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Un grupo de derechos civiles de Arizona está demandando para anular una nueva ley controversial que, según dice, utiliza la crisis de opioides para atacar a las comunidades inmigrantes.

Living United for Change in Arizona (LUCHA) califica la Propuesta 314, aprobada por el 63% de los votantes en las elecciones de noviembre, como un paso peligroso e inconstitucional hacia las deportaciones masivas y los perfiles raciales bajo el pretexto de la seguridad pública y el control fronterizo.

Su demanda, presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, dice que la Propuesta 314 también podría resultar en cientos de millones de dólares en mandatos estatales sin fondos.

El grupo estima que la Propuesta 314 podría afectar a más de medio millón de familias inmigrantes en Arizona.

La medida “añadirá combustible a la maquinaria de deportación que Trump está desatando contra muchas comunidades en todo el estado de Arizona y en todo el país", dijo César Fierros, director de comunicaciones de LUCHA, al Foco de Tucson. "Ya hemos visto las redadas masivas y las deportaciones que están ocurriendo. Se están violando los derechos civiles, se está cancelando el debido proceso para muchos".

La Propuesta 314 se promocionó como una iniciativa de mano dura contra el crimen y contra el fentanilo. Tiene tres puntos principales:

• Establece como delito estatal la entrada de extranjeros al estado entre los puertos de entrada y permite a la policía estatal y local arrestar a extranjeros que crucen la frontera ilegalmente.
• Exige que las personas verifiquen su estatus de ciudadanía al inscribirse en programas de ayuda financiera o asistencia social y tipifica como delito grave la presentación de información falsa.
• Convierte la venta de fentanilo en un delito grave de Clase 2 si la persona lo vende a sabiendas y resulta en la muerte de una persona.

LUCHA dice que la medida engañó a los votantes al vincular las preocupaciones sobre la crisis de opioides con disposiciones migratorias vagas y excesivas, sin la financiación necesaria prevista para la implementación de la ley.

Tras la aprobación de la Propuesta 314, El Foco de Tucson salió a las calles para hablar con los latinos sobre sus opiniones. Entre los entrevistados se encontraba un hombre que votó a favor de la propuesta específicamente por el tema del fentanilo.

Dijo que, aunque reconocía que el fentanilo se añadió como un gancho, votó a favor porque cree que nadie debería poder vender fentanilo.

“La gente en la puerta nos decía una y otra vez que votaron a favor por el fentanilo,” dijo Alejandra Gómez, directora ejecutiva de LUCHA. “Pero la Propuesta 314 no se trata del fentanilo. Se trata de criminalizar a las comunidades inmigrantes y expandir el papel del estado en la aplicación de la ley migratoria federal.”

A pesar del impacto que la ley podría tener en la comunidad inmigrante de Arizona, la demanda de LUCHA toma un enfoque más práctico. Argumenta que la propuesta fue incluida en la boleta electoral sin planes para financiarla.

Los defensores de la ley han afirmado que la Propuesta 314 ahorraría dinero a los arizonenses.

“La Propuesta 314 limitaría esta presión sobre los servicios sociales al asegurar que los beneficios públicos solo sean utilizados por quienes se están legalmente presentes en Estados Unidos,” dijo Nathan Duell, director estatal de Arizona del grupo conservador Heritage Action for America (Acción Patrimonial para América), en un comunicado a favor de la Propuesta 314.

Añadió que Arizona gasta $2.3 billones de dólares al año en gastos para personas indocumentadas, según la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, una organización sin fines de lucro antiinmigración. No proporcionó más detalles.

“Los opositores de la Propuesta 314 afirman que le costará al estado de Arizona ‘millones de dólares’ en costos de cumplimiento de la ley y encarcelamiento, mientras que convenientemente omiten el hecho de que se ahorrarán billones más al recortar beneficios y servicios a infractores extranjeros que no deberían estar aquí en primer lugar,” dijo el tucsonense Joel Strabala en otra declaración de apoyo a la Propuesta 314.

Un informe del American Immigration Council (Consejo Americano de Inmigración) reveló que los casi un millón de inmigrantes en el estado de Arizona contribuyeron con $8.7 billones en impuestos locales, estatales y federales en 2021.

Jim Barton, abogado principal de LUCHA en el caso, describió la medida como un acto de “irresponsabilidad fiscal y moral”, acusando a sus patrocinadores republicanos de ocultar intencionalmente su costo e impacto.

“Los senadores Peterson y Kavanaugh están por todos lados en Fox News, diciendo que saben que va a costar millones de dólares, pero que no les importa,” dijo Barton. “(Para ellos), vale la pena con tal de deshacerse de ciertos tipos de personas, pero a pesar de afirmar que todo esto vale la pena, ocultaron deliberadamente que se trataba de un gasto obligatorio. No lo incluyeron en el análisis del consejo legislativo que se incluyó en el folleto. No incluyeron una fuente de financiación en el propio proyecto de ley.”

Barton dijo que la demanda se enfoca en tres grandes violaciones constitucionales.

La primera es que la constitución de Arizona requiere que cualquier medida electoral que exija nuevos gastos gubernamentales indique claramente la fuente de financiación.

“Es muy claro,” dijo Barton. “La constitución de Arizona exige que, si mandatas nuevos gastos, debes proporcionar una fuente de financiación. Y si no lo haces, la medida es inconstitucional. Así que esta medida es claramente inconstitucional.”

La Propuesta 314 exige nuevas medidas de control migratorio, como el encarcelamiento obligatorio y la verificación a través de la base de datos federal de Systematic Alien Verification for Entitlement (Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos),sin ningún financiamiento designado. El resultado son cientos de millones de dólares en mandatos sin financiación, según Barton.

“La legislatura se la pasa hablando de que las medidas electorales son mandatos no financiados,” añadió Barton. “Esto equivale a cientos de millones de dólares en mandatos sin financiación.”

El director de comunicaciones de LUCHA, Fierros, dijo que si los votantes hubieran sabido cuánto costaría la ley, tal vez no habrían votado a favor.

La segunda presunta violación constitucional es que la ley intenta redefinir estándares legales como la "causa probable", una función que, según Barton, es responsabilidad del poder judicial, no de los legisladores, citando la necesaria separación de poderes.

La última violación constitucional, según LUCHA, es la implementación condicional de la ley, que no entrará en vigor en Arizona a menos que se implemente el Proyecto de Ley Senatorial 4, una ley controvertida de Texas.

Barton argumenta que aplazar la aplicación de la ley estatal a la legislatura de otro estado es una clara violación de la Constitución de Arizona.

Este es el segundo intento de LUCHA por oponer la Propuesta 314.

El año pasado, el grupo presentó una demanda para que la propuesta fuera excluida de la boleta electoral, pero fracasó ante una Corte Suprema conservadora.

El grupo se muestra más optimista esta vez, afirmando que la Constitución de Arizona es clara.

"Esta ley es inconstitucional en múltiples maneras,” dijo Barton.

El caso avanzará en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, pero Barton predice que eventualmente llegará a la Corte Suprema de Arizona. La demanda de LUCHA es parte de un movimiento de resistencia más amplio en Arizona contra lo que considera retórica antiinmigrante.

“Arizona tiene una larga historia de lucha,” dijo Gómez. “Estamos viendo esa misma energía ahora.”

Susan Barnett es editora adjunta del Foco de Tucson y estudiante de posgrado en la Universidad de Arizona. Anteriormente trabajó para La Estrella de Tucson. Contáctala en susan@tucsonspotlight.org.

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