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Argumentando preocupaciones sobre la seguridad pública, la transparencia y la confianza de la comunidad, la Junta de Supervisores del Condado de Pima aprobó tres medidas destinadas a frenar la actividad de control migratorio en el condado, lo que generó una fuerte oposición del único miembro republicano de la junta.

Las tres medidas fueron aprobadas por 4 votos a 1 durante la reunión del 3 de febrero. Los supervisores ordenaron al personal redactar una ordenanza que proteja las propiedades del condado de ser utilizadas para operaciones de control migratorio y prohíba el uso de mascarillas por parte de las fuerzas del orden. También adoptaron una resolución que se opone al establecimiento de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en Marana.

El único republicano de la junta, el supervisor del Distrito 4, Steve Christy, fue el único que votó en contra de las tres medidas.

Christy afirmó que el Condado de Pima aceptó $8 millones en fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense para operar un centro de bienvenida para solicitantes de asilo en Drexel Road, lo cual describió como parte de la política de la administración Biden. Con esto en mente, Christy presentó una moción sustitutiva para firmar un acuerdo con el gobierno federal para arrendar las instalaciones de Drexel Road y utilizarlas para facilitar las políticas de control migratorio de la administración Trump. Afirmó que esta medida permitiría al condado recuperar el gasto anterior.

La supervisora ​​del Distrito 3 y presidenta de la Junta, Jennifer Allen, se opuso a la propuesta de Christy, argumentando que las recientes medidas de control migratorio han perjudicado a la comunidad.

“Hemos presenciado un ataque tan grave a la seguridad y la dignidad de las personas que, al igual que otras personas de nuestra comunidad, me cuesta entender qué podemos hacer para defendernos,” declaró Allen, añadiendo que ha tenido familiares detenidos en el Centro de Detención de Florence en los últimos dos meses, y a uno de ellos se le negó el acceso a medicamentos necesarios para el corazón. “Tenemos que defendernos.”

Allen expresó su deseo de que la ordenanza que impide que los espacios propiedad del condado se utilicen para el control migratorio garantice que los residentes puedan seguir sintiéndose seguros en bibliotecas, escuelas y clínicas.

Muchos gobiernos locales han aprobado ordenanzas similares, incluido el Ayuntamiento de Tucson.

El supervisor del Distrito 1, Rex Scott, expresó su firme apoyo a la moción para prohibir que las propiedades del condado se utilicen para operaciones de inmigración, añadiendo que la versión de Christy de los hechos no era precisa y que el condado ha recibido fondos federales para el albergue y la atención de solicitantes de asilo con trámites legales desde la primera administración de Trump.

“Siempre apoyé la aceptación y el uso de esos fondos por una simple razón: era una forma de proteger la salud y la seguridad pública,” declaró Scott, añadiendo que la política impedía la liberación en las calles de solicitantes de asilo con trámites legales, algo que ocurrió en otras ciudades del suroeste, como San Diego y El Paso.

También permitió al Condado de Pima ayudar a los condados rurales vecinos, como Cochise y Santa Cruz.

“Recordemos que (Alex). Pretti recibió un disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas. Esas personas no deberían trabajar en el interior del país. Son agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas, y sin embargo, este gobierno las envía al interior del país, donde no están capacitadas para operar,” dijo Scott. En cuanto al ICE, está documentado que han reducido sus estándares de capacitación. Han reducido sus estándares de contratación. Operan bajo cuotas numéricas… que básicamente implican 3000 deportaciones diarias.”

La moción sustitutiva de Christy no recibió el apoyo de ningún otro miembro de la junta y, por lo tanto, no avanzó.

Cuestionó qué sucedería si los agentes de inmigración violaran la ordenanza que prohíbe las acciones de seguridad en las propiedades del condado, y preguntó si eso significaría que la policía o los agentes del sheriff de Tucson serían enviados a confrontar al ICE, lo que podría resultar en un enfrentamiento armado.

"Si hay violencia después de que se apruebe esta ordenanza, será responsabilidad de mis colegas," dijo Christy. "Si estás pidiendo algún tipo de insurrección civil, una violenta, estás pisando terreno muy peligroso."

El Supervisor del Distrito 2, Matt Heinz, recordó su tiempo en la Legislatura estatal cuando se aprobó la ley SB 1070. Promulgada en 2010, la ley SB 1070, conocida comúnmente como la ley "Muéstrame tus papeles" exigía a los agentes del orden público determinar el estatus migratorio de las personas que detenían o arrestaban si existía una sospecha razonable de que se encontraban en el país ilegalmente.

Heinz afirmó que la función de las fuerzas del orden público debería centrarse en la desescalada de la situación, citando un incidente en el que agentes de ICE se vieron rodeados en el estacionamiento de un Taco Giro y tuvieron que llamar al Departamento de Policía de Tucson para solicitar ayuda para abandonar la zona.

Allen afirmó que, en su opinión, el creciente uso de mascarillas por parte de los agentes de inmigración ha contribuido significativamente al miedo en la comunidad. Añadió que esta preocupación impulsó a los supervisores a presentar una moción para ordenar al personal que redactara una segunda ordenanza que prohibiría el uso de mascarillas y cubrebocas en vehículos por parte de las fuerzas del orden a nivel local, estatal y federal, y que, en su lugar, exigiría a los agentes el uso de una identificación válida.

“La policía secreta no muestra sus nombres ni sus números de placa, y usa cubiertas faciales para ocultar su identidad,” dijo Allen. “El estado de Arizona, con un historial de grupos de justicieros rebeldes y donde la gente porta armas visibles y ocultas tras haber enmascarado a agentes no identificados, es un polvorín a punto de estallar. Así que, para ser claros, este tipo de comportamiento es autoritarismo de manual y debería aterrorizarnos a todos.”

Christy presentó una segunda moción sustitutiva para redactar una ordenanza que prohíba la doxing, definida como la divulgación pública de la información personal de un agente del orden público, y que al mismo tiempo, exija a los agentes el uso de identificación. La moción fracasó al no ser secundada, aunque Scott dijo que comprendía la intención.

El supervisor del Distrito 5, Andrés Cano, compartió las preocupaciones de Allen, pero instó al condado a ser consciente de sus limitaciones legales, incluidas las exenciones para el equipo de protección personal y el grado en que puede influir en las agencias del orden público más allá del Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

Heinz afirmó que el asunto es competencia de la junta, ya que esta tiene la autoridad para regular asuntos de salud pública. Argumentó que la detención 

"incuestionablemente legal" de personas y, en algunos casos, los daños físicos, podría definirse legalmente como un asunto de salud pública debido a las lesiones resultantes y la ansiedad generalizada de la población.

"Creo firmemente que esto representa una amenaza significativa para la salud pública y que podríamos formular una ordenanza que, confiando en esa autoridad de salud pública, elimine dicha amenaza exigiendo total transparencia y la prohibición de enmascarar a las fuerzas del orden, salvo por razones legítimas de salud," declaró Heinz.

La junta también abordó las preocupaciones sobre la posible expansión de los centros de detención de inmigrantes en la región.

La resolución que se opone al establecimiento de un centro de detención de ICE en Marana se centra en la compra del Centro Correccional Comunitario de Marana, ahora cerrado, por parte de Management and Training Corp (MTC), una medida que ha suscitado el escrutinio de la comunidad. Allen indicó que MTC presentó una solicitud al Departamento de Seguridad Nacional para obtener la aprobación para abrir el centro, que, según ella, se presume será para la detención de inmigrantes. También agradeció a los líderes comunitarios del condado de Pinal y de Marana por sus esfuerzos para oponerse a la reapertura del centro.

“Están almacenando a los miembros de nuestra comunidad. Hemos visto muertes de personas en centros de detención por falta de atención médica,” declaró Allen. “Las instalaciones de MTC en todo el país están plagadas de demandas por el trato que reciben las personas en ellas, por las condiciones dentro de ellas y por parte de los empleados por las malas condiciones laborales, de quienes acuden a diario. Esta resolución, creo, es esencial para que, como junta de supervisores, nos posicionemos y demostremos que no queremos esto para nuestra comunidad; que mantener a nuestros seres queridos, vecinos, pacientes, estudiantes y empleados confinados no es la solución.”

Cano solicitó al departamento de salud que preparara un resumen que describiera cómo el condado evitaría la propagación de enfermedades infecciosas en el centro, citando un reciente brote de sarampión en el condado de Pinal. Dijo que no creía en las afirmaciones del operador de la prisión privada sobre la puntualidad en la atención médica.

"Esta es una medida superflua e innecesaria," dijo Christy sobre la resolución. "Les invitamos a tomarla, pero sin duda se parece mucho a muchas de nuestras resoluciones. No significan nada."

Scott dijo que apoyaba la resolución y se oponía al propuesto centro de detención de Marana, pero, al igual que Christy, cuestionaba la jurisdicción de la junta sobre el asunto. Solicitó a la Fiscalía del Condado de Pima que determinara si el condado tiene alguna autoridad sobre las leyes de zonificación de Marana.

Ian Stash estudia periodismo en la Universidad de Arizona y es pasante del Foco de Tucson. Puede contactarlo en istash@arizona.edu.

Esta nota fue traducida por los pasantes de la preparatoria San Miguel y editada por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.   

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