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Ante la inminencia de las elecciones de marzo, se advirtió a los líderes de la ciudad de Tucson que el fracaso de la renovación de la Autoridad Regional de Transporte (RTA por sus siglas en inglés) podría provocar recortes drásticos en el servicio de transporte público, retrasos en los proyectos viales y la pérdida de cientos de millones de dólares en financiación.

Las advertencias se centraron en RTA Next, una propuesta de renovación y ampliación de la Autoridad Regional de Transporte del Condado de Pima que extendería el impuesto sobre las ventas del condado de medio centavo por otros 20 años, financiando un plan de transporte regional de 2.670 millones de dólares que respaldaría la creación de empleos en el sector de la construcción y el transporte público, y permitiría que se llevaran a cabo proyectos planificados desde hace tiempo. La propuesta incluye 726 millones de dólares para servicios de transporte público, 177 millones de dólares para la rehabilitación del pavimento de carreteras principales y secundarias, y financiación para proyectos de carreteras, seguridad vial y movilidad en Tucson y las comunidades aledañas.

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, solicitó la actualización para la reunión del concejo del 21 de enero, antes de la reunión de la junta directiva de RTA Next, con el fin de aclarar cómo podrían verse afectados los servicios municipales si las Proposiciones 418 y 419 no son aprobadas en las urnas.

La Proposición 418 renovaría el impuesto sobre las ventas de medio centavo que ya existe en el Condado de Pima por otros 20 años para financiar el programa RTA Next. Estos fondos se destinarían a la reparación de carreteras, el servicio de transporte público, mejoras en la seguridad y grandes proyectos de infraestructura en Tucson y la región.

La Proposición 419 autorizaría el plan de gastos específico de RTA Next, que detalla cómo se asignarían los ingresos fiscales entre la expansión del transporte público, las mejoras de las carreteras, la rehabilitación del pavimento y otras inversiones en transporte.

Los funcionarios municipales afirmaron que el rechazo de las propuestas podría resultar en importantes reducciones en el servicio de transporte público, la paralización de las mejoras viales y la pérdida de inversiones regionales planificadas desde hace mucho tiempo.

El director de Transporte y Movilidad, Sam Credio, informó al concejo que la ciudad se está centrando en la planificación, el diseño y la construcción de los proyectos restantes del acuerdo de la RTA de 2006, incluido el proyecto de conexiones del centro de la ciudad, que está a punto de finalizar a principios de 2026.

Credio también anunció que la ciudad está lista para comenzar la próxima semana las obras de reconstrucción del puente de la calle 22, un proyecto largamente planificado que ha estado en desarrollo durante muchos años y para el cual se otorgó una subvención. Dado que la demolición es inminente, Credio indicó que la calle se cerrará a principios de marzo y permanecerá cerrada durante aproximadamente dos años y medio.

En diciembre, la ciudad de Tucson firmó dos acuerdos intergubernamentales con la junta directiva de la RTA: uno que aprueba proyectos para ampliar las áreas de servicio, los servicios para personas con necesidades especiales y la disponibilidad de autobuses durante la noche y los fines de semana, y otro centrado principalmente en el servicio de transporte público a otras partes del Condado de Pima, incluyendo South Tucson y Marana. En conjunto, los acuerdos representan una inversión de 21,8 millones de dólares, con 10,3 millones de dólares destinados a servicios dentro de Tucson y 11,5 millones de dólares para servicios fuera de los límites de la ciudad.

El plan también incluye 177 millones de dólares para la rehabilitación del pavimento de las vías principales y secundarias, lo que incluye el reasfaltado y la modernización de las carreteras. Esta financiación no estaría disponible si no se implementa el plan RTA Next.

De los 51 proyectos del plan original de la RTA, aprobado por los votantes en 2006, cuatro aún no se han completado. Dos proyectos en Houghton Road y West 22nd Street se aplazaron al plan RTA Next debido a cambios en el alcance, mientras que los proyectos en First Avenue y Grant Road (fases cinco y seis) se aplazaron por necesidades de financiación.

“Si RTA Next tiene éxito, mantendríamos los niveles de servicio actuales, pero también consideraríamos implementar los cambios de servicio recomendados que se incluyeron en el COA, que fue aprobado en 2024,” dijo Credio. “Otro aspecto que quiero destacar es que, si el plan RTA Next resulta exitoso, se destinarán 726 millones de dólares a la financiación del transporte público a lo largo de los 20 años que abarca el plan. Parte de esa financiación incluye fondos para la ampliación del servicio.”

Según Credio, el fracaso del plan RTA Next en las elecciones de marzo provocaría una disminución en el servicio de transporte público de la ciudad, incluyendo la reducción de 141 viajes entre semana, 205 viajes los sábados y 115 viajes los domingos. Esto se traduciría en una reducción del horario de servicio en 21 rutas y mayores intervalos de espera en 13 rutas. Credio también afirmó que los cuatro proyectos del plan RTA de 2006 que se incluyeron en RTA Next serían cancelados.

El fracaso del plan RTA Next también eliminaría las dos zonas de servicio Sun On Demand, que se financian íntegramente con el fondo general de la RTA. Esto supondría la cancelación de 34 viajes diarios en 11 rutas exprés, así como de los servicios Sun Shuttle y Sun Shuttle Dial-A-Ride, si la ciudad no logra recaudar 10,6 millones de dólares para mantener dichos servicios.

La concejala del distrito 6, Miranda Schubert, recordó haberse reunido con un grupo de vecinos políticamente activos en una reunión de la asociación de barrio, quienes estaban indignados con el plan RTA Next y lo calificaron de regresivo. Schubert añadió que no quería "controlar a los votantes."

“Simplemente creo que al centrarnos exclusivamente en las pérdidas de servicio y omitir la discusión sobre estrategias de respaldo, responsabilidad compartida o flexibilidad financiera,” dijo Schubert, “se nos está pidiendo que apoyemos RTA Next basándonos en las peores hipótesis en lugar de tener una comprensión completa de todas nuestras opciones.”

Schubert citó el puente de la calle 22 como ejemplo de lo que ella denominó soluciones creativas para el transporte público, que, según afirmó, sigue siendo un servicio esencial.

La concejala del Distrito 5, Selina Barajas, habló sobre la expansión del transporte público contemplada en el plan y expresó sus dudas de que la ciudad pueda seguir ofreciendo transporte público gratuito sin el programa RTA Next.

“Quiero que esos esfuerzos tengan éxito y quiero que podamos construir sobre ese sueño de llevar un sistema de transporte público de alta capacidad al segmento sur de ese corredor, y sé que ese sueño tardará muchos años en hacerse realidad, pero para lograrlo se necesita inversión a partir de ahora,” dijo Barajas.

Romero, quien afirmó que las solicitudes de reparación de carreteras son las peticiones más comunes que recibe de los residentes, habló sobre su experiencia en la junta directiva de PAG RTA y el proceso de planificación, diciendo que intentó luchar por el mejor plan, pero se sintió frustrada porque numerosos grupos que podrían haber participado nunca lo hicieron.

“No sabemos qué sucederá en marzo de este año con las Proposiciones 418 y 419, pero como alcalde y miembro del concejo, tenemos la responsabilidad de hablar sobre las posibles consecuencias de que no se apruebe una iniciativa en la que, francamente, todos los presentes en esta mesa trabajamos arduamente para que llegara a donde está,” dijo Romero. “¿Es perfecta? Absolutamente no. ¿Podríamos tener más inversión? Claro que sí, podríamos tenerlo todo. Pero creo que es importante que mis colegas del concejo conozcan bien la situación.”

Además del debate sobre el transporte, el concejo también tomó una decisión unánime sobre la aplicación de las leyes federales de inmigración, votando por unanimidad para prohibir que agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional utilicen propiedades de la ciudad o bajo control de la ciudad para llevar a cabo operaciones de control de inmigración civil.

La moción ordena al personal municipal que elabore una ordenanza que regule cualquier uso de propiedad municipal por parte de entidades ajenas al ayuntamiento sin permiso explícito, y que establezca protocolos uniformes en toda la ciudad para las solicitudes de inmigración federal y el acceso a las propiedades municipales, incluyendo capacitación para los empleados, procedimientos departamentales y un punto de contacto designado.

Los funcionarios municipales afirmaron que la ciudad tiene plena autoridad para regular el uso de las propiedades municipales a través de los mecanismos de control existentes, pero los concejales expresaron dudas sobre su capacidad para detener las operaciones de control de inmigración en propiedades privadas, citando su preocupación por los posibles enfrentamientos peligrosos entre el Departamento de Policía de Tucson y el ICE.

Varios concejales que se han pronunciado abiertamente sobre las políticas de inmigración de la administración Trump dijeron que con frecuencia los ciudadanos se les acercan para preguntar qué planea hacer la ciudad en respuesta a las operaciones de inmigración cada vez más controvertidas, además de las medidas que la ciudad ya ha tomado, como la creación de un sitio web Know Your Rights resources website.

Romero recordó los días de la ley S.B. 1070, cuando formaba parte del Concejo Municipal y aprobó cambios en las políticas del Departamento de Policía de Tucson para garantizar que las personas se sintieran seguras al denunciar delitos, independientemente de su estatus migratorio. Añadió que ha estado en contacto con alcaldes de todo el país para discutir temas como el trato a los menores detenidos.

Romero señaló que la forma de gobierno municipal de Tucson limita las acciones rápidas y unilaterales, como las órdenes ejecutivas, y afirmó que la ciudad no cuenta con el mismo nivel de apoyo de la legislatura estatal que otros municipios, lo que, según ella, restringe las medidas que Tucson puede adoptar.

“Voy a aprovechar este foro para llamar a las cosas por su nombre. Esto es fascismo en Estados Unidos,” declaró Kevin Dahl, concejal del Distrito 3. “Nuestros padres fundadores no concibieron que el presidente tuviera sus propias tropas personales para desplegarlas donde quisiera. Greenland, Venezuela, Minneapolis, Portland. Esperemos que no en Tucson.”

Dahl afirmó que cree que la comunidad se beneficiaría más si el presupuesto de ICE se distribuyera a los gobiernos municipales para que contrataran más policías, y añadió que nadie se siente seguro con la presencia de ICE.

La vicealcaldesa Lane Santa Cruz sugirió seguir un enfoque que, según ella, se está utilizando en Minneapolis en medio de la actividad de ICE que ha sido objeto de atención pública, en el que el personal del ayuntamiento proporcionó orientación sobre el diseño de carteles que los propietarios podían colocar para restringir la actividad de ICE en sus propiedades.

“Seguiré trabajando con otros funcionarios electos del estado y con organizaciones que deseen colaborar conmigo y con nosotros para ayudar a proteger a nuestra comunidad,” dijo Romero. “Estoy abierta y dispuesta a trabajar con quien sea para garantizar la protección de nuestros residentes en la mayor medida posible”

Ian Stash es estudiante de periodismo en la Universidad de Arizona y pasante del Foco de Tucson. Puede contactarlo en istash@arizona.edu.

Esta nota fue traducida por los pasantes de la preparatoria San Miguel y editada por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.   

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