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El Concejo Municipal de Oro Valley aprobó por unanimidad un acuerdo para aceptar casi $146,000 en fondos estatales para alquileres de drones policiales vinculados a la lucha contra delitos relacionados con la frontera, lo que provocó un debate sobre la privacidad, la supervisión y el papel de la ciudad en la seguridad fronteriza.

El Departamento de Policía de Oro Valley solicitó la Subvención de Apoyo Fronterizo del estado en agosto, solicitando una cantidad mayor a pesar de que la ciudad no es una comunidad fronteriza.

El estado creó la subvención para financiar programas de Drones como Primera Respuesta destinados a combatir la trata de personas, el tráfico fronterizo y la inmigración ilegal.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que la aplicación de las leyes de inmigración no estaba mencionada en la solicitud de subvención y que los drones serían utilizados en cambio para delitos en curso dentro de la ciudad y para llamadas de menor prioridad.

La subvención se destinará al alquiler de drones de Flock Safety, una controvertida empresa de tecnología policial, para ampliar el programa de drones existente en la ciudad. Las unidades se ubican en dos puntos dentro del municipio para maximizar la cobertura. Cada punto albergará dos drones, lo que permitirá que uno opere mientras el otro se carga.

El concejo también autorizó al departamento de policía a operar fuera de la jurisdicción de la ciudad para estos fines.

La política del departamento de policía respecto a las grabaciones de drones es similar a la de las cámaras corporales, limitando su uso a fines policiales y prohibiendo la vigilancia. Las grabaciones se almacenarán en el sistema de evidencias existente en la ciudad y sólo serían accesibles para el personal policial autorizado, manteniendo la ciudad el control sobre los datos.

El teniente Kevin Peterson del Departamento de Policía de Oro Valley informó al concejo durante su reunión del 28 de enero que la ciudad se ha visto afectada por delitos fronterizos, en particular el contrabando de fentanilo. Añadió que el programa no tiene como objetivo la vigilancia, sino ayudar a detener a sospechosos y mejorar la seguridad de los agentes.

“Llevo aquí casi 18 años y puedo decir con sinceridad que este proyecto es probablemente el que más me entusiasma,” dijo Peterson. “Creo que puede revolucionar nuestra forma de responder y hacer que nuestras comunidades y nuestros agentes estén más seguros.”

Peterson afirmó que el mayor beneficio del programa sería una respuesta más rápida, señalando que en otras agencias, los drones suelen llegar al lugar de los hechos antes que los agentes aproximadamente el 70 % de las veces, lo que proporciona conocimiento de la situación y una vista elevada para localizar a sospechosos que huyen. Añadió que los drones están equipados con imágenes térmicas, que también pueden ser utilizadas por el departamento de bomberos para ver a través del humo durante los incendios.

Peterson afirmó que la subvención no modifica el papel de Oro Valley en la seguridad fronteriza ni implica la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, ni con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés. Añadió que las cámaras de los drones permanecerán desactivadas hasta que se necesitaran para evitar la captura de imágenes innecesarias.

“Quiero reconocer que actualmente existe una mayor preocupación por la privacidad y la intervención federal en la policía local,” declaró el alcalde Joe Winfield. “Mi objetivo esta noche es asegurarme de que el público comprenda claramente qué hace y qué no hace esta medida, y qué medidas de seguridad existen.”

Sean Glaser, residente de Oro Valley, habló en la reunión e instó al concejo a no considerar la política hasta que se haya completado una evaluación exhaustiva del impacto en la privacidad y expresó su preocupación por destinar los dólares de los impuestos de la ciudad a proteger las regiones fronterizas fuera de la ciudad.

Dijo que la subvención había sido promocionada como una herramienta para encontrar personas desaparecidas, lo que describió como una “misión descontrolada,” dado que los fondos están destinados a la seguridad fronteriza.

“Este asunto se presenta como una simple gestión administrativa. Simplemente se acepta una subvención para comprar drones para el departamento de policía,” dijo Glaser. “Al votar a favor, no solo firman un cheque. Firman un contrato que cambiará radicalmente la relación entre la ciudad de Oro Valley y sus habitantes.”

Winfield preguntó qué medidas de supervisión tiene implementadas el municipio en caso de que surjan preocupaciones sobre el uso de drones en el futuro. Peterson afirmó que el departamento mantendrá un registro de vuelo que documente la trayectoria y el tiempo en el aire de cada dron.

La subvención del municipio no cubre el costo estimado de Peterson de $850,000 para el programa durante tres años.

Deflock Tucson, un grupo local de defensa de la vigilancia, expresó su preocupación por el historial del municipio con la tecnología de vigilancia, citando una solicitud de registros públicos que mostraba que Oro Valley utilizó las cámaras Falcon de Flock Security para identificar a una persona como manifestante.

Ian Stash estudia periodismo en la Universidad de Arizona y es pasante del Foco de Tucson. Contáctalo en istash@arizona.edu.

Esta nota fue traducida por los pasantes de la preparatoria San Miguel y editada por Diana Ramos, exalumna de la Universidad de Arizona, Directora de Iniciativas Bilingües y reportera del Foco de Tucson. Contáctala en diana@tucsonspotlight.org.   

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