad a los residentes y cubrir la carencia de opciones de albergue de baja exigencia. Este programa, orientado a la obtención de resultados, ha proporcionado refugio y servicios a 73 personas en aproximadamente cuatro meses de funcionamiento; gracias a la colaboración de organizaciones sin fines de lucro y a la participación de los vecinos, se ha logrado una reducción del 34 % en los incidentes policiales. Cuatro residentes han sido reubicados en viviendas permanentes y ocho, en viviendas temporales.

En el ámbito legal, el abogado municipal Roy Lusk elaboró ​​un borrador de ordenanza que, si bien originalmente se centraba en el consumo de drogas al aire libre, reorientó su enfoque hacia el fortalecimiento de las herramientas legales existentes, la mejora de la documentación para la formulación de cargos, el establecimiento de vías más claras de atención posterior a la detención y una mejor colaboración interinstitucional.

El plan de acción de la Iniciativa Safe City se encuentra aún en fase de borrador en la que se esbozan estrategias definidas y métricas mensurables y actualmente está sujeto a un proceso de participación pública.

“El plan de acción esboza y propone prioridades, roles y estrategias coordinadas claras entre los distintos departamentos y socios,” afirmó Morales. “Cuenta con estrategias definidas, respaldadas por métricas medibles, para garantizar la rendición de cuentas, dar seguimiento al progreso y orientar la mejora continua.”

El Condado de Pima presentó sus propias iniciativas a través de la estrategia One Pima, la cual prioriza el tratamiento y la prevención de la falta de vivienda.

El Departamento de Salud del Condado de Pima llevó a cabo una evaluación exhaustiva de sus planes de tratamiento y vivienda, con un enfoque particular en la colaboración para hacer frente a los riesgos relacionados con el calor de cara al verano.

“En este momento estamos lidiando con muchos problemas relacionados con la atención médica en general y con la cuestión de si aquellos que están dispuestos a someterse realmente a un tratamiento son siquiera capaces de costear los servicios», afirmó el administrador adjunto del condado, Steve Holmes.”

Holmes declaró que el departamento de salud planea crear una subdivisión dedicada específicamente a abordar cuestiones medioambientales, incluido el calor extremo.

El Centro de Transición del Condado de Pima comenzará a contratar personal este mes con el fin de ampliar su servicio a los siete días de la semana. Asimismo, el centro ha estado trabajando con su programa de Tratamiento de Apoyo y Participación con Servicios, el cual proporciona recursos a aproximadamente 686 personas elegibles al año, aunque solo la mitad completó el programa. Ambas iniciativas operan de manera conjunta con el sistema de tribunales de drogas del condado, conocido como Alternativa al Encarcelamiento mediante Tratamiento de Drogas.

El condado de Pima recibió $31 millones en fondos provenientes de acuerdos judiciales relacionados con los opioides, distribuidos a través de diversas vías, y se espera recibir un total de $126 millones. Dado que los pagos llegan de manera impredecible, Holmes advirtió al condado sobre el riesgo de depender de un flujo constante de fondos. El último pago se recibió en agosto de 2025.

El condado aprobó asignaciones por un total de $8 millones para solicitudes de propuestas, incluyendo $1,25 millones de dólares para la prevención entre jóvenes y otros 1.25 millones para el apoyo mediante navegación entre pares; $2 millones para servicios tradicionales de apoyo integral; $600,000 para la respuesta conjunta con las fuerzas del orden; $300,000 para servicios de tratamiento asistido con medicamentos; $2.2 millones para la implementación de la iniciativa Alternativa Sobria para la Recuperación a lo largo de tres años; y $400,000 para la contratación de personal destinado a la prevención de sobredosis en el Departamento de Salud del Condado de Pima.

En noviembre de 2025 se asignaron $1.8 millones adicionales para el programa piloto SAFR, y otros $3.9 millones en enero para las cuatro prioridades.

La concejala del Distrito 4, Nikki Lee, comparó la relación entre la ciudad y el condado con la de dos amigos que se reparten la cuenta de un restaurante: con Tucson como el amigo que se está "quedando en la ruina" y el condado de Pima como aquel que acaba de recibir un aumento de sueldo.

"Para ser totalmente honesta, realmente estamos pasando apuros, y vamos a tener conversaciones muy difíciles sobre programas que hemos creado y que van más allá de los servicios básicos," afirmó Lee. "Vamos a necesitar el apoyo del condado para ayudarnos a sobrellevar la carga, porque nosotros solos no podremos soportar ese peso."

El supervisor del Distrito 4, Steve Christy, afirmó que, si bien considera que el tratamiento es una prioridad, los esfuerzos realizados no son suficientes para abordar el delito en sí mismo, a pesar de que la reducción de la delincuencia fue la razón principal por la que la comunidad exigió dichas medidas.

“No veo ningún análisis sobre cómo estos programas han impactado en un sentido u otro la delincuencia en nuestra comunidad; y fue precisamente la delincuencia en nuestra comunidad lo que generó estas demandas de algún tipo de acción, pero todo lo que he visto es tratamiento,” señaló Christy. “¿Qué hay del efecto que esto está teniendo sobre la delincuencia en nuestra comunidad?.”

Romero expresó su desacuerdo, citando datos del programa STAR Village que indican una reducción del 35 % en la delincuencia durante los primeros cinco meses.

Ian Stash es estudiante de periodismo en la Universidad de Arizona y pasante en El Foco de Tucson. Puede contactarlo en istash@arizona.edu. 

Esta nota fue traducida por los pasantes de la preparatoria San Miguel y editada por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.   

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