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La supervisora ​​del Condado de Pima, Jennifer Allen, exige límites a los acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés), argumentando que el secretismo en torno a proyectos como el centro de datos respaldado por Amazon que se pretende construir en el sur de Arizona prioriza los intereses corporativos sobre el derecho del público a la información.

El Ayuntamiento de Tucson votó a principios de este mes para detener el proceso de anexión vinculado al Project Blue, pero Arizona Luminaria informó el martes pasado que la promotora Beale Infrastructure y Tucson Electric Power estaban avanzando con el proyecto fuera de los límites de la ciudad de Tucson y habían presentado una solicitud especial ante la Comisión de Corporaciones de Arizona para asegurar la energía para la primera fase.

Un acuerdo de confidencialidad es un contrato legalmente vinculante que limita lo que una persona puede y no puede compartir públicamente.

El Condado de Pima ha estado sujeto a un acuerdo de confidencialidad vinculado al Project Blue desde al menos junio de 2024, el cual ocultó detalles clave tanto al público como a algunos funcionarios electos. Como resultado, los supervisores carecían de información completa cuando votaron en junio para aprobar la venta de 290 acres de desierto al Project Blue.

"Parece una promesa incumplida," declaró Allen al Foco de Tucson, añadiendo que Tucson no necesita centros de datos; los centros de datos necesitan el desierto. "Hay cada vez más regulaciones en todo Estados Unidos. Los servicios públicos están al límite de sus recursos. No pueden abastecer ni satisfacer la demanda energética, así que prefieren venir aquí porque es un desierto árido, lo que mantiene sus equipos en buen estado."

La ciudad de Tucson se encuentra actualmente bajo seis acuerdos de confidencialidad (NDA). Luminaria informó previamente que el NDA del Project Blue contenía detalles, incluyendo el nombre del patrocinador del proyecto.

"Según tengo entendido, lo que me han dicho es que este NDA en particular y las medidas en torno al Project Blue han sido los de mayor alcance que el condado ha enfrentado en los últimos tiempos," declaró Allen.

Sin embargo, los expertos legales señalan que incluso acuerdos como los NDA están sujetos a límites legales. En general, los adultos que son legalmente competentes pueden hacer contratos sobre casi cualquier tema que deseen, siempre que no sea ilegal ni claramente contrario a las políticas públicas, afirmó David Super, profesor de derecho y economía en la Universidad de Georgetown, especializado en derecho inmobiliario y contractual.

Otro detalle clave que el NDA del Project Blue mantuvo oculto fue la cantidad de energía y agua que consumiría. Super explicó que el agua y la energía son simplemente factores de producción en un NDA, "en nada diferente a la fórmula secreta de un refresco popular."

"Si consumir tanta agua o tanta energía violara las leyes ambientales, sería otra cosa," afirmó.

El NDA inicial para el Project Blue se firmó en 2022, según el administrador de la ciudad de Tucson, Tim Thomure, quien declaró en una entrevista que estos acuerdos limitaron el debate público sobre el proyecto.

“Eso es algo que tendremos que resolver,” dijo Thomure durante una entrevista en el programa de Bill Buckmaster. “¿Cómo podemos evitar obstaculizar el desarrollo económico potencial, pero tener la oportunidad de dialogar con el público?”

Thomure comentó que participó en el proceso de negociación de Project Blue a principios de mayo, pero que conoce la propuesta del centro de datos desde hace dos años. Aunque no ha firmado ningún acuerdo de confidencialidad, los cumple, incluido el más reciente de marzo.

“Estudiaremos cómo abordar los acuerdos de confidencialidad y entablar conversaciones oportunas con el público,” dijo Thomure.

Allen afirma que, al depender de las NDAs para el desarrollo económico, la ciudad prioriza los intereses privados de las empresas sobre los del público.

“Esto demuestra que estamos protegiendo los intereses de las empresas con fines de lucro por encima de la transparencia, el derecho del público a la información y el derecho de los legisladores a la información,” declaró, y añadió que exige una reforma generalizada de las políticas relacionadas con los NDA. “Estamos trabajando para que nuestros cabilderos busquen apoyo para eliminar la exención del impuesto estatal y local sobre las ventas para la compra de equipos de los centros de datos.”

Allen también quiere revisar las regulaciones de zonificación para garantizar que los centros de datos ya no puedan pasar por un proceso acelerado de zonificación.

“En su lugar, se requerirá un permiso de uso condicional, revisión y votación de planificación y zonificación, audiencias públicas y se les podrán imponer condiciones,” explicó. 

Allen está analizando las medidas de seguridad implementadas por otras ciudades, estados y municipios con respecto a los acuerdos de confidencialidad. Señaló el caso de San Francisco, que prohíbe a su gobierno municipal firmar acuerdos de confidencialidad.

Afirmó que los acuerdos de confidencialidad deben ser específicos y utilizarse únicamente para proteger información específica, en lugar de ocultar proyectos completos.

Allen indicó que el borrador de la política de acuerdos de confidencialidad aparecerá en la agenda de septiembre de la Junta de Supervisores para su votación. Añadió que los supervisores aprobaron la implementación de la política por 4 votos a 1.

“Debe haber una justificación para la confidencialidad, y esa justificación no debe prevalecer ni entrar en conflicto con el derecho del público a la información,” declaró Allen.

Arilynn Hyatt es una estudiante de periodismo de la Universidad de Arizona y pasante de El Foco de Tucson. Contáctala en arilynndhyatt@arizona.edu. 

Esta nota fue traducida por Diana Ramos Sacaria, exalumna de la Universidad de Arizona y reportera de El Foco de Tucson. Contáctala en dianacramos@arizona.edu.

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