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Las demandas de reforma de la fianza en efectivo y la restitución del derecho al voto cobran fuerza en Tucson, ya que los defensores destacan cómo las políticas actuales hunden a las personas en la pobreza, sobrepoblan las cárceles y privan de su voz cívica a los residentes que han estado en prisión.

El sábado, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés) de Tucson y la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes (YWCA por sus siglas en inglés) del Sur de Arizona organizaron un foro comunitario para destacar problemas de justicia penal.

La NAACP aprovechó el evento para promover las propuestas de cambios a la ley de Arizona que restituirían automáticamente el derecho al voto a los delincuentes convictos que hayan cumplido sus condenas o libertad condicional, incluyendo la restitución retroactiva.

La organización también pidió eliminar la fianza para delitos menores y permitir la prisión preventiva sólo cuando existan pruebas contundentes de que una persona representa una amenaza grave para la seguridad pública, en lugar de permitir que las personas compren su libertad condicional.

Sandy Davenport, miembro de la NAACP, afirmó que el dinero ahorrado con estos cambios podría utilizarse para financiar servicios comunitarios como capacitación laboral y tratamiento por abuso de sustancias, lo que ayudaría a reducir la reincidencia.

En 2024, el 81 % de las personas en la Cárcel del Condado de Pima estaban en espera de juicio, y la estancia previa al juicio promedio le costó al condado $3,600.

Las poblaciones negras, hispanas y nativas americanas están sobrerrepresentadas en la cárcel, y los presentadores afirman que el actual sistema de fianzas en efectivo criminaliza la pobreza y aumenta la población carcelaria sin mejorar la seguridad pública.

El tema ha llamado la atención de los legisladores de todos los niveles, incluida la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ha declarado que eliminar las fianzas en efectivo es una prioridad de su administración.

Da’Mond Holt, fundador y director ejecutivo de Fresh Start International, habló sobre el trabajo de su grupo, incluyendo la Expo Fresh Start el 18 de octubre, que conecta a personas con jueces y profesionales del derecho para ayudarles a abordar sus problemas legales. Los servicios incluyen la restitución de derechos civiles, la reducción de multas y la eliminación de antecedentes penales, algunos de los cuales entran en vigor el mismo día.

“Esta es una industria multimillonaria,” dijo Holt sobre el sistema de justicia penal.

En Arizona, el 4.2% de los votantes potenciales tienen prohibido votar debido a una condena penal. Cheree Meeks, presidenta de la sección de Tucson de la NAACP, afirmó que restituir el derecho al voto a estos votantes marginados aumentaría su compromiso con el comportamiento prosocial, les daría autoestima y la capacidad de expresar su opinión sobre el cambio, y reduciría las tasas de reincidencia.

Andy Silverman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, quien trabaja en su Clínica de Restauración de Derechos Civiles, afirmó que en la mayoría de los estados, incluido Arizona, el proceso de restauración de derechos civiles puede ser confuso.

Una solicitud presentada ante la fiscalía del condado puede tardar hasta un mes en procesarse, y un juez podría tardar dos o tres meses en aprobar una audiencia o tomar una decisión. Tampoco hay garantía de que la solicitud sea aprobada.

Tom Cortese, director de Fresh Start International en Tucson, experimentó estas dificultades en primera persona.

Cortese estuvo encarcelado durante 27 años en el sistema penitenciario estatal de Arizona antes de ser liberado en 2016. Votó en las elecciones de 2024 por primera vez desde 1980, y contó a los asistentes las dificultades que enfrentó al intentar recuperar su derecho al voto.

Dijo que espera que las personas que estuvieron en prisión puedan ejercer su derecho al voto de manera que mejoren el sistema que los llevó a la cárcel.

“No creo que mucha gente se dé cuenta de lo que significa perder tus derechos cuando siempre los has tenido. No sé si realmente te das cuenta de lo que significa cuando sales de ese lugar y llevas esa pegatina, me ves y yo no,” dijo Cortese. “Hay vergüenza, hay bochorno, hay todo el trauma de todos estos años. Y este sistema nos pide que regresemos a los lugares que nos causaron ese trauma. Y me piden que pase por un detector de metales para entrar en esta habitación con un grupo de oficiales. Cuando paso por algo así, busco la salida.”

Lauren Beall, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) de Arizona, habló sobre su experiencia como defensora pública del Condado de Pima.

“Cuando, como sociedad, decidimos encarcelar a alguien, lo exponemos a los cuatro principales factores que predicen la violencia en el futuro: vergüenza, aislamiento, exposición a la violencia y una menor capacidad para satisfacer sus necesidades económicas,” declaró Beall.

Habló sobre su demanda colectiva en curso en nombre de todas las personas encarceladas en Arizona, argumentando que sus derechos amparados por la Octava Enmienda contra castigos crueles e inusuales están siendo violados debido a la falta de una atención médica “constitucionalmente adecuada.”

Desde 2017, 57 personas han muerto bajo custodia en la Cárcel del Condado de Pima. Una de ellas fue un excliente de Beall, quien falleció dos días después de ser sentenciado.

Beall instó a los tribunales a practicar una evaluación de riesgo neutral tanto para la sentencia como para la libertad condicional, y a abordar la negligencia y el abuso que enfrentan las personas en prisión.

“En la sociedad actual, la gente quiere marcar la diferencia y hacer cosas, pero no sabe qué hacer,” dijo Doyle Morrison, quien trabaja como navegador en el Centro de Transición del Condado de Pima, un programa que conecta a las personas que salen de la cárcel con servicios para facilitar su reinserción social. “Al asistir a un evento como este, se obtiene información, lo que significa que se obtiene una vía para actuar y marcar la diferencia. Necesitamos más acción, más educación y más eventos como este para brindarle al público más información.” 

Meeks dijo que espera que hablar sobre estos temas motive y dinamice a los miembros de la comunidad a acercarse a los funcionarios electos, tener conversaciones difíciles e investigar sobre cómo estos problemas afectan a las personas en Arizona.

Exhortó a la legislatura estatal a aprobar la reforma de la fianza en efectivo que la NAACP planea proponer en 2026.

“Necesitamos hablar entre nosotros, sea cual sea nuestro partido político, intercambiar ideas y respetarnos mutuamente, y podemos conversar sobre cosas que probablemente tenemos en común, pero que desconocemos,” dijo Emily Ricketts, otra participante. “Creo que es importante escuchar historias de personas que no son necesariamente celebridades, que hablan con el corazón, que cuentan sus historias de vida. Por eso creo que necesitamos que la gente hable entre sí.”

Ricketts, quien desde hace mucho tiempo apoya estas causas, dijo que le impresionó conocer el trabajo de Fresh Start International.

“Fue genial ver a tantos líderes comunitarios y el importante trabajo que están realizando,” dijo Ethan Williams, otro participante. “El solo hecho de saber que se está trabajando mucho en la comunidad para ayudar a reintegrar a las personas e impulsar las necesidades de la comunidad es realmente genial.”

Ian Stash estudia periodismo en la Universidad de Arizona y es pasante de El Foco de Tucson. Puedes contactarlo a istash@arizona.edu.

Esta nota fue traducida por Diana Ramos Sacaria, exalumna de la Universidad de Arizona y reportera de El Foco de Tucson. Contáctala en dianacrsacaria@gmail.com.   

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