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Según su familia, la solicitud de residencia permanente de una mujer de Tucson fue denegada y deportada a México tras recibir una prueba de detección de cáncer de mama gratuita en una clínica de salud local.

La deportación médica —la expulsión de una persona indocumentada del país debido a su condición médica— generalmente ocurre cuando la persona no puede pagar el tratamiento. El argumento suele ser que la persona representa una carga financiera para los proveedores de atención médica o el gobierno, pero la mujer de Tucson que fue deportada no requirió ningún tratamiento adicional más allá de el examen.

Los defensores de la atención al paciente en todo el país y en Tucson están enfatizando la importancia de proteger la información médica privada de los pacientes, ya que este nuevo temor se suma a los obstáculos para el acceso a la atención médica tanto para las personas indocumentadas como para quienes viven en hogares con estatus migratorio mixto.

"Hay rumores, basados ​​en hechos, de que los hospitales y centros clínicos también son sitios de deportación médica de personas que van por una emergencia médica y salen del hospital detenidas por el Servicio de Inmigración y Aduanas,” dijo Megan Carney, profesora asociada de antropología en la Universidad de Arizona y directora de estudios alimentarios regionales.

Este temor se ha intensificado luego de que la administración Trump rescindiera recientemente una política de la era Biden que designaba ciertos lugares como protegidos contra el ingreso de ICE (traducido en español como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Lugares que anteriormente se consideraban seguros para los inmigrantes indocumentados —como escuelas, lugares religiosos, y hospitales— han perdido su estatus de santuario.

En respuesta, los hospitales a nivel nacional están determinando cómo garantizar la atención al paciente para todos. Algunos han emitido protocolos internos que informan al personal sobre cómo responder si los agentes de ICE ingresan a sus instalaciones.

Ohio Nurses Association (la Asociación de Enfermeras de Ohio) ha establecido una guía explícita que detalla cómo proteger a los pacientes en riesgo, comprender los derechos legales y cómo manejar los encuentros con agentes de inmigración.

En Massachusetts, la fiscal general ha emitido un comunicado con información para ayudar a los profesionales de la salud a proteger a los pacientes indocumentados en caso de presencia de ICE.

Si bien las autoridades de Arizona no han publicado un comunicado estatal, algunos hospitales de Tucson están tomando medidas independientes.

Una enfermera de El Rio Community Health Center, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que El Río cuenta con un protocolo explícito, pero no está disponible para el público en general. No está claro qué contiene la guía de El Río, pero los protocolos en otros estados describen las responsabilidades del personal y los derechos de los pacientes.

Representantes del Tucson Medical Center y del Banner University Medical Center no respondieron a las preguntas del Foco de Tucson sobre los protocolos oficiales. Sin embargo, los médicos que trabajan en ambos hospitales dijeron que no se han comunicado internamente las directrices relacionadas con ICE.

Los expertos dicen que es de vital importancia contar con políticas establecidas para proteger los datos y la información en entornos de salud, especialmente tras la reciente deportación de la mujer de Tucson que recibió la mamografía gratuita.

La prima de la mujer, quien pidió mantenerse en el anonimato, dijo que la mujer emigró a Tucson con su hijo para escapar de la inestabilidad política en México. Su esposo es ciudadano estadounidense por nacimiento y trabaja a tiempo completo como gerente, por lo que su hijo pudo obtener fácilmente su ciudadanía estadounidense.

La mujer ingresó al país con una visa de visitante, pero después de que su hijo se inscribió en la escuela y terminó necesitando cuidados adicionales, ella permaneció en el país después de la expiración de su visa.

Mientras estaba en Tucson, se realizó una mamografía gratuita durante un evento de detección de cáncer de mama ofrecido por una clínica local. Poco después, solicitó la tarjeta de residencia permanente (conocida como “Green Card” o “Tarjeta Verde”) —un proceso que, dadas sus circunstancias familiares, en el pasado habría sido relativamente sencillo.

Sin embargo, su solicitud fue rechazada bajo el argumento de presencia ilegal, ya que los servicios migratorios utilizaron como evidencia el registro de su mamografía gratuita.

La mujer fue deportada poco después de que le negaran la residencia permanente. Las autoridades retuvieron su pasaporte y le prohibieron volver a solicitar una tarjeta verde durante un año.

Su hijo fue retirado de la escuela y regresó a México con ella, mientras que su esposo permanece en Estados Unidos para apoyarlos económicamente.

"Es ilógico,” dijo la prima de la mujer. Y ahora "un ciudadano estadounidense se ve afectado. Tiene que pausar su educación y salir del país. Eso es duro para un niño pequeño.”

Azumi Valencia es estudiante de último año en BASIS Tucson North e investiga las disparidades en salud de las mujeres inmigrantes como parte de su proyecto de fin de carrera.

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